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San Juan, 23 sep (INS).- La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella sobre las compras realizadas por el municipio de Añasco a un proveedor de venta de materiales de imprenta.
La investigación reveló la apariencia de competencia entre cuatro compañías relacionadas por vínculos familiares o económicos, con el objetivo de licitar de manera coordinada, para aparentar competencia entre ellos.
De 2014 a 2016, el municipio emitió y pagó 29 órdenes de compra por 97,443 a favor de la compañía A.
En 27 de ellas se consideraron cotizaciones de las compañías A, B, C y D.
Los representantes de la compañía A eran el padre y tía del dueño de la compañía C.
El dueño de la compañía B era exempleado de la compañía C.
El propietario de la compañía D realizaba trabajos de reparación de imprenta a la compañía A.
Para el periodo investigado, la compañía A pagó 49,151 a la compañía C por concepto de nómina, 7,087 a la compañía D por concepto de reparaciones y mantenimiento de equipo y 800 a la compañía B por servicios profesionales.
“Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, a la Fiscalía Federal, y al Negociado Federal de Investigaciones el 30 de agosto de 2019. Al presente, dichas situaciones están pendientes de resolución”, indica el documento de la Contraloría.
Agrega que “los proveedores mencionados incurrieron en prácticas de acuerdos anticompetitivos con la intención de defraudar al municipio y al erario”.
A su vez, establece que “la situación comentada ocasionó la falsa apariencia de competencia entre proveedores lo que privó al municipio el tener a su disposición varias alternativas. Además, se pudo configurar, entre otros, los delitos de fraude, conspiración e intervención indebida en las operaciones gubernamentales”.
El informe señala también que el municipio ordenó efectuar siete compras a favor de la compañía A por 32,160 sin emitir las órdenes de compra.
Estas se registraron hasta seis meses después de recibir los bienes lo cual impide mantener un control eficaz del presupuesto de compra y puede propiciar sobregiros en las partidas de gastos.
Contrario a la leyes y reglamentación vigente, las cotizaciones de los proveedores incluidas con los comprobantes de desembolso examinados, no tenían el nombre, título, ni la firma del funcionario o empleado municipal que las procesó.
Esta situación dificulta que se pueda detectar a tiempo posibles irregularidades para fijar responsabilidades a los funcionarios o empleados que intervienen en estos procesos.
La auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017.INS
lp