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Resumen de noticias para el viernes 30 de septiembre de 2022
P. Rico-Fiona/Avanza lentamente la energización: LUMA reporta un 81.31 de servicio restablecido, apenas cuatro puntos más que ayer
San Juan, 30 sep (INS).- LUMA Energy informó en la tarde de ayer que ya hay 1,193,873 abonados con energía eléctrica, lo que representa un 81.31% del total de abonados, lo que apenas representa un 4.21% más que ayer, cuando el total de clientes con servicio era de 1,141,077 (un 77.10%).
En un detalle por región, el consorcio señala que Vieques y Culebra ya están completamente energizados, mientras San Juan y Bayamón presentan un 95% de avance, seguido de Caguas (88%), Arecibo (78%), Ponce (60%) y Mayagüez (48%).
En total, 125 de los 150 hospitales ya están energizados, por lo que no hubo variación respecto del miércoles.
En tanto, la AEE disminuyó su producción de energía a 2,109 megavatios (ayer informó que era de 2,134), lo que representa un 60.25% del total (ayer por la mañana, 60.97%).
En tanto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que un 92 por ciento de sus clientes cuentan con agua potable, lo que representa un total de 1,221,520 abonados (ayer era un 87%).
Ayer, los refugiados bajaron a 76 en nueve refugios (el miércoles eran 142 en 12 refugios), además de cinco mascotas. INS
P. Rico-Fiona/Ante incapacidad de LUMA Energy plantean la necesidad de contratar a ex empleados de la AEE para acelerar el restablecimiento del sistema eléctrico
San Juan, 30 sep (INS).- La coalición Queremos Sol reclamó ayer al gobierno que contrate a los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para acelerar la recuperación energética que el consorcio privatizador LUMA Energy no ha podido cumplir tras el huracán Fiona y para impulsar con urgencia el despliegue de energía solar en techos para mejorar la resiliencia del país.
“Es inaceptable que LUMA ha tardado tanto en restablecer el servicio energético, aún en el área metropolitana de San Juan, que no sufrió muchos daños por el huracán Fiona”, planteó Ruth Santiago, portavoz de Queremos Sol.
La abogada advirtió que “mientras LUMA trae celadores desde afuera que no conocen el sistema eléctrico, tenemos cientos de ex empleados experimentados de la AEE listos para trabajar en la recuperación”.
Esos empleados fueron desplazados como parte del contrato leonino de LUMA Energy y ahora trabaja en puestos en agencias gubernamentales que no tienen que ver con el sistema eléctrico.
La coalición también enfatizó que la energía solar en techos ha demostrado otra vez su valor en términos de resiliencia; hay más de 370 MW de sistemas fotovoltaicos distribuidos interconectados al sistema eléctrico, la gran mayoría de los cuales cuentan con baterías para seguir supliendo energía durante una emergencia.
Más de 110 MW de energía solar distribuida ha sido instalada en el último año.
“Es indisputable que la energía solar en techos con almacenamiento es la solución para proveer resiliencia y salvar vidas durante estas emergencias que seguimos enfrentando y que siguen devastando el sistema centralizado”, dijo Ingrid Vila, presidenta de Cambio y portavoz de Queremos Sol.
La ingeniera agregó que “la ciudadanía está moviéndose rápidamente en esta dirección, pero la realidad es que la mayoría de nuestra población no puede costear un sistema fotovoltaico; necesitamos que los fondos federales disponibles, y que se podrían otorgar en respuesta a Fiona, se dirijan a una transformación urgente hacia la energía renovable en techos”.
El año pasado la coalición publicó los resultados del modelaje detallado de los sistemas de generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico demostrando que es viable alcanzar un nivel de 75 por ciento energías renovables distribuidas dentro de 15 años, basado en la energía solar en techos.
El uso de $9.6 mil millones de fondos federales para impulsar esta transformación, incluyendo las mejoras modestas al sistema de distribución necesarias para integrar la energía renovable, resultaría en una tarifa de aproximadamente 15 centavos por kWh.
Esta transformación mejoraría dramáticamente la resiliencia del país,
P. Rico-Recomiendan designación de un FEI para investigar a exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras
San Juan, 30 sep (INS).- El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó ayer a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue a la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y a otros exfuncionarios de esa corporación pública, por supuesta malversación de fondos asignados por la asamblea legislativa.
La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia determinó que existe causa suficiente para creer que Rivera Martínez, la exdirectora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, Miguel Santiago Irizarry, cometieron el delito de malversación de fondos públicos.
Además, durante la investigación se obtuvo información en torno a que la exdirectora ejecutiva autorizó el uso de un vehículo oficial para que el ingeniero Santiago Irizarry le diera uso privado. Al evaluar esta información, la Dipac concluyó que existe causa suficiente para creer que ambos también infringieron el artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental.
La investigación se originó mediante un referido del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que incluyó los hallazgos preliminares de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos legislativos asignados a entidades sin fines de lucro a través del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras, en virtud de la Ley 173-2020, que enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
Mediante esta ley, la asamblea legislativa de Puerto Rico determinaba las entidades a las que se les hacia la transferencia de dinero del Fondo de Mejoras Municipales. Sin embargo, la Autoridad de Tierras tenía el deber ministerial de distribuirlos salvaguardando la legitimidad y velando por los mejores intereses de Puerto Rico.
La investigación preliminar realizada por la Dipac reveló que la exdirectora ejecutiva y la exdirectora de Finanzas autorizaron el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro, contrario a la ley.
Conforme a los hallazgos, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos, la Dipac le aconsejó al secretario de Justicia que recomendara la designación de un FEI para el caso. INS
P. Rico-Fiona/El DACO recuerda que sigue vigente la congelación de precios y alerta sobre combustible contaminado con agua, entre otras irregularidades
San Juan, 30 sep (INS).- Alrededor de dos mil visitas de fiscalización ha llevado a cabo el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para velar por el cumplimiento de la orden de congelación de precios promulgada en consideración al paso del huracán Fiona, según informó el secretario de la agencia, Edan Rivera Rodríguez, quien aclaró que dicha medida está en vigor hasta el próximo miércoles 5 de octubre.
Rivera afirmó que el personal de la agencia sólo ha multado cuando ha detectado violaciones serias o un patrón de incumplimiento. Hasta el 28 de septiembre, las visitas de fiscalización del DACO se tradujeron en decenas de intervenciones, y 26 multas. Del total de multas, 15 fueron a estaciones de gasolina por los márgenes de ganancia, por exhibir un precio en los rótulos y despachar a un precio diferente, y por no entregar recibo de compras o no divulgar rótulos requeridos por ley.
Las estaciones amonestadas fueron: Shell el Caimital en Guayama; Ultra Top Fuel Punto Oro; Total Nany, de Aguas Buenas; Total Río Cañas, en Caguas; Gulf Naguabo (playa Húcares); American de Toa Baja; Texaco de Hato Tejas; Total de Guajataca, en Isabela; Shell del Barrio San Antonio en Quebradillas; Omar Service Stacion en Lajas; y Gulf de Añasco.
También se sancionaron prácticas en supermercados y farmacias: supermercado Agranel de Juana Días; Farmacia La Fe de Ponce; Súper Ahorros; Raysa Mini Market; Supermercados Bonanza y Colmado Lomas Verdes fueron multados por exhibir para la venta productos expirados, mientras que National Lumber en Yauco se identificaron problemas de rotulación. Además, se intervino con personas que estaban vendiendo diésel sin autorización, y a precios exorbitantes.
En tanto, la división de Pesas y Medidas del DACO ha atendido confidencias de combustible contaminado con agua, alertando a la ciudadanía respecto a tres estaciones en las que se constató el problema. Según acotó Rivera, también han recorrido llenaderos y locales de venta de gas licuado, para hacer repesos y asegurar el cumplimiento con normas para el despacho de este producto. INS
P. Rico-Departamento de Justicia distribuye 9.7 millones de dólares en servicios directos a las víctimas del crimen
San Juan, 30 sep (INS).- El Departamento de Justicia de Puerto Rico distribuyó 9.7 millones de dólares a 53 organizaciones sin fines de lucro, agencias y municipios con el propósito de ofrecer servicios directos a las víctimas del crimen y apoyar la labor social que realizan dichas entidades en la isla.
Los fondos provienen del programa federal Victims of Crime Assistance Formula Grant (VOCA, siglas en inglés), adscrito al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y pueden utilizarse en la contratación de personal, compra de equipo, pago de renta y gastos necesarios para la operación, entre otros.
“La distribución de estos fondos facilita que las ayudas lleguen de forma directa y rápida a las víctimas y que se atiendan sus necesidades emocionales, psicosociales y físicas. Estos servicios les permitirán estabilizar sus vidas y participar en los procesos conducidos ante el sistema de justicia”, explicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Desde al año pasado, el Departamento de Justicia ha adjudicado más de 25 millones de dólares en fondos del programa VOCA a distintas entidades que cumplen con esta misión.
El secretario anunció además una nueva subvención estatal para atender la disminución de los fondos del programa VOCA, debido a la merma poblacional, por lo que las entidades que no han recibido fondos tendrán otra oportunidad de solicitar.
“El gobernador aprobó una solicitud que realicé para identificar 6.4 millones de dólares como una subvención estatal para este propósito. Esta asignación presupuestaria fue incluida en el plan fiscal 2022-2023. La iniciativa nos permitirá atender y apoyar los esfuerzos para enfrentar la disminución de fondos federales y asegurar la continuidad de servicios directos a las víctimas de delito, en especial, las víctimas de violencia de género”, indicó Emanuelli. INS
ndc