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San Juan, 16 jul (INS).- Luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico validara el proceso de cierre de escuelas, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, aseguró que la decisión “valida que el proceso de consolidación de escuelas no violentó derechos constitucionales como determina de forma irregular la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico”.
La Comisión decidió que ese proceso “lesionó” el derecho a la educación de los estudiantes del sistema público público, según le pidió que determinara la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
“El gobernador Ricardo Rosselló Nevares heredó un déficit sin precedentes y dentro de esa situación se han llevado a cabo reformas para tener un Gobierno más eficiente y menos costoso”, explicó Rosario Cortés al conocer la decisión judicial.
“La consolidación de escuelas se hizo velando por el mejor interés del estudiantado para que tengan los recursos necesarios en el salón de clases. Para ello, se tomó en consideración nuestra población estudiantil actual y los retos fiscales del Gobierno” agregó.
Dijo también que “la Reforma Educativa del gobernador mejorará nuestro sistema de educación pública que ha sido deficiente por varias décadas. Hacer más de lo mismo no es opción”.
Mientras, el Departamento de Educación (DE) declaró que “hoy el Tribunal Supremo validó la autorización concedida por Ley al Departamento de Educación para consolidar planteles escolares. El proceso de consolidación de planteles no fue uno fácil, pero se hizo siguiendo las guías establecidas y garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes. Esta decisión nos permite continuar con la transformación de nuestro sistema educativo, cuyo norte es ofrecerle mayores beneficios y mejores oportunidades a nuestro estudiantado”.
Las declaraciones fueron atribuidas al DE, no a la secretaria de Educación Julia Keleher. INS
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