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San Juan, 8 sep (INS).- Una investigación realizada por el equipo de Política Pública de Ayuda Legal Puerto Rico detectó irregularidades con el manejo de fondos para combatir el Covid-19.
Entre las irregularidades, se cuentan la concesión de contratos sin especificar los servicios.
Según el estudio, a partir de abril de 2020, Puerto Rico recibió más de 2,200 millones correspondientes al Cares Act y otros 25,609,884 en fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Coronavirus (CDBG-CV, siglas en inglés).
“Estas asignaciones debieron darle un respiro a la gente que se quedó sin trabajo y a los negocios que cesaron operaciones debido a las órdenes de cierre para combatir la propagación del virus, así como proveer fondos al gobierno para fortalecer la vigilancia epidemiológica y el sistema de salud, asistir a los municipios, promover el trabajo remoto y garantizar el acceso a la educación”, señala el documento.
Sin embargo, expone que “cuatro meses después, la mayoría de estos dineros no se ha utilizado y no queda claro en que se han gastado las sumas que sí han sido desembolsadas. Los fondos CDBG-CV fueron distribuidos a los municipios, los cuales no han reportado si y cómo los han gastado. Por otro lado, sólo un 38% de los fondos del Cares Act se ha utilizado o ha sido transferido a otras entidades gubernamentales. Este dinero debe usarse para cubrir gastos relacionados a la emergencia de salud pública incurridos entre el 1 de marzo y el 30 de diciembre de 2020 y que no estuvieran ya incluidos en el presupuesto”.
Entre los programas dispuestos en el plan del gobierno para el uso de estos dineros que aún no reportan gastos están los de Protección de Nómina en el Sector Privado, Telemedicina y Asistencia Tecnológica para Estudiantes.
También permanece sin atenderse el reclamo de proveer ayuda para el pago de rentas a personas que han perdido sus ingresos que bien se podría proveer con la suma de 435 millones que el gobierno mantiene como reserva para asignaciones futuras, afirma la investigación.
Mientras tanto, según el informe que el gobierno publica semanalmente, más de cuatro millones han sido desembolsados para pagos a ocho corporaciones privadas sin que se revele cuáles son los servicios relacionados a la pandemia que están ofreciendo.
Grupo BC Corp., Hastings Global, J. & D. García’s Construction, LCA Construction and Management y Taluna Corp. aparecen mencionadas con desembolsos de entre 1,596,837 y$64,691 bajo el programa de Gastos de Emergencia en Prisiones, el cual ya usó el 93% de su asignación.
Al menos una de las partidas a nombre de J. & D. García’s Construction, contratada previo a la pandemia para impermeabilizar techos en instituciones correccionales, incluye la nota “Mascarillas N95”.
Sin embargo, en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor no aparecen acuerdos con estas compañías que hayan sido otorgados luego de la aprobación del Cares Act.
Por otro lado, la escasa información disponible en el Registro permite inferir, de acuerdo al estudio, la relación entre algunos de los desembolsos identificados bajo el programa de Trabajo Remoto del Gobierno y contratos vigentes otorgados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Dos partidas a nombre de Softek Inc., que suman más de 593 mil, parecen estar relacionadas a un contrato con el DTOP firmado en junio de 2020 para ampliar las funciones del sistema DAVID+ para renovar licencias de flotas vehiculares.
Otro desembolso por 37,341 a la oficina legal Vázquez Graziani & Rodríguez parece corresponder a un contrato de consultoría legal con el DTOP que tampoco está disponible para revisión en el Registro.
Una tercera partida por 250,000 a Be Social Inc. coincide con la cuantía de un contrato de servicios de publicidad con el DTOP firmado en julio de 2020, el cual no pudo ser revisado por no estar disponible en el Registro de Contratos.
“Cabe señalar que, según el registro de la corporación en el Departamento de Estado, el director de comunicaciones del Departamento de Educación, Aniel Bigio es el vicepresidente de Be Social Inc”, afirma el documento de Ayuda Legal.
Abunda que “una búsqueda de los ejecutivos clave de estas corporaciones en la lista de donaciones del contralor electoral arrojó que al menos dos de ellas tienen lazos político partidistas con la administración actual.
En el caso de Softek, Inc., entre el 2011 y el 2018 sus ejecutivos aportaron un total de 25,100 al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a sus candidatos, así como 3,700 a candidatos del Partido Popular Democrático (PPD).
Durante el mismo periodo, la licenciada María Vázquez Graziani de Vázquez Graziani & Rodríguez donó un total de 40,905 al PNP y sus candidatos así como a campañas a favor de la anexión con Estados Unidos.
“El gobierno de Puerto Rico ha demostrado nuevamente su incapacidad para proteger los derechos básicos de las personas en cuanto a economía, salud y educación, mientras ha sido rápido para repartir fondos y contratos de forma cuestionable a entidades de capacidad dudosa. El Estado ha abandonado a su suerte a las personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis, tal como ocurrió luego del huracán María cuando falló en organizar sus prioridades y cumplir con su responsabilidad de proteger derechos básicos de la gente como el acceso a alimentos y agua, servicios de salud, techo seguro y educación”, sostiene la entidad.
Añade que “el gobierno ha tardado demasiado, aún teniendo disponibles fondos para ello, en activar programas de ayuda de emergencia e incluso hacer mejoras permanentes en los sistemas esenciales que fallaron, como el del desempleo y la educación virtual. Debe actuar de inmediato con la urgencia que requiere el momento. Además, para cumplir con un estándar mínimo de transparencia y rendición de cuentas, debe publicar cuanto antes los contratos que autorizan los desembolsos informados por Aafaf y cuyo propósito y relación con la pandemia no queda claro”.INS
lp