
Lind Merle Feliciano./Inter News Service
San Juan, 11 mar (INS).- El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, señaló hoy que es una “imprudencia crasa” que estando el país pasando una emergencia nacional por el Covid-19 y afrontando unas primarias y elecciones generales, se esté evaluando por la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmar el proyecto del Senado 1314 (la reforma electoral).
“La situación de la pandemia nos obliga a evaluar nuevos métodos y mecanismos para celebrar los eventos electorales. No es una respuesta adecuada, restringir o eliminar la cesión de derechos constitucionales esenciales del pueblo. Nuestra Constitución fue redactada contemplando el presente estado de emergencia y es por esto, que no es necesario renunciar a nuestros derechos, con el objetivo de facilitar al gobierno la ejecución de su plan de emergencia”, afirmó.
Comentó que “las actuaciones de los gobiernos siempre deben estar enmarcadas en la autoridad que le delegó la sociedad civil mediante la Constitución. La emergencia no se puede convertir en un cheque en blanco para permitir actuaciones del gobierno con la idea de perpetuar su autoridad. Aunque nos pueda parecer muy normal que el gobierno desee justificar cada una de esas actuaciones y por otro lado la posición de proyectar la pobre respuesta del gobierno ante la misma, al final debe prevalecer la sensatez y actuar en beneficio del pueblo”.
Merle Feliciano consideró que “la prisa y la improvisación resultan ser una mala consejera.»No vamos a permitir que a escasos meses para las elecciones modificar el Código Electoral y despedir empleados con experiencia para tomar ventaja ante la ausencia de una fiscalización adecuada. Es deber de todos los puertorriqueños rechazar cualquier acto de modificar nuestra democracia en la víspera de las elecciones y sin el aval de todos los partidos políticos y sectores de la sociedad civil».
El comisionaado aseguró que “el pueblo de Puerto Rico rechaza contundentemente la aprobación de la reforma electoral, porque concluyen que el partido que hoy ostenta la mayoría legislativa no tiene otra intención que mantenerse en el poder. El mejor interés de nuestra democracia tiene que estar por encima de cualquier control partidista. Hacemos un llamado al consenso en la aprobación de nuestras leyes electorales».
Insistió en que “hemos señalado anteriormente que en este momento histórico le corresponde a la gobernadora el decidir por un partido político o por el pueblo que juró defender y cuidar. Su obligación como primera ejecutiva es velar que los derechos de todos los puertorriqueños estén protegidos y la elección de los candidatos a distintos puestos responda a la voluntad mayoritaria de este pueblo”.
Para el político,”la tentación de tomar ventaja para mantenerse en el poder es enorme y muy difícil de manejar, pero estamos esperanzados que luego de que se evalúe en los méritos el proyecto de ley no sea firmado por la gobernadora. Las obligaciones de un líder no pueden estar sujetas a las amenazas de un partido. El bienestar general debe ser su norte. Momentos difíciles requieren decisiones difíciles”.
Afirmó que “el pueblo exige ante esta emergencia que el gobierno sea transparente y brinde información certera de los eventos. Lamentablemente, no ha sido así. Lo que se comunica, no respalda lo que hacen. Reiteramos que le corresponde a la gobernadora determinar cómo será recordada, como la verán sus pares cuando no esté ostentando el poder y la autoridad que emanan de la gobernación. Y, por último, y tal vez lo más importante, así se ha señalado previamente, cuál será su legado al pueblo de Puerto Rico”.INS
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