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Un aspecto de una oficina de Ciencias Forenses./Inter News Service
San Juan, 25 feb (INS).- La Contraloría de Puerto Rico detectó irregularidades en las operaciones fiscales del Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico.
El informe revela que han transcurrido hasta 36 años sin que el Laboratorio de Criminalística examinara unos 76,128 casos.
Los auditores de la Contraloría hallaron que la sección de Armas de Fuego tenía 41,918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar, el laboratorio forense de ADN/Serología tenía 2,156 casos de los cuales 2,245 eran por agresión sexual sin analizar y la sección de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, entre otros.
“Esta situación contraria a la Ley 20 de 2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, ha privado a las agencias de ley y orden, del resultado de los exámenes de ciencias forenses y criminología, en las investigaciones, esclarecimientos y radicación de casos criminales”, establece la auditoría.
Además, señala que el Negociado tenía 2,156 casos pendientes de determinar la causa, manera y circunstancias de la muerte.
Igualmente, el Laboratorio de Toxicología manejaba 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018.
“Esta situación puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia”, señala el informe.
Asimismo, el documento revela el hallazgo de 13,382 muestras de ADN sin analizar desde diciembre de 2013, lo que “propicia que el Banco de Datos no esté actualizado y priva a las entidades federales y estatales, de información actualizada que pueda ayudar al esclarecimiento de un crimen”.
El informe identifica múltiples fallas de control en el área de recaudaciones, como la ausencia de un inventario físico de los libros de recibos oficiales en blanco, el que estos libros no sean custodiados por un funcionario ajeno a la función de recaudación, y el que una oficinista 1, no complete el formulario que indica el Reglamento de Recaudaciones.
A su vez, el último informe físico anual que se realizó data del 2008 y una certificación de disposición de emergencia de 573 unidades de propiedad afectadas por un derrame de diésel, no contaba con las firmas autorizadas.
Otras fallas de control se registraron en el uso de los vehículos de motor en los cuales no se realizó el cuadre de millaje vs consumo de combustible ni se estableció un itinerario para el mantenimiento mensual de los vehículos.
Además, los documentos para decomisar pertenencias (dinero, relojes, pantallas, celulares o carteras) de los cadáveres reclamados, carecía de información como el nombre del fallecido, fecha de recibo o el valor de las pertenencias.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019.INS
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