Inter News Service Agencia de Noticias
El presidente Luis Abinader mientras participaba en el encuentro judicial. Las siguientes gráficas, la jueza Carmen Otero y Alejandro Ponce. (Fuente oficial). Inter News Service
Santo Domingo, 9 abr (INS).-La jueza puertorriqueña Carmen Otero considera que la ciudadanía debe ser educada sobre los acuerdos en los procesos penales, ya que suelen ser vistos con suspicacia por la opinión pública.
Dijo que es fundamental que la población comprenda que la negociación es una salida legal que permite obtener justicia pronta para todas las partes involucradas.
Otero, quien ejerce como jueza administrativa en Bayamón, Puerto Rico, destacó que la aplicación de pactos judiciales en el proceso penal contribuye al ahorro del gasto público que el Estado invierte en cada caso. Además, ayuda a disminuir la carga de los tribunales y a descongestionar las cárceles del país.
Los convenios judiciales deben aplicarse con eficiencia y transparencia dentro del proceso penal, ya que constituyen una herramienta clave para evitar el colapso del sistema judicial.
La jueza Carmen Otero ofreció estas declaraciones tras participar en la Conferencia del Poder Judicial 2026, inaugurada este jueves en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, en la que participó el presidente de la República, Luis Abinade, junto a otros especialistas procesales.
La árbitra judicial indicó que en los “sistemas modernos (como el federal de Estados Unidos o Puerto Rico), más del 90% de los casos se resuelven mediante acuerdos”.
Explicó que es necesario “educar y orientar a la población para que entienda que cuando se llega a un acuerdo judicial no es por un manejo oculto, sino una salida legal que permite justicia rápida y ahorro económico para el país. De esta forma, la fe en las instituciones crece”.
Expresó que ese tipo de consenso no se limita al desahogo de la carga judicial, sino también a la optimización de recursos. Al negociar casos menores, el Ministerio Público y los tribunales pueden dedicar mayor tiempo y rigor a los casos de mayor impacto que necesariamente deben ir a juicio.
“En el marco del derecho penal, los acuerdos judiciales suelen ser vistos con suspicacia por la opinión pública”, indicó la magistrada, al tiempo que aseguró que estas negociaciones fortalecen el sistema, no lo debilitan.
Asimismo, señaló que el Código Procesal Penal dominicano contempla estas figuras desde hace dos décadas, al igual que en Puerto Rico. Sin embargo, en República Dominicana aún persiste una barrera cultural.
“Eso también sucedió en Puerto Rico, pero para que la ciudadanía cambie, es necesario orientarla sobre los acuerdos”, afirmó.
En Puerto Rico, la negociación es parte intrínseca de la cultura judicial. Aunque en las escuelas de derecho se prioriza la enseñanza del litigio, la práctica demuestra que un buen jurista debe saber negociar.
A menudo, el público percibe los acuerdos como algo “turbio”, pero en realidad se trata de un mecanismo técnico mediante el cual las partes buscan la eficiencia del proceso judicial.
La clave para normalizar los pactos radica en la transparencia. Estos procesos no se realizan a puerta cerrada, sino en audiencias públicas donde participan el Ministerio Público, la defensa y el tribunal.
“El conocimiento nos hace libres y fortalece el sistema. Cuando la población entiende que un acuerdo no es un manejo oculto, sino una salida legal para obtener justicia pronta y ahorro económico, la confianza en las instituciones crece”, afirmó.
En Puerto Rico, el reincidente suele negociar con mayor rapidez. Al conocer que su riesgo de ir a prisión es inminente, por no calificar para penas suspendidas, opta por asegurar una sentencia mediante acuerdo en lugar de exponerse a una condena máxima en juicio.
La Conferencia del Poder Judicial 2026 continuará este viernes y concluirá el sábado. Se trata de un espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, que contará con la participación de expositores nacionales e internacionales.
Se trata de una iniciativa que busca trazar el camino hacia la justicia del futuro, consolidar consensos y promover la transformación del sistema judicial dominicano. Su objetivo es evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas que fortalezcan la justicia en el país.
Avance de RD
Por otro lado, el director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce, destacó el avance de la República Dominicana en el Índice de Estado de derecho, donde registró el mayor crecimiento entre 143 naciones, con un incremento de 2.1%, en contraste con la tendencia a la baja observada en la mayoría de los países.
«Esto se debió a avances en la efectividad de los pesos y contrapesos, el control de la corrupción y la efectividad del sistema de justicia. En 2025 el país avanzó 11 posiciones. Entre 2021 y 2025, la República Dominicana tuvo el mayor incremento en Estado de Derecho, con un alza de 5.4%, en contraste con una caída promedio de menos 1.8% en el resto de los países del mundo», destacó Ponce.
Manifestó que, en este período, el país subió 21 posiciones y afirmó que esto no es una casualidad, «sino resultado de decisiones y reformas para fortalecer los mecanismos anti corrupción, modernizar los procesos judiciales, ampliar el acceso a los servicios legales y apostar por una mayor transparencia».
«Sin duda hay mucho por hacer. La República Dominicana ocupa todavía el puesto 76 entre 143 países, pero hay algo fundamental: hay dirección, hay compromiso, hay progreso y el cambio efectivamente es posible», dijo, citado en una nota de prensa enviada por la Presidencia de la República.
Ponce señaló que los resultados del índice de 2025 muestran que en la mayoría de los países se ha debilitado el Estado de derecho y que esta tendencia se ha acentuado en los últimos años.
La transformación
De su lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana atraviesa un proceso de transformación orientado a garantizar mayor acceso, transparencia y eficiencia.
Molina dijo que este encuentro (la Conferencia) constituye un espacio clave para dialogar sobre el presente y futuro del sistema judicial, así como para reafirmar los compromisos institucionales con la nación.
«Creemos que la justicia debe transformarse a puertas abiertas, por eso necesita diálogo, necesita escucharse a sí misma y escuchar al país», expresó, al tiempo que resaltó que esta conferencia, celebrada desde el año 2000, fortalece el vínculo entre el Poder Judicial y la sociedad.
El magistrado explicó que la justicia cumple un doble rol como puente para garantizar derechos y escudo frente a abusos y arbitrariedades, siendo fundamental para sostener la confianza pública y la vigencia del Estado de derecho.
Aseguró que la República Dominicana ha sido durante 30 años uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina. «Hemos construido infraestructura, hemos modernizado nuestra economía, hemos ganado confianza internacional. El Poder Judicial ha hecho la tarea para moverse al mismo ritmo, modernizar la justicia para que alcance el nivel del país que ya somos». INS
mv
CONFERENCIA JUDICIAL-01-INS
El presidente Luis Abinader mientras participaba en el encuentro judicial. Las siguientes gráficas, la jueza Carmen Otero y Alejandro Ponce. (Fuente oficial). Inter News Service