Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 19 jul (INS).- Eduardo Bhatia Gautier, aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), entregó hoy una serie de propuestas sobre seguridad pública, que consta de cuatro ejes de transformación y trece puntos que forman parte de su agenda y visión para prevenir el crimen y reformar el sistema de justicia criminal.
Los ejes son la prevención, por intermedio de la lucha contra la pobreza y la inequidad, el uso de tecnología, cambios en el procesamiento criminal y rehabilitación efectiva de los confinados.
Para Bhatia, “los factores sociales del perfil del delincuente inciden sobre la conducta delictiva. Esas estrategias incluirán el desarrollo de opciones educativas, de empleo, vivienda segura, cubierta médica, estabilidad familiar, apoyo psicológico, supervisión de menores e inversión de recursos de forma estratégica para combatir la pobreza y la desigualdad social”.
Las estrategias incluirán la inversión de fondos en áreas deprimidas, el uso de estrategias de desarrollo con una lógica social, y reformular las estrategias para atender la alta adicción a drogas ilegales y opioides, para reclasificarlas como problemas de salud y no de crimen.
Mientras que en lo referente al uso de la tecnología, indicó que “es una herramienta fundamental para combatir el crimen en el siglo 21. La mayoría de estos instrumentos van dirigidos a detectar patrones de conducta criminales que puedan ayudar a establecer estrategias de vigilancia preventiva y el esclarecimiento de casos”.
Respecto del procesamiento criminal, Bhatia señala que “uno de los grandes problemas que enfrenta el país es el clima de impunidad que permea ante la reducción de los esclarecimientos y el procesamiento criminal de los delincuentes. La inteligencia e investigación criminal son fundamentales para lograr un aumento en los esclarecimientos y en las convicciones”.
Sobre la rehabilitación, dijo que “la mayoría de los confinados son reincidentes, lo que significa que los programas de rehabilitación no están funcionando como es debido. Impulsaremos una transformación total del sistema y los programas de rehabilitación y reinserción de exconfinados, siguiendo el enfoque de política pública salubrista y adaptación social efectiva”.
Las propuestas que forman parte de su agenda son las siguientes:
–Más policías dedicados a mantener el orden. Se finalizará el proceso de reasignar suficiente personal en el gobierno para liberar los 1,800 miembros de la Policía que hoy se encuentran realizando funciones administrativas y así asignarlos al servicio activo.
Además, mediante legislación, se les delegará más autoridad a los policías municipales para que inicialmente puedan investigar una amplia gama de delitos menos graves y, prospectivamente, algunos delitos graves. Habrá mejor coordinación entre la Policía estatal y la municipal para evitar la duplicación de servicios.
-Uso de tecnología para prevenir y combatir el crimen. Batallaremos el crimen utilizando bases de datos, aprendizaje automático y análisis predictivo. Esto permitirá, entre otros, destinar recursos conforme a los patrones cambiantes de delincuencia.
También, se reactivará la unidad de detección de disparos “Shotspotter”, se incorporará el uso de aviones teledirigidos (drones) y un sistema robusto de localización GPS en todas las patrullas. Habrá mayor presencia aérea en nuestras fronteras para impedir la entrada de drogas ilícitas.
–Investigaciones robustas para esclarecer delitos. Se asignarán más recursos para investigación, incluyendo la contratación adicional de detectives y la expansión de capacidades en los laboratorios forenses. Le devolveremos completa autonomía al Instituto de Ciencias Forenses para que opere independiente de la estructura del fracasado Departamento de Seguridad Pública.
Se promoverá aún más especialización por materia, y habrá programas recurrentes de capacitación adecuada en el área de entrevistas e interrogativos. Se requerirán reuniones periódicas entre los fiscales, agentes y supervisores. Para asistir en las investigaciones, se reactivarán los programas de compensación a los confidentes.
–Modelo Portugal. En los casos de delitos relacionados con simple posesión de drogas, utilizando el modelo Portugal como guía y en coordinación con el gobierno federal, se impulsará el tratamiento y la rehabilitación por encima de la criminalización. Esos casos deberán terminar en un desvío de tipo administrativo, y no en los tribunales.
Se establecerá un Community Resilience Board con miembros de las comunidades con historial de uso problemático de sustancias para desarrollar estrategias de prevención. Se implantarán programas agresivos de reducción de daños (harm reduction), incluyendo terapias de sustitución con opioides y la ampliación de servicios educativos y comunitarios.
–Cero impunidad en torno a la intimidación de testigos. Se incrementarán las penalidades criminales por intimidación a testigos, y se incoarán procesos de enjuiciamiento amplios y agresivos en contra de todos aquellos que conspiraron o de otra manera asistieron en ésta.
Conjuntamente, se dedicarán todos los recursos necesarios para darle tranquilidad y seguridad a los testigos, incluyendo, según sea necesario, protección comprehensiva (pero no intrusa) a estos y sus familiares. Para los casos de alto riesgo, se utilizarán recursos federales disponibles para mudarlos fuera de Puerto Rico y proveerles una transición adecuada.
-Mejores condiciones de trabajo para nuestros policías. Se identificarán los recursos necesarios para que su remuneración total sea competitiva con las ofrecidas por otras jurisdicciones, y para mantener los beneficios a la par con los incrementos periódicos en el costo de vida.
Crearemos una oficina cuya misión será maximizar la retención de nuestros policías, que evaluará los motivos por los cuales policías renuncian o se acogen a retiro temprano, e identificará alternativas para retenerlos. Además, se desollarán nuevos adiestramientos para asegurar el continuo desarrollo profesional de nuestros policías.
Igualmente, se revisarán las pruebas actualmente utilizadas para determinar el ascenso en rango, reconociendo que el mérito y liderato se manifiesta de formas diversas, y así poder seleccionar a los candidatos más cualificados para ser supervisores.
-Transparencia. Se adoptará una política agresiva de recopilación y divulgación de datos que también tendrá como pilar el intercambio libre y abierto de información para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Las estadísticas delictivas serán divulgadas con mayor periodicidad y se aumentará los datos hechos públicos para proveer más detalle, incluyendo información más precisa sobre la localización de las ocurrencias criminales y los perfiles demográficos de sus actores.
-Fortalecer los lazos entre la Policía y la comunidad. Ambos deben conjuntamente ser protagonistas y parte integral de nuestra lucha contra el crimen. Se dará nuevo énfasis a programas de alcance comunitario diseñados para fomentar la conversación, la educación y la participación.
Aparte, se reforzarán los servicios a las víctimas para no solo informarles sobre sus derechos, sino también ofrecerles servicios de apoyo (incluyendo proveerles referencias a otras agencias gubernamentales y/o entidades comunitarias) y darle seguimiento.
-Disuasivo enfocado. Se desarrollará un programa comprensivo dirigido por los municipios para que los miembros de la comunidad, los funcionarios de ley y orden, y los proveedores de servicios sociales se mantengan en contacto continuo con personas de alto riesgo. El propósito será transmitir los incentivos por evitar actos criminales y los disuasivos por participar en ellos.
Los incentivos incluyen información y acceso a varios servicios, como capacitación laboral y tratamiento de drogas. Por el lado de la disuasión, se informarán sobre las penalidades que ellos y sus compañeros enfrentarán si cometen los mismos, incluyendo una intensificación de arrestos por cualquier delito no importe su severidad.
-Erradicar la violencia de género y del noviazgo. Ante la epidemia de violencia de género, se fortalecerá la prevención, erradicación y castigo de estos delitos, fortaleciendo la ejecución de las leyes aplicables e incorporando a grupos cívicos que asistan en la formulación de medidas creativas y efectivas para ponerle fin a esta violencia.
-Creación de una unidad especializada para atender casos de maltrato a ancianos. Las estadísticas reflejan que este sector se encuentra sumamente expuesto a maltrato, negligencia y explotación financiera. Necesitemos un mayor enfoque en la investigación y enjuiciamiento criminal de delitos financieros contra ellos, y otras formas de maltrato.
-Asegurar que personas que han cumplido sus condenas puedan reintegrarse plenamente a nuestra sociedad. El estigma de una condena hace más probable volver a caer en la delincuencia. Se continuará una reforma integral de las sentencias para armonizarlas con la naturaleza de los delitos.
Las reglas de procedimiento criminal serán atemperadas para establecer un programa mandatorio de desvío para primeros ofensores por delitos no violentos, que esté enfocado en el tratamiento, con un proceso de seguimiento supervisado por el Tribunal hasta que se determine que ha cumplido con el plan de rehabilitación propuesto.
Además, enfocaremos en la función rehabilitadora del Departamento de Corrección. Para promover que la personas que han cumplido sus condenas puedan reingresarse a sus comunidades exitosamente, se desarrollarán nuevos programas de capacitación laboral, incluyendo educación técnica y profesional en asociación con el sector privado.
-Un mismo sistema para todos. Hay que reconocer que existen varios sistemas de Justicia, uno para los ricos y poderosos y otro para los demás. Se establecerá un grupo de trabajo permanente entre la ramas Judicial, Ejecutiva y Legislativa para desarrollar la política pública que asegure que los delitos cometidos sean procesados sin consideración a las clases sociales.
Reformularemos el sistema de compensación de abogados de defensa para que representar personas indigentes no sea una carga onerosa e irrazonable. Igualmente, fortaleceré las divisiones gubernamentales de crímenes de cuello blanco y anticorrupción.
Crearemos una nueva estructura para el Panel del FEI con mayores garantías de independencia, sin la necesidad de la intervención primaria del Departamento de Justicia. INS
aa