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La empresa Odebrecht obtuvo contratos privilegiados en Santo Domingo. / Inter News Service
Santo Domingo, 27 may (INS).- La Procuraduría General de la República descartó la participación de presidentes dominicanos en los sobornos promovidos en el país por la constructora Odebrecht a cambio de contratos privilegiados en infraestructuras públicas.
En las investigaciones contra 14 implicados en el caso, la Procuraduría sólo pudo determinar que los pagos de 92 millones de dólares aportados por la empresa brasileña se hacían a funcionarios y legisladores vinculados al escándalo de corrupción.
Los mandatarios aparentemente exonerados de recibir sobornos son los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD), respectivamente.
Organizaciones de la sociedad civil y grupos populares, entre estas el movimiento Marcha Verde y Participación Ciudadana, pidieron que los tres fuesen investigados en razón de que los actos de corrupción denunciados habrían ocurrido durante sus mandatos.
De manera oficial, el procurador Jean Alain Rodríguez aclaró que cuando el tesorero internacional de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha Soares, declaró que ese consorcio distribuyó millones de dólares a gobernantes de la República Dominicana, se estableció que se refería específicamente a personas que habían ocupado cargos de libre remoción en el Poder Ejecutivo.
Además de otras que ostentaban o habrían ocupado posiciones electivas del Poder Legislativo, además de un abogado y un empresario privado.
En un documento depositado ante el juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia, Da Rocha Soares -identificado como el empleado 48 de Odebrecht- confesó que dicho consorcio pagó a través del empresario Ángel Rondón millones de dólares que eran, según él, distribuidos a gobernantes de República Dominicana.
En el documento, citado por el periódico dominicano El Nacional, copias del cual las habría obtenido en forma confidencial, Da Rocha Soares se identifica como un empleado de carrera de la empresa multinacional en el área financiera, que desempeñó sus funciones en Chile, Argentina y Angola hasta 1999, fecha en que pasó a ser el tesorero internacional del consorcio.
Dice que durante el desempeño de ese último puesto tuvo que viajar a diversos países para asistir en lo relacionado a los bancos y negociación de financiamientos en el exterior.
Explicó que en el 2006 fue trasladado a trabajar como el empleado 36, donde estuvo ubicado hasta mediados del 2014, ejerciendo sus actividades en Sao Paulo y dijo que el motivo principal de sus viajes al exterior era buscar alternativas (bancos) para la continuidad del cronograma de pagos paralelos y para la creación de nuevas estructuras de apoyo a los ejecutivos en el exterior, siempre que se tratara de hacer un pago oficial.
En lo referente al caso dominicano, declaró que se desempeñó como asistente del empleado 54, quien en el cronograma numérico aparece identificado como Marco Antonio Vasconcelos Cruz, gerente de dicho consorcio en el país.
“Asistí al ejecutivo empleado 54 en pagos paralelos que serían debidos en razón de varias obras en República Dominicana, destacándose el pago de millones de dólares a las empresas Lasham y Conansa, con cuentas abiertas en el Meinl, cuyo beneficiario era Ángel Rondón Rijo, intermediario y empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana”, sostuvo Da Rocha Soares.
El documento también formó parte del acuerdo de lenidad que la Procuraduría hizo con Odebrecht.
Manifestó que también fueron pagadas las cuantías a la cuenta de Newporet Consulting LTD, cuyo beneficiado, según él, era el abogado Conrado Pitaluga, representante de acuerdo a él del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, de quien dijo visitó la isla de Antigua en un vuelo chárter en diligencia de dinero.
Al respecto, El Nacional consultó a fiscales que trabajan con el caso y dijeron que durante el curso de la investigación examinaron todas las declaraciones premiadas que sobre lo ocurrido en República Dominicana hicieron los ejecutivos brasileños de esa empresa ante el Ministerio Público de Brasil, las cuales fueron homologadas por el Supremo Tribunal de Justicia de esa nación sudamericana, sin que se evidenciara el involucramiento de gobernantes locales en el caso.
La Procuraduría General de la República deberá presentar en las próximas dos semanas el resultado de sus investigaciones ante el juez de la instrucción especial para definir la vía jurídica que deberán seguir las 14 personas involucradas en el expediente, entre ellas tres legisladores.
Los encartados se encuentran en libertad por mandato de los jueces que variaron las medidas de coerción de tres meses a un año de prisión por el pago de fianzas millonarias, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. INS
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