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Wilson Camacho ofrece detalles sobre la investigación. / Inter News Service
Santo Domingo, 13 feb (INS).- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación sobre corrupción y otros delitos que lleva el Ministerio Público contra la cúpula de la Cámara de Cuentas (CC).
Wilson Camacho, titular de la Pepca, pidió al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, designar un magistrado para conocer las imputaciones preliminares contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, y los miembros Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, en razón de que tienen privilegio de jurisdicción.
Al grupo se le investiga provisionalmente por obstrucción de la justicia, en violación del artículo 12 de la Ley 133-11. La indagación lleva varias semanas, con prolongados interrogatorios a las partes involucradas.
El Ministerio Público atribuye a esas personas cometer los supuestos delitos de “coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”.
La instancia depositada por la Pepca ante la secretaría de la Suprema Corte estableció que los investigados tienen privilegio de jurisdicción, amparados en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de República Dominicana, y los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal.
Las funciones de juez de la instrucción del proceso deberán ser cumplidas por uno de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, designado especialmente por el presidente de dicho organismo.
En la solicitud, la Procuraduría señala que ha enviado algunos reclamos de información a la Cámara de Cuentas, “las que no han sido respondidas, sin ninguna justificación válida, más que la de actuar dolosamente para impedir el cumplimiento de las funciones de Ministerio Público, órgano del sistema de Justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”.
Asimismo, aseguró tener evidencias de que los investigados “retienen pruebas que son necesarias para la investigación, pero están bajo su poder y se niegan a entregarlas”, razón por la que “continúan obstruyendo la Justicia”.
La labor de los miembros del órgano fiscalizador fue cuestionada por la Pepca, luego de que se descubriera que nunca realizaron auditorías a los fondos estatales que se asignan al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través de la Junta Central Electoral (JCE), lo que generó las investigaciones de rigor.
Se recuerda que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, dijo que fueron enviadas tres comunicaciones al doctor Leonel Fernández pidiéndole su colaboración para examinar los fondos públicos que recibió la entidad política, dirigida entonces por el exmandatario.
La afirmación de Álvarez Pérez fue desmentida por Fernández, quien declaró desconocer que ese organismo tenía interés en auditar los fondos del partido morado durante su dirección.
Lo dicho por el gobernante fue retificado por el exsecretario de finanzas de la organización política, Víctor Díaz Rúa, al asegurar que nunca vio carta alguna pidiendo auditoría.
Sin embargo, el presidente del PLD, Juan Temístocles Montás, aseguró que son ciertas las declaraciones ofrecidas por Álvarez Pérez, de que envió tres comunicaciones a esa organización política cuando el exmandatario Leonel Fernández la dirigía.
El 9 de octubre de 2020, en medio de esa polémica, el presidente Luis Abinader afirmó que el pleno de la Cámara de Cuentas responde a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana, razón por la que ordenó la elaboración de auditorías en todas las entidades del Estado, a fin de dar a conocer la situación real en la que encontró el gobierno actual. INS
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