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La representante Jocelyne Rodríguez Negrón. / Inter News Service
San Juan, 28 oct (INS).- Jocelyne Rodríguez Negrón, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, solicitó en medio de una vista pública para atender la Resolución de la Cámara 659 el retiro de la ponencia presentada por el agente jubilado y presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, quien perpetró un feminicidio contra una mujer y luego se suicidó el pasado 22 de octubre frente a la antigua funeraria Nevares, en Río Piedras.
“En su ponencia, Figueroa Torres expresó que iba a ser un fiel colaborador para erradicar la violencia de género dentro del Negociado de la Policía. Cometió un acto, con el que nosotros hemos estado en completo desacuerdo, y que hemos estado aunando múltiples esfuerzos a través de la Comisión para erradicar la violencia de género”, destacó Rodríguez Negrón.
Las representantes Estrella Martínez Soto y Deborah Soto Arroyo secundaron la moción presentada por la presidenta de la Comisión para retirar el escrito entregado por el exdirigente de la FUPO.
La RC 659, radicada por Rodríguez Negrón y el presidente cameral Rafael Hernández Montañez, fue sometida el pasado 2 de febrero luego del feminicidio de la agente Brenda Liz Pérez Bahamonde a manos de su expareja, también miembro de la Policía, ocurrido a finales de enero.
“Estamos claros en que hay que educar desde temprana edad a nuestros niños y jóvenes, como asimismo a las familias cuando están siendo víctimas de violencia de género. Es inadmisible que todavía veamos casos de personas que no saben identificar que viven con un agresor, por lo que se deben establecer colaboraciones para erradicar esta violencia en el país”, expresó Rodríguez.
En la audiencia pública participaron las y los dirigentes de la Oficina de Procuradora de las Mujeres (OPM), el Departamento de Justicia (DJ), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la organización sin fines de lucro Kilómetro Cero.
La procuradora interina de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria, informó que en el año 2021 se reportaron 7,876 incidentes de violencia doméstica.
Mientras, los datos más recientes del año 2022 -acumulados hasta el 30 de septiembre- indican que se han registrado 4,334 incidentes en la Uniformada, cifra que podría estar subestimada por aquellos casos que nunca son reportados.
Respecto a los adiestramientos que reciben los policías estatales desde el año fiscal 2019-2020 al presente, la OPM ha otorgado a la Policía 256,855 dólares para el desarrollo y ofrecimiento de dos módulos educativos a través de la Academia de la Policía.
“El Plan Estratégico de la OPM se basa en los adiestramientos a la Policía. Para nosotros, la educación debe ser un compromiso de todos y debemos unirnos todos para llevar el mensaje. Tomar acción y educar desde nuestro entorno, a la sociedad y que la responsabilidad esté más presente que nunca en todos los rincones del país”, enfatizó Bermúdez Sanabria.
Mientras, en una ponencia firmada por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, este expuso que el procedimiento referente a cómo investigan los casos de violencia doméstica disponen que las funciones del miembro de la Policía serán: recibir el mensaje del retén o del centro de mando y anotar el número de querella, dirección y hora del incidente; evaluar las alegaciones de las personas involucradas y realizar una inspección ocular del área.
Esto lo harán por separado de la víctima y de los menores. Respecto a las funciones del agente investigador sobre los incidentes, se indica que tendrá que entrevistar a la víctima en un lugar seguro y privado, fuera de la presencia de la parte agresora.
“El DSP no tolerará la violencia doméstica en su ambiente de trabajo. Este protocolo regirá el manejo de las situaciones de violencia doméstica, para garantizar la máxima seguridad de todos los empleados”, abundó Torres Ríos.
En la vista pública, el Departamento de Justicia también describió las iniciativas que han implementado para atender la emergencia por violencia de género que atraviesa el país.
“Actualmente, cada una de las 13 fiscalías cuenta con una unidad dirigida a atender los casos relacionados con la violencia de género, delitos sexuales y el maltrato de menores. El Departamento de Justicia reclutó a 48 abogados con designaciones de fiscales especiales, así como al personal de apoyo requerido; 19 agentes de investigaciones, 16 auxiliares administrativos y 21 transcriptores de investigación legal, para un total de 104 personas empleadas”, describió el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
Añadió que “los fiscales de nuevo nombramiento participaron en una Academia Especializada, en la que recibieron un sinnúmero de adiestramientos con el propósito de reforzar su capacitación jurídica”.
En tanto, la presidenta de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, se mostró preocupada de que “mientras la Policía no reconozca su fracaso en prevenir la violencia de género en su institución y continúe ocultando la evidencia que así lo demuestra, está incapacitada de realizar acciones efectivas para erradicar este tipo de violencia”.
“Nuestra insistencia en que se reconozca este fracaso de la Policía tiene una importancia crucial como materia de política pública. Su inefectividad en prevenir la violencia de género perpetrada por sus agentes, su pretensión de invisibilizar estadísticamente los feminicidios íntimos y la implícita justificación por parte de sus miembros, demuestran que el Negociado de la Policía es incapaz de resolver sus problemas de violencia de género”, argumentó Narváez.
Kilómetro Cero destacó que “sería irracional que la Comisión de la Mujer tuviese la expectativa de que el Negociado de la Policía pudiera corregir por mandato legislativo un fracaso que se niega a reconocer. Igualmente irracional sería destinar fondos adicionales a cualquier programa del Negociado de la Policía para erradicar la violencia de género”.
Narváez sometió tres recomendaciones para mejorar la acción del gobierno para atender casos de violencia de género: establecer un cuerpo de supervisión civil para atender querellas de violencia de género; establecer fiscalías especializadas en crímenes perpetrados por agentes de seguridad públicas; y establecer acciones urgentes para que la recolección, procesamiento, producción y publicación de estadísticas de violencia de género dentro de la Policía sean confiable, relevantes, oportunas y accesibles.
“No hay razones válidas para justificar la inacción de la Policía en materia de violencia de género dentro su institución por falta de fondos”, reclamó Narváez. INS
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