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San Juan, 31 may (INS).- La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos en el Caribe con limitados derechos autonómicos, decidió repudiar hoy aquellas empresas que hagan negocios con compañías que mantengan relaciones comerciales en Venezuela, por la alegada falta de democracia en este país.
La bizarra legislación del territorio criollo, Proyecto de la Cámara 1176, fue presentada por el representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, del gubernamental Partido Nuevo Progresista, que curiosamente ha denunciado precisamente la falta de democracia en la Isla en foros internacionales y federales.
La medida, que crearía la “Ley para regular las relaciones comerciales con empresas que efectúen o mantengan vínculos de negocios con la República Bolivariana de Venezuela”, establece como política pública del territorio oficialmente llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, repudiar todo tipo de relación comercial con empresas locales, nacionales o internacionales que efectúen o mantengan vínculos de negocios con el Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
La pieza fue presentada y defendida por el representante José Aponte Hernández, presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, quien señaló que por mucho tiempo se han podido observar las situaciones de hambre y necesidades que sufre el pueblo venezolano.
Sostuvo que se trata de “un gobierno dictador que trata de esconderse tras un gobierno democrático”.
Puerto Rico es una colonia, según la definición de la ONU, y recientemente reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos a través de decisiones judiciales del Tribunal Supremo, legislación del Congreso, como la Ley Promesa, y por informes de la Casa Blanca, desde el expresidente Clinton, y subsiguientes, Bush y Obama. La Isla no tiene derecho a votar por el presidente ni los congresistas cuyas determinaciones aplican a la isla, a menos que ellos en el gobierno federal determinen lo contrario.
Incluso, las leyes que otorgan ayudas federales aplican de manera distinta a Puerto Rico al proveerse menos ayudas, así como el seguro social y el medicaid y el medicare, respecto a los estados. También, legislación local ha sido revocada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la falta de autonomía de la Isla, como la ley de doble exposición.
Sin embargo, el representante Aponte Hernández defendió la medida al decir que “a tono con los principios democráticos que caracterizan a Puerto Rico, se hace imprescindible que apoyemos las gestiones encaminadas por los países miembros de la OEA y por los opositores al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Incluso, Panamá incluye a Venezuela en lista de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un documento oficial”, planteó ante el pleno cameral.
El representante Meléndez Ortiz adjudicó que la medida atiende un problema serio, por lo que establece que ninguna organización que desee hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico, su compañía matriz, cualquier subsidiario, o sus afiliados, oficiales, directores o accionistas de alguna de estas, podrá tener negocios con el poder público nacional de Venezuela.
“El dolor del pueblo venezolano es el dolor del pueblo de Puerto Rico. He compartido con venezolanos que han tenido que huir y cuentan sus historias de terror de hambre y persecución. No tenemos poderes internacionales pero podemos impedir negociaciones con un gobierno acusado de haber asesinado sobre 100 venezolanos en las protestas del año 2014 y 2015. Y cerca de 12,000 detenciones arbitrarias, sin justificación, típico de los gobiernos como los de Cuba”, dijo al arremeter contra las minorías parlamentarias por oponerse a la medida. INS
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