P. Rico-Más amenazas de la Asamblea Legislativa a funcionarios ejecutivos para que comparezcan bajo pena de desacato

San Juan, 30 may (INS).- El presidente del Consejo Directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Jorge Jiménez, se unió al secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado, porque será igualmente citado so pena de desacato si no comparece a la próxima cita que se le indique.

Hace un día atrás una comisión senatorial amenazó al secretario de Salud con acudir al tribunal para que este comparezca a su citación legislativa personalmente.

Hoy, el representante Néstor Alonso Vega, que preside la Comisión de Turismo y Bienestar Social, la cual investiga el funcionamiento y la operación de la entidad a favor de las personas discapacitadas, dijo que o acude el funcionario ejecutivo “o será citado so pena de desacato”. 

Alonso Vega no aceptó las excusas del funcionario quien no compareció ante este foro legislativo para responder preguntas en torno a la investigación a pesar de haber sido citado propiamente por segunda ocasión. 

Luego de esperar pasada la hora de la citación el representante abrió los trabajos de la Comisión y advirtió que de Jiménez ausentarse nuevamente sería interpelado.

“Esta Comisión se respeta. Esta Comisión necesita que él se siente aquí con nosotros y que dé explicaciones. Lamentablemente, el caballero Jorge Jiménez no ha venido a las vistas públicas. Hoy nuevamente se excusa por eventos personales. No podemos permitir que a esta Comisión se le siga faltando el respeto. En este momento firmo la citación de interpelación so pena de desacato para que la próxima vista pública, de no presentarse, va a estar incumpliendo con un desacato”, advirtió, según sus declaraciones escritas a la prensa.

“En primer lugar, vamos a estar luchando día a día para que estas cosas no sucedan y que Jorge Jiménez venga aquí a respondernos tanto a la Comisión, a este servidor, como a ustedes”, sostuvo el legislador al cerrar los trabajos del día.

En un aparte con la prensa, Carlos Molina Román, presidente del Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo, organismo que es representado por la Defensoría, expuso que “lo que queremos es que se haga algo (por nosotros). A nuestro entender la Defensoría no está  cumpliendo con su deber para con nosotros la población de impedidos. Por ejemplo,  hice una querella por barreras arquitectónicas de la Escuela Central de Audiovisuales. El  acomodo razonable que me dieron es que el director y los maestros hablaban conmigo en la oficina del director en el primer piso. Para entrar  a la escuela hace falta un ascensor. El mismo estuvo dañado todo el tiempo. Me perdí cinco años de las exposiciones de arte. El último año pude entrar porque las personas de Manejo de Emergencia de San Juan agarraron mi silla y me subieron. De eso se trata”, dijo. 

Molina Román adjudicó que la función principal es ser autogestor e intercesor con la población de impedidos.  Finalmente opinó que “esto no es de ahora. Entendemos que el Gobierno no debe estar encargado de los programas de protección y defensa. En 30 años no ha sido eficiente. Debe estar en manos privadas”. INS

vac