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San Juan, 28 May (INS).- El mes pasado fue convertido en ley el proyecto legislativo que responsabiliza a las agencias o empresas privadas a asumir el costo de las carreteras que hayan roto durante las gestiones de sus trabajos, anunció hoy el senador del distrito de Guayama, Axel “Chino” Roque.
Aquellos operadores que hagan una excavación o demolición tendrán el deber de pagarle al municipio, ante la situación que este último asuma la limpieza y reparación de la zona luego de los trabajos, explicó en declaraciones escritas.
El proyecto fue firmado el día 14 de abril por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para convertirse en la Ley 89 de 2018. Había sido presentado 18 de enero y referido a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado.
“Los municipios enfrentan grandes desafíos en este momento. Una recesión de 10 años, recortes en sus ingresos, imposición de nuevas responsabilidades económicas y de servicios a los ciudadanos y un huracán sin precedentes. Por eso hemos radicado esta segunda medida que busca aliviar su carga de tener que asumir los costos por las reparaciones que realizan en las carreteras luego de que compañías externas hacen excavaciones. Estamos atemperando la Ley 267 del 1998, conocida como “Ley de Centro de Excavaciones y Demoliciones de PR”, con el artículo 14.011 de la Ley 81 conocida como “Ley de Municipios Autónomos”, explicó el legislador.
Añadió que “entre los deberes de los operadores se encuentran devolver el área excavada en igual o mejor condición de la que se encontraba, pero generalmente esto no sucede en muchos casos, causando que las administraciones municipales sean los que pongan en condiciones la zona”.
Con la enmienda propuesta a la Ley 267-1998, todo operador que no cumpla con reparar las excavaciones realizadas tendrá que restituir el daño causado al Municipio y a los ciudadanos según se establece en la Ley de Municipios Autónomos.
El pago se podrá adjudicar como un crédito al Municipio en caso de que tenga alguna deuda pendiente con el operador. El monto será equivalente al arbitrio de construcción correspondiente a la obra, mejora, proyecto o trabajo de instalación.
“Soy un aliado de los alcaldes. Y una de las constantes quejas que recibimos de los mandatarios y los ciudadanos están relacionadas a este tipo de excavaciones que se dejan sin terminar. A quien la gente llama y a quien culpa cuando ve un hoyo en la carretera es al Alcalde. Tenemos que darle herramientas a los alcaldes para que adjudiquen responsabilidades y en caso de que no se deje la vía en su estado original, ellos puedan cobrar por los gastos incurridos”, dijo.
El Centro de Excavaciones y Demoliciones fue creado luego de la explosión en el casco urbano de Río Piedras, donde varias personas perdieron sus vidas. Éste recibe avisos sobre excavaciones y demoliciones y notifica a operadores, tanto del sector público como privado. Esto en protección de que sus instalaciones provean la información necesaria y pertinente para identificar y marcar las mismas.
Asimismo, el Centro obedece a las iniciativas del Departamento de Transportación de Estados Unidos y del National Transportation Safety Board para promover programas para minimizar accidentes con instalaciones soterradas, minimizar los daños resultantes de tales accidentes a la vida y propiedad de las personas y proteger la seguridad pública.
El senador agregó que el pasado 6 de junio, logró que se convirtiera en la Ley 31-2017, su proyecto del senado 214 que permite que los municipios puedan establecer franquicias comerciales o empresas municipales en instalaciones privadas arrendadas o cedidas para tales fines.
“Vamos a seguir buscando alternativas para aliviar la carga de los municipios y garantizar que los municipios que son esa entidad gubernamental más cercana al pueblo puedan continuar ofreciendo servicios a los ciudadanos con la diligencia que lo hicieron durante la pasada emergencia”, añadió. INS
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