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San Juan, 30 ago (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Arecibo (OREA) del Departamento de Educación, al detectar, por ejemplo, que se pagaron 418,596 dólares por servicios de agua y luz que no se utilizó en el 90% de las escuelas cerradas en esa región educativa.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que Educación, en una muestra de 10 de las 61 escuelas cerradas entre 2017 y 2018 indicó que la suspensión de la energía eléctrica se produjo hasta 11 meses posteriores a los cierres y la suspensión del servicio de agua potable, hasta 23 meses después.
La auditoría de cinco hallazgos señala que los directores y los consejos escolares no cumplieron con los trámites correspondientes para el cierre de las cuentas bancarias de las escuelas, contrario a las directrices para el cierre de cuentas emitidas en el año 2017. En una escuela se certificó la emisión de un cheque por 4,834 dólares, pero la escuela receptora no evidenció el uso de esos fondos. En las escuelas restantes la documentación de cuentas bancarias no estuvo disponible.
En una visita de inspección, los auditores encontraron basura y escombros en las escuelas cerradas, cuatro escuelas habían sido vandalizadas, y había caballos en los predios de dos escuelas. Además, las escuelas tenían equipos deteriorados como laptops, impresoras, cartuchos, pantallas, televisores, pizarras y otros materiales.
Esta situación de falta de protección a la propiedad pública propicia el deterioro y que el Departamento no pueda vender o transferir la instalación.
Los auditores de la Contraloría observaron cajas de expedientes de estudiantes y exempleados apilados sin clasificar ni inventariar, en un área húmeda y sin ventilación en dos escuelas que servían de almacén. Esta situación propicia que personas ajenas tengan acceso a información confidencial y que los documentos no estuvieran disponibles para ser evaluados.
Los expedientes de los porteadores de transportación escolar carecían de las certificaciones requeridas en la formalización del contrato, que expide el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudaciones Impuestos Municipales, el Departamento del Trabajo, la Comisión de Servicio Público, el Departamento de Estado, y la Administración para el Sustento de Menores, entre otros.
Deficiencias similares se habían comentado en el Informe de Auditoría DA-14-33 de 2014. Además, las copias de estos contratos se remitieron a la Oficina del Contralor hasta un mes después de lo que dispone el reglamento.
Contrario a la legalidad vigente, los funcionarios de la Oficina de Finanzas del Departamento de Educación no retuvieron 1,645,134 dólares en contribuciones no realizadas en el origen de los pagos a los contratistas de transportación escolar entre 2017 y 2019. Tampoco el Departamento de Educación nos suministró el certificado de relevo total o parcial.
La auditoría devela, también, que la Oficina Regional de Arecibo no tuvo un encargado de propiedad entre 2018 y 2019, no contaba con los inventarios físicos anuales de los años fiscales del 2017 y 2018, y otras deficiencias relacionadas con la propiedad. Una situación similar se había comentado en el informe de 2009.
Este informe cubre del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2021 y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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