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Resumen de noticias para el jueves 24 de marzo de 2022
P. Rico-Planta AES de Guayama: experta afirma que “no hay dudas” de que residuos tóxicos de la quema de carbón “han tenido un grave impacto sobre la calidad de las aguas de la zona”
San Juan, 24 mar (INS).- La especialista en estrategia legislativa de la organización Sierra Club Puerto Rico, Maritza Maymí, afirmó que en la planta de la empresa AES en Guayama “no hay dudas” de que residuos tóxicos de la quema de carbón “han tenido un grave impacto sobre la calidad de las aguas de la zona”.
Las expresiones de la experta se dieron ante la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, que comenzó las audiencias públicas sobre una medida que investiga el impacto directo, constante y prolongado de los efectos de la liberación al aire de los residuos tóxicos de la combustión del carbón y de los depósitos de cenizas en las comunidades de Guayama.
Se trata de la resolución conjunta del Senado 2, que ordena al Departamento de Salud (DS) y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico a que realicen, de manera conjunta, una evaluación de las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama.
Esto, considerando la relación que pudieran tener con la exposición a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón para generar energía de la empresa Applied Energy Systems (AES-PR).
En noviembre de 2002, la planta AES-PR comenzó sus operaciones de generación de energía mediante la quema de carbón, en la comunidad Puente de Jobos del municipio de Guayama.
Maymí expuso que en una misiva de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, siglas en inglés) se señaló que la AES-PR no ha proporcionado la tasa o la dirección del flujo del agua subterránea, informes analíticos de laboratorio y análisis estadísticos.
“No hay dudas de que los residuos tóxicos de la quema de carbón de la planta de AES-PR han tenido un grave impacto sobre la calidad de las aguas de esta zona. Esto ha quedado corroborado, tanto por los propios estudios comisionados por la AES-PR, como por dos estudios recientes del Colegio de Químicos de Puerto Rico realizados en marzo y en agosto del año pasado”, expresó.
A su vez, señaló que la alta gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha accedido a las peticiones del Colegio de Químicos para que la entidad gubernamental tome muestras del agua en sus instalaciones.
“Nos parece inaceptable y escandaloso que una agencia del gobierno, que debe también cumplir con los más altos estándares de cumplimiento de calidad de agua para el consumo humano, se rehúse a facilitar que un grupo de peritos en química realicen análisis de agua en las facilidades que dan servicio a la población de los municipios del sur”, declaró.INS
P. Rico-Justicia inicia investigación sobre contrataciones en la Autoridad de Tierras
San Juan, 24 mar (INS).- El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, encomendó a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) de la agencia que inicie una investigación sobre posibles violaciones a disposiciones legales relacionadas con la otorgación de varios contratos por parte de la Autoridad de Tierras (AT) a distintas organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de obras públicas.
Los acuerdos viabilizan la transferencia de fondos legislativos a las entidades a través del Programa de Infraestructura Rural de la AT.
“Cumpliendo con la función de garantizar el cumplimiento de las leyes y detener la corrupción en el gobierno, encomendé a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia que comience una investigación para determinar si los contratistas y funcionarios involucrados en un referido del Departamento de Agricultura incumplieron las leyes y reglamentos aplicables e incurrieron en conducta de naturaleza penal”, informó el secretario.
Agregó que “los fondos públicos tienen que administrarse con rigor y responsabilidad, ya que son el dinero del pueblo para financiar la gestión gubernamental dirigida al ofrecimiento de servicios, desarrollo de proyectos y creación de obras prioritarias para el país. Todo funcionario tiene la obligación de proteger y velar por el buen uso y la sana administración de los fondos públicos. Quien no cumpla con esta función esencial tendrá que enfrentar las consecuencias”.
El pasado lunes, 21 de marzo de 2022, el Departamento de Justicia recibió un referido del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sobre posibles violaciones de leyes y reglamentos por parte de contratistas y funcionarios en el curso de la administración del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.INS
P. Rico-Tras más de dos años de negociaciones, Asociación de Navieros y las Locales ILA de la Isla firman nuevo convenio colectivo
San Juan, 24 mar (INS).- La presidenta de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, Clarivette Díaz, anunció, en conjunto con el portavoz de las Locales ILA de Puerto Rico, Carlos Sánchez, que ambas partes oficializaron la firma del convenio colectivo que regirá las relaciones obrero-patronales entre empresas operadoras de terminales y los trabajadores de los muelles por los próximos seis años.
En el acuerdo, la Asociación de Navieros funge como representante de sus miembros Luis Ayala Colón & Sucs, Island Stevedoring, ISS Marine Services, INCHAPE Shipping Services, Continental Stevedoring y Cruise Plus Services, que a su vez tenían representantes que conformaron el comité que participó de las negociaciones.
Mientras que los grupos sindicales estuvieron representados por las Locales ILA de Puerto Rico.
“Esta es una herramienta crítica para dar estabilidad a las relaciones en la industria marítima, que es de vital importancia para proveer seguridad en los procesos de suministro a todo tipo de industrias y negocios. Me siento muy satisfecha con que hayamos logrado la firma de este esencial acuerdo para dar certezas tanto a los empleados como a los patronos de nuestro sector. Sabemos que comerciantes y ciudadanos estaban atentos al desarrollo de esta negociación que finalmente se lleva a término de manera satisfactoria para todas las partes”, expresó Díaz.
Por su parte, Sánchez, quien es presidente de la unión ILA-1740, dijo estar satisfecho con los términos del acuerdo y destacó que el convenio atiende las necesidades de los trabajadores.
“Los empleados de la industria marítima funcionan como la columna vertebral que mantiene operando al resto de las industrias. Son trabajadores comprometidos y estamos confiados que lo convenido protege adecuadamente sus derechos y les brinda las garantías que merecen”, abundó.
El acuerdo cobija a cerca de 1,000 empleados de la industria de puertos, uno de los pilares más críticos en la cadena de acarreo y distribución de bienes en Puerto Rico.
Los acuerdos preliminares para la firma de este convenio se alcanzaron en diciembre del año pasado y han sido ratificados por los miembros del sindicato en un proceso que duró varios meses.
Esto, luego de poco más de dos años en el proceso de negociaciones.
“Estamos complacidos con poder anunciar que ya hemos firmado el acuerdo con la unión y confiados en que contamos con una herramienta justa para regular nuestra relación con los trabajadores, que son el corazón de nuestra empresa y también un motor indispensable de la economía. La labor de estos empleados es crucial para satisfacer las necesidades de suministros y materias que tenemos hoy día en medio de un activo proceso de reconstrucción de la isla”, señaló Miguel Ayala, portavoz del Comité que representó a los patronos y vicepresidente senior de Luis Ayala Colón.INS
P. Rico-Gobernador veta medida que permitía a personas acusadas de delito examinar declaraciones juradas en su contra
San Juan, 24 mar (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi vetó una medida que permitía a personas acusadas de delito examinar declaraciones juradas en su contra.
El proyecto de la Cámara 459 pretendía que enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal del 1963, con el fin de añadir la obligación de que el Ministerio Público provea al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada.
Sobre la decisión, el representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, lamentó el veto a una medida “que hubiera procurado un proceso más justo para las personas acusadas de delito”.
El representante abundó que “prohibir o evitar que un imputado pueda tener acceso a las declaraciones juradas que un juez va a usar para hacer una determinación de causa para arresto, lo que provoca es que un imputado inocente no pueda preparar una defensa adecuada. Como consecuencia, ese inocente pueda ser privado de su libertad”.
Aseguró que “el Colegio de Abogados recomendó la aprobación del proyecto, porque garantiza que no se prive a un ciudadano de su libertad sin poder contrainterrogar a los testigos y conocer la evidencia que está en su contra. Aún así, el gobernador, siendo abogado, rechazó esta realidad”.INS
P. Rico-Agricultura y Junta de Planificación presentan retos en sus presupuestos para cumplir con objetivos trasciende en vista pública de la Cámara
San Juan, 24 mar (INS).- El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destacó en una vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, que el presupuesto para el Año Fiscal 2023 no cumple con lo solicitado y afecta el cumplimiento de sus deberes ministeriales.
Durante el Año Fiscal 2021-2022 el presupuesto consolidado de Agricultura ascendió a $38.3 millones, mientras que solicitó $85.3 millones para el Año Fiscal 2022-2023, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó únicamente $40,867 millones.
“Del presupuesto solicitado para el 2022-23 ($85.3 millones), $33.7 millones estaban destinados a un sentencia de demanda previamente adjudicada y una reserva para un caso pendiente en el tribunal que al momento no tiene una sentencia emitida. Claramente los retos presupuestarios son drásticos”, destacó González Beiró.
De la ponencia se desprende que Agricultura solicitó para donativos, subsidios y otras distribuciones, inversión en mejoras permanentes y pago de pensiones un monto de $46.2 millones correspondiente al Año Fiscal 2022-23. Sin embargo, el Plan Fiscal recomendado por la JSF no identificó fondos para esas partidas.
Durante la audiencia pública el secretario González Beiró estuvo acompañado por varias agencias adscritas y corporaciones públicas que componen la sombrilla del Departamento de Agricultura, tales como la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), Corporación de Seguro Agrícolas (CSA) y la Autoridad de Tierras junto a su subsidiaria el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
El funcionario indicó que dentro de los ajustes presupuestarios que sufrió Agricultura y sus agencias adscritas para el año fiscal 2022-2023 está el ajuste en el fondo de asignaciones especiales.
“Para el Año Fiscal 2022 era de $13.3 millones y para el del 2023 se asignan $12.8 millones. De este fondo, se establece que el Departamento debe separar $4.4 millones que están destinados para sufragar la sentencia e indemnizaciones pero que al momento no están identificadas. ADEA sufrió un ajuste de $6.4 millones en la partida de incentivos con respecto al presupuesto vigente. Adicionalmente, es necesario que se asignen $36 millones al programa de subsidio salarial para cumplir con las necesidades de los agricultores’’, sostuvo el secretario.
Uno de los retos más importantes que destacó González Beiró fue la insuficiencia presupuestaria para reclutar empleados.
‘’Actualmente, un agrónomo del Departamento tiene un salario de $1,579 y eso claramente no compite ni es atractivo para poder integrar nuevo personal en la agencia’’, señaló.
El secretario explicó que “las trabas en el recogido de café han sido significativas y se ha perdido cosecha’’.
González Beiró expresó que el Departamento logró reclutar mil obreros extranjeros “pero no fueron suficientes para cumplir con la tarea en su totalidad sin confrontar pérdidas”, por lo que estimó que necesitan entre 10,000 a 12,000 trabajadores para el recogido de café y aún no cuentan con el mismo.
El presidente de la Comisión Agricultura de la Cámara, Jorge Rivera Segarra, añadió que el Departamento debe ser tratado con responsabilidad ante las amenazas del conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania.
“Hay que comenzar a sembrar nuestros propios productos y mirar la agricultura como algo de suma importancia. Las tres ramas de gobierno tienen que poner de su parte y ser responsables para facilitar el trabajo al agricultor, dejando a un lado la burocracia gubernamental’’, planteó.
El legislador Partido Popular Democrático (PPD) solicitó que el Departamento de Agricultura no tenga más recortes en su presupuesto. “Es necesario que no se le reste más dinero. Esa es la única forma en la que podremos desarrollar una agricultura sostenible y dirigir los recursos directamente a las manos de las y los agricultores”.
Entretanto, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, resaltó la necesidad de atender un análisis exhaustivo sobre el impacto en la zona ganadera que tendría la propuesta de extensión de la PR-22 en el municipio de Aguadilla.
“No queremos que nuestra agricultura se afecte. Claramente, la tierra es la que nos brinda los productos y no una carretera. Hay que proteger nuestras zonas agrícolas’’, mencionó la legisladora.
El secretario de Agricultura indicó que aún no ha tenido conversaciones con la Autoridad de Carreteras sobre la posible construcción en la PR-22.
“Lo que sí puedo indicar es que hay varias alternativas, para ser más específicos existen tres y nosotros añadimos una cuarta opción. Mi expectativa es que se llegue a una solución para resolver el problema del tráfico sin perjudicar a nuestra industria lechera que está concentrada en esa área’’, agregó González Beiró.
Por otra parte, el presidente designado de la Junta de Planificación, Julio Lassús Ruiz, sentenció que la dependencia proyecta culminar el presente año fiscal con una deficiencia de aproximadamente de $993,649 relacionada a la partida de nóminas y costos relacionados.
Prevé, sin embargo, que durante el próximo año fiscal el impactó en su presupuesto será más significativo. En síntesis, la Junta de Planificación solicitó $36,273,202 para el Año Fiscal 2022-2023, pero la JSF recomendó una partida de $12,667,000.
Sobre el concepto de nómina y costos relacionados, la agencia solicitó $9,251,000 y la recomendación del ente federal $7,249,000. Por otra parte, en gastos operacionales la Junta de Planificación requirió $1,827,500 y la Junta Fiscal aprobó $3,868,000.
También, para el próximo año, la dependencia solicitó un pareo de fondos federales de $21,453,702. Sobre el pareo federal, la JSF no recomendó ninguna asignación presupuestaria. INS
P. Rico-Méndez Núñez exige que se cancele contrato de cabildero “Charlie” Black con la Cámara de Representantes
San Juan, 24 mar (INS).- El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Carlos Méndez Núñez, exigió la cancelación del contrato que ese cuerpo legislativo mantiene con la firma de cabildeo Prime Policy Group LLC, ante lo que consideró “escandalosas revelaciones”.
“Lo que ha salido públicamente, particularmente las expresiones del propio presidente de la Cámara sobre el trabajo que ‘realiza’ la firma de cabildeo que -según Rafael Hernández Montañez- se dedica a temas de inmigración con países extranjeros como Honduras y Panamá, asunto en que Puerto Rico no tiene ninguna jurisdicción por ser colonia, es razón más que suficiente para ordenar la cancelación del contrato hoy mismo”, dijo Méndez.
Agregó que “Puerto Rico no puede trabajar en ningún asunto sobre inmigración. Eso es campo ocupado por el gobierno federal. Es irónico, pero hace unos días atrás el presidente de la Cámara pidió al Departamento de Seguridad Nacional que permitiera visas de trabajo para ciudadanos de Haití y Ucrania, no de Honduras o Panamá, sin saber que esas visas ya estaban concedidas desde noviembre de 2021”.
“La asesoría de esta firma de cabilderos es irreal y no hay ningún resultado para mejorar la calidad de vida de Puerto Rico, quizás si en Honduras o Panamá”, sentenció Méndez Núñez.
Hernández Montañez defendió ayer la contratación de Prime Policy Group LLC, “y cuando salió a relucir la contratación el año pasado, Hernández Montañez dijo que ‘todo el mundo’ conoce a su presidente, ‘Charlie’ Black. Y, sin embargo, admitió que nunca lo ha visto”. INS
ndc