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San Juan, 20 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió para consideración de la asamblea legislativa un proyecto de ley sobre Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.
El proyecto, que proviene del False Claims Act federal, crea un mecanismo de recobro civil en aquellos casos donde se identifique que hubo reclamaciones falsas al gobierno de Puerto Rico. Estas reclamaciones serán atendidas por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia.
De acuerdo al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, la creación de esta oficina asegura la asignación de 1,200 millones de dólares en fondos federales para la isla.
“Con esta ley nos uniremos a 49 Estados y a Washington DC como las jurisdicciones que cuentan con unidades dedicadas para atender el fraude al programa de salud Medicaid. La detección a tiempo de esta conducta será positivo para los beneficiarios de este programa, pues asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, explicó el titular de Asuntos Públicos.
Con la Orden Ejecutiva 2017-12, el gobernador encaminó la política pública de atender el problema de fraude en Medicaid.
Rosario Cortés añadió que “con la presentación de esta medida, cumplimos con los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos federales adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid”.
“En febrero de este año, el gobernador junto a la comisionada residente, Jenniffer González, lograron una asignación histórica de 4,900 millones para los sobre 600 mil beneficiarios del programa Medicaid, lo que permite que se financie totalmente el programa Mi Salud por los próximos dos años sin requerir fondos estatales”, señaló Rosario Cortés.
Añadió que “de esa cantidad en fondos federales para la salud, 1,200 millones están condicionados a tomar los pasos afirmativos como la presentación de esta medida”.
También en abril se anunció la implantación del primer Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, siglas en inglés), lo que representa un gran logro para el cumplimiento de Puerto Rico con los requerimientos federales.
El proyecto permite y promueve para que denunciantes o “whistleblowers” puedan informar cualquier acto fraudulento contra el gobierno. De denunciar algún acto fraudulento, el denunciante podrá obtener parte de la cantidad recuperada por el gobierno.
El gobierno federal, gracias a este sistema, ha recuperado 31,900 millones de dólares desde el 2009 hasta el 2016.
“En la actualidad, 30 Estados tienen leyes estatales de reclamaciones fraudulentas. La ejecución y el procesamiento de estas reclamaciones consistentemente redundan en la recuperación de millones de dólares al fisco. El gobierno local podrá recobrar, en coordinación con la ciudadanía, fondos que de otra manera se hubiera perdido por causa de los fraudes”, indicó Rosario Cortés.
Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció que “la radicación del presente proyecto es satisfactoria para la creación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia. La erradicación del fraude es prioridad en la agenda del gobernador y del Departamento”. INS
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