R. Dominicana-Tribunal Superior Administrativo ordena la anulación del alza de la factura eléctrica de los meses noviembre y diciembre de 2021

Santo Domingo, 8 ago (INS).- La cuarta sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de la Rpública Dominicana acogió un recurso contencioso administrativo de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) que sugería dejar sin efecto un aumento en la tarifa eléctrica de un 5% en promedio decretado por la Superintendencia de Electricidad (SIE) mediante una resolución emitida el 27 de octubre de 2021.

La corte falló a unanimidad estableciendo que la SIE incurrió en vicio de forma al inobservar y violar el debido proceso de rigor y el derecho fundamental de la participación de los ciudadanos en los actos administrativos.

Los abogados actuantes, Trajano Potentini, Henry Adames, César Noboa y Juan Tomas García, pese a no ser complacido en la totalidad de los pedimentos, saludaron la decisión, en el entendido de que la misma deja sin efecto, por lo menos en inicio, un cobro de casi 800 millones de pesos (14.7 millones de dólares) percibidos por las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (EDES), conocidas como Edenorte, Edesur y Edeeste, de manera ilegal e inconstitucional, como en su momento la entidad de sociedad civil lo había planteado.

La entidad sin fines de lucro Fundación Justicia y Transparencia explicó que, de conformidad con datos servidos por el Ministerio de Energía y Minas, bajo la denominación de informe de desempeño, en su página web, la facturación de los meses, noviembre y diciembre del 2021 ascendieron a 7,914 millones y 8,083 millones de pesos respectivamente (entre 145.7 y 148.8 millones de dólares) cobrados de forma ilegal, imponiéndose la obligación de devolver a los usuarios la referida cantidad.

El presidente de esa institución, Trajano Potentini, recordó que desde el pasado año a inicio de los aprestos por parte del gobierno, fue elevar la tarifa cada tres meses, hasta el año 2026, bajo el fundamento de la firma del Pacto Eléctrico.

Expresó que esa acción motivó a otras instituciones cívicas, como el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), a salirle al frente, implementando varios procesos judiciales, conjuntamente con el sector social que participó en las discusiones del Pacto Eléctrico.

Ese acuerdo se firmó el 25 de febrero de 2021, en un acto encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona y con la presencia del entonces ministro de la Presidencia,  Lisandro Macarrulla Tavárez y el presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, así como representantes del sector social, laboral y empresarial, luego de arduos debates sobre los temas más relevantes del sector eléctrico realizados a lo largo de tres años.

Paea la ocasión, se lograron 212 consensos que resultaron en un compromiso “que debe ser observado en el entendimiento de que la energía eléctrica es un servicio esencial para lograr el desarrollo económico y social del país y debe ser provisto en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”.

Los acuerdos están orientados a fortalecer la eficiencia y eficacia del sector con el propósito de alcanzar un sistema energético que contribuya al desarrollo nacional sostenible y al bienestar de la población.

Debido a las protestas de la población, el 19 de julio de 2022, el presidente Luis Abinader suspendió los incrementos escalonados a la tarifa eléctrica que estaban programados hasta septiembre próximo y solicitó al Consejo Económico y Social (CES) convocar a los sectores sociales, políticos y empresariales para revisar el referido Pacto. INS

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