P. Rico-Se anticipa que pedigrí familiar del gobernador será su talón de Aquiles en campaña para la reelección

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 21 oct (INS).- Con los allanamientos de las autoridades federales a la oficina de un bufete en San Juan en el que están envueltos dos primos del gobernador Pedro R. Pierluisi y que podría implicar la investigación sobre casos de corrupción, se levanta un mal augurio en su contra: que el pedigrí familiar de corrupción sea su talón de Aquiles político en su campaña electoral para la reelección.

Ayer, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en conjunto con otras agencias, allanó el bufete Pierluisi Isern Law Office PSC, donde también se ubica la sede de American Management & Administration, Corp. (AMAC), corporación en la que trabajan los primos del primer ejecutivo, Walter y Eduardo Pierluisi.

Las interioridades de los hechos que provocaron el diligenciamiento de tres órdenes de allanamiento por parte de agentes federales contra la oficina y el teléfono celular de los primos del gobernador todavía se no han revelado.

Aunque Pierluisi ha pretendido distanciarse, lo cierto es que ambos fueron integrantes de la campaña del gobernador y son actualmente contratistas de gobierno.

Una orden de allanamiento no implica que las personas relacionadas sean acusadas. No obstante, la prueba de sospechas presentada a un magistrado federal determina los lugares a ser registrados y qué habrá de incautarse.

Según se ha ido revelando a la prensa de manera subrepticia, las órdenes fueron emitidas bajo la sospecha de que se habían cometido los delitos de conspiración, soborno, lavado de dinero y declaración falsa.

AMAC ha tenido contratos de administración de complejos de vivienda pública desde 1995. Según se sabe, los contratos de esa empresa, y otras administradoras de residenciales, fueron objeto de una investigación y en un informe de 2003 se criticó el proceso de adjudicación de los contratos, así como sus costos. Todos los contratistas tuvieron un aumento injustificado en la tarifa por unidad administrada entre su contrato de 1997 y el de 2000.

La corporación fue la segunda a la que más le aumentaron la tarifa, con un incremento del 100% (se la duplicaron) entre contrato y contrato. El proceso cuestionado ocurrió cuando el administrador de Vivienda Pública de la administración Rosselló era John Blakeman Ortiz, quien ahora es un testigo cooperador de las agencias federales con un acuerdo formalizado en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Están bajo contrato de AMAC alrededor de 34 complejos de vivienda en Aguada, Aguadilla, Arecibo, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, Rincón, San Sebastián y Utuado.

Conforme a lo revelado en un artículo de prensa del periodista Oscar Serrano, recientemente AMAC incursionó también en prestar servicios a municipios relacionados con desastres, que no había ofrecido antes.

Según esta revelación, en Peñuelas tiene un contrato por 600 mil dólares hasta el 31 de octubre de este año para manejar el programa de demolición de propiedades y remoción de escombros (Private Property Debris Removal and Demolition Program), financiado con fondos federales.

Indica la investigación periodística que en Yauco, municipio que está bajo investigación federal como parte de la cooperación que provee el excontratista Oscar Javier Santamaría Torres, la compañía de Pierluisi Isern tiene dos contratos vigentes financiados con fondos federales.

Uno está vigente hasta 2023 por 4.5 millones bajo el mismo programa de demolición y remoción de escombros que tiene contratado en Peñuelas y que se habilita para atender los daños que ocasionaron a la región los terremotos de 2020. El otro tiene vigencia hasta enero de 2025 por poco más de un millón para servir como gerente de los proyectos del municipio bajo el programa federal City Revitalization. INS

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