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San Juan, 29 may (INS).- La senadora Zoé Laboy Alvarado calificó de “un error” la propuesta de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, de firmar una ordenanza municipal para frenar el alquiler de propiedades para uso a corto plazo por medio de plataformas digitales, basadas en el concepto de economía colaborativa.
“Esto tendrá el efecto de desacelerar la economía de la capital y desalentar el desarrollo de otras empresas similares en la isla. Es absurdo que, en lugar de identificar las opciones para atraer más turistas a la ciudad, se busque desalentar su llegada. Esto no sólo tiene el efecto de dejar de ingresar millones de dólares, sino que también atenta contra la estabilidad de comercios”, indicó Laboy.
La senadora del Partido Nuevo Progresista recordó que el turismo es una de las industrias en desarrollo en Puerto Rico, cuya aportación es más del 7% del ingreso bruto anual para la Isla. “Es por eso que es uno de los sectores pilares en la estrategia de desarrollo económico”.
La política expresó preocupación sobre la proyección negativa de la Isla ante las empresas de economía colaborativa de alquiler de propiedades u otros servicios, que pudiesen descartar la idea de operar en la Isla ante el panorama incierto de que cada municipio cambie las reglas del juego de forma arbitraria.
De hecho, la senadora es autora del Proyecto de Senado 840, que persigue garantizar que se realicen los procesos para el diseño y la ejecución de política pública que fomente el crecimiento de la economía colaborativa en la isla.
“La economía colaborativa o sharing economy, que se refiere al modelo de negocio en el que los consumidores rentan bienes y servicios entre ellos, tiene un gran potencial. Sin embargo, la regulación gubernamental pudiera convertirse en uno de los principales tropiezos de este nuevo modelo económico en Puerto Rico”, argumenta.
Explicó que “en muchas ocasiones, los cambios regulatorios no ocurren a la par con los nuevos tiempos u ocurren de manera desarticulada. La propuesta de la alcaldesa de San Juan es evidencia de ello”, destacó Laboy.
El Proyecto del Senado 840 propone la creación de una política pública y reglamentación uniforme relacionada a empresas y proveedores de servicios en la economía colaborativa bajo la responsabilidad Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y en colaboración con las diversas agencias y dependencias gubernamentales.
Esto incluiría la creación de un Comité Interagencial para el Desarrollo de la Economía Colaborativa, que promulgaría todos los reglamentos o reglamentos conjuntos necesarios para la implementación, funcionamiento y protección de las empresas dedicadas a la economía colaborativa, así como establecer los requisitos para licencia, permiso, concesión y acreditación de servicios de las empresas y los proveedores de la economía colaborativa.
Un estudio de la firma de consultoría PricewaterhouseCoopers reveló que para el año 2025 la economía colaborativa podría representar a nivel global unos 335 mil millones de dólares en ingresos al año.
“Ante el panorama económico de la isla, el enfoque no debe ser “poner un candado” para negar el acceso de turistas a San Juan, sino atraerlos y fomentar que inclusive empresarios locales puedan desarrollar plataformas de economía colaborativa. La ordenanza que propone la alcaldesa es un capricho que atenta contra el desarrollo turístico y económico de Puerto Rico”, concluyó. INS
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