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San Juan, 31 may (INS).- La derogación de la ley sobre despidos injustificados añade nuevos elementos negativos al ya deteriorado proceso legislativo del país, aseguró Juan Camacho, portavoz de Pueblo Unido en Contra de la Venta y la Privatización de los Servicios Públicos.
“Plantear que el proyecto aprobado por el Senado, que deroga de forma prospectiva la ley sobre despidos injustificados, es de su faz malo para el pueblo o en su defecto, menos malo, es contrario a la función principal de la Legislatura como rama de gobierno”, estableció el dirigente social.
La Legislatura, indicó, es uno de los foros principales de discusión de los desacuerdos y las controversias del país y, como producto de esa discusión, tiene la responsabilidad ministerial de producir leyes justas y beneficiosas para el pueblo.
“Hacer lo contrario, es decir, reconocer que la ley que se discutió y aprobó es mala o menos mala que otras que no se han considerado, es rendir su función principal y a la vez contribuir al ya deteriorado funcionamiento”, manifestó.
Camacho recordó que hace unos meses, el Senado aprobó dos proyectos de ley sobre menores contradictorios entre sí, para que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares “escogiera el que más le gustara”.
“Más todavía, la defensa que se hizo de esta aberración fue que se aprobaron dos proyectos dizque para no provocar un tranque entre los dos cuerpos. Precisamente, los tranques y los desacuerdos son elementos reales y concretos en el sistema bicameral y fueron elementos fundamentales de debate de los que defendían la existencia de dos cámaras legislativas hace unas décadas”, explicó.
Camacho cuestionó que si eso no es renunciar a la función fundamental de legislar, qué es entonces, a la vez que denunció la utilización del sistema parlamentario como mecanismo para el trámite de negociaciones controvertidas entre el Ejecutivo y la junta de control fiscal.
“Esa negociación, la cual dejó al descubierto el aguaje del gobernador Rosselló Nevares contra la junta es, moralmente, un asunto ajeno al proceso de legislación. El Ejecutivo no puede comprometerse, ni con la junta ni con ninguna otra instancia, a aprobar decisiones para las cuales no tiene facultad ministerial”, opinó.
El portavoz de Pueblo Unido en Contra de la Venta y la Privatización de los Servicios Públicos apuntó que con la derogación de la Ley 80, la Legislatura se convierte en parte del “quid pro quo” entre el gobernante y el organismo y legisla para recibir un beneficio económico presupuestario directo.
Camacho argumentó que la derogación prospectiva de la ley sobre despido injustificado, es otro golpe a la juventud que se levanta con mucho sacrificio.
Observó que por un lado la junta de control fiscal pretende bajarle el salario mínimo a 4.25 dólares la hora a los menores de 25 años y, por otro, con esta derogación, limita el derecho a los beneficios que otros trabajadores mantienen. INS
ndc