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Resumen de noticias para el miércoles 16 de mayo de 2018
P. Rico-En la dirección correcta la reforma contributiva, dicen los banqueros
San Juan, 16 may (INS).- Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, dijo ayer que “los principios esbozados en el proyecto (de reforma contributiva) son un paso en la dirección correcta”, y apoyó la medida sujeto a que sea enmendada para atender varias recomendaciones.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, que preside el representante Antonio “Tony” Soto Torres, reanudó hoy el análisis del Proyecto de la Cámara 1455, sobre la Nueva Reforma Contributiva que está basada en la justicia y la equitatividad para todos los puertorriqueños.
Con relación a la eliminación de la exención y exclusión de intereses sobre hipotecas de propiedad residencia localizada en Puerto Rico, Alvarez mencionó que “esta exclusión y exenciones fomenta la inversión de capital local y estimula la compra de vivienda, proveyendo a los ciudadanos tasa de interés más atractivas, incentivando el mercado secundario de estos préstamos, y estimulando así la creación de empleos por medio del desarrollo de nuevos proyectos de construcción”.
Por tal razón, sugirió eliminar esta propuesta del proyecto, y que se descarte la reducción de dos mil a 100 dólares en la exención de intereses sobre las cuentas de depósitos.
“El que se elimine la exención sobre los intereses de depósitos bancarios tiene un efecto perjudicial en el ahorro y podría provocar una disminución en los depósito bancarios”, esbozó la Vicepresidenta de la ABPR al señalar otras enmiendas a la legislación de la Nueva Reforma Contributiva.
De Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBA) acudió su presidente Dimas Rodríguez, quien expuso que “es un cambio a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a una de las herramientas más importantes de retiro e inversión que por más de tres décadas ha estado disponible a los puertorriqueños”.
Seguido, Soto Torres señaló estar claro con los planteamientos planteados que hacen referencia a los intereses hipotecarios y añadió que “son válidos”.
De igual forma, expuso “de manera categórica” que el proyecto que se apruebe tiene que fomentar el desarrollo económico y que no cederá las facultades legislativas a la Rama Ejecutiva.
“Las métricas que se establecen en la medida la vamos a variar. Nosotros no vamos a dejar espacio para especulaciones. Vamos a garantizar que la legislación que aprobemos sea la que entre en vigor. El análisis de la medida se va hacer de manera profunda y analizando todas las recomendaciones del sector privado. Entendemos que el Gobierno tiene que ser un facilitador del sector privado y es el sector privado el que tiene que lograr que despunte la economía en Puerto Rico”, aseguró el presidente de la Comisión. INS
P. Rico-Autoridad de Carreteras asegura que será cosa del pasado los problemas de las multas en los peajes
San Juan, 16 may (INS).- El complejo problema de las multas por los peajes podría haber comenzado a resolverse finalmente, luego de cuatro años de quejas sobre cobros inadecuados, fallas en la lectura óptica del sello electrónico y en la emisión de multas, indicó ayer Juan Maldonado, asesor legal del secretario de Transportación y Obras Públicas, y director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Carlos Contreras.
En una vista de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, que preside el senador del distrito de Humacao, Miguel Laureano, Maldonado informó que la ACT tiene varias iniciativas que pondrían fin a un problema que surgió durante la pasada administración.
En el 2015 el operador GILA heredó de Transcore la operación del sistema AutoExpreso, “utilizando el software heredado de la compañía anterior. Esto implica que el nuevo operador tiene acceso limitado al software actualmente en uso, lo cual dificulta e incluso en ciertas circunstancias impide que se puedan realizar modificaciones de programación”, explicó el consejero legal de DTOP y ACT.
Más adelante el funcionario sorprendió a la Comisión al indicar que en estos momentos la ACT trabaja en el diseño de un nuevo software que le permita mejorar el sistema sin las fallas que tiene el actual sistema.
La Comisión analiza una medida que establecería que cuando el usuario de los sistemas electrónicos de peaje posea un sello un sello registrado para el uso de las autopistas, y no recargue dentro de las 120 horas establecidas en ley, se aplique una penalidad única correspondiente al doble del costo de cada peaje transgredido por no haber tenido los fondos necesarios en el sistema.
Esa medida penaliza, sin embargo, y distinto al sistema actual de multas altísimas e intereses, no recarga demasiado al transgresor.
Si bien Contreras, a través de la ponencia defendida por Maldonado, se solidarizó con la intención legislativa, tuvo que reconocer que “mientras el sistema AutoExpreso esté siendo operado con el software actual, no es posible realizar este tipo de cambios en la programación. En ese sentido, no podría apoyar la legislación hasta tanto ocurra el cambio técnico necesario.
No obstante el interés común que encontró Maldonado de proteger el bolsillo del pueblo, también advirtió a la Comisión que las multas que se derivan de esas transgresiones, alrededor de $25 millones anuales, ya están contempladas en el plan fiscal sometido y certificado por la junta de supervisión fiscal.
En ese sentido, la medida representa un cambio en el ingreso “sustancial” de la ACT y podría requerir una nueva intervención de ese organismo fiscal adosado en el 2016 por el Congreso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Solicitó entonces que se busque la opinión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.
“Ya la Autoridad se ha visto afectada por pasadas administraciones, para dar un ejemplo, la pasada administración extendió la concesión de los peajes donde se recibieron $180 millones por la concesión y el gobierno central se llevó $100 millones y no sabemos al día de hoy en qué se gastaron”, denunció Maldonado.
“Cien millones que esta administración diligentemente tuvo que responderle al gobierno federal y en nuestros primeros seis meses identificamos para poder comenzar un proceso de reembolso de esos fondos porque tenían que haberse utilizado para mejoras”, agregó.
Por otro lado, la penalidad también podría implantarse de manera progresiva de manera que se incentive que los usuarios recarguen sus cuentas oportunamente, se recomendó en la ponencia de Contreras.
La ACT ya comenzó una iniciativa mediante la cual las personas ya no tienen que acudir a las oficinas en Minillas, Santurce, sino que habrá un sistema en línea que atienda sus reclamos.
Por otro lado, también se aprobó la resolución de manera expedita de las solicitudes de revisión relacionadas con los cambios de tarjetas de crédito o débito, así como la eliminación de multas a todo usuario que haya solicitado una vista administrativa y, pasados 180 días, no se haya celebrado.
Aun así, reconoció, continúan algunos problemas con la emisión de multas.
Sostuvo que muchas de las nuevas iniciativas fueron establecidas por un equipo de trabajo interno que trabaja los problemas de AutoExpreso.
“La Autoridad reconoce su responsabilidad y está trabajando tanto con GILA como con Metropistas para poder mejorar los servicios que se le brindan al pueblo de Puerto Rico”, aseguró el funcionario. INS
P. Rico-Hasta marzo se habían registrado 118 muertes por intoxicación con medicamentos, mientras que el ICF certifica 68 fallecimientos relacionados al uso de fentanilo
San Juan, 16 may (INS).- La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, informó ayer que hasta marzo de este año se habían registrado 118 muertes por intoxicación de medicamentos, mientras que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) ha certificado 68 fallecimientos relacionados al uso de fentanilo.
La información la dio a conocer la funcionara durante una audiencia pública que evalúa el proyecto de la Cámara 103, que busca establecer dentro del Departamento de Salud (DS) un programa para el manejo y la disposición de medicamentos expirados, dañados o deteriorados.
Durante la audiencia pública de la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por el representante Juan Oscar Morales Rodriguez, la titular de la Assmca señaló que de acuerdo a los informes del Negociado de Emergencias Médicas, para el 2017 se registraron 612 intervenciones por sobredosis relacionados al uso de opiáceos y al 19 de marzo del presente año ya habían intervenido en 147 ocasiones por la misma situación.
Sostuvo que el Registro Demográfico a marzo de este año, había registrado 118 muertes por intoxicación de medicamentos, mientras que el ICF certificó 68 muertes relacionadas al uso de fentanilo.
“Entendemos importante traer a la atención que Puerto Rico carece de un sistema de monitoreo de narcóticos, lo que ha limitado el acceso a información fidedigna y estadísticas respecto al movimiento de recetas otorgadas y medicamentos despachados”, señaló Roig Fuertes, por lo que recomendó que este tipo de iniciativa se adscriba a su agencia, que cuenta “con conocimiento especializado y la experiencia sobre el asunto y desarrolla actualmente otras iniciativas para combatir la utilización indiscriminadas de opiáceos y medicamentos controlados”.
Puso como ejemplo el hecho de que desde inicios de 2013, que se movió al DS la Unidad de Investigación que anteriormente tenía Assmca, no se ha hecho un recogido de narcóticos, lo que generó a la agencia “un serio problema de falta de espacio dentro de las clínicas de metadona porque las bóvedas estaban llenas”.
Roig Fuertes puntualizó que la Administración para el Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) exige que la metadona sea para decomisar o para utilizar y tiene que estar dentro de la bóveda de cada clínica.
“No fue sino hasta enero de este año, que se logró contratar una compañía que hiciera el recogido ya que el reglamento que aprobó el DS obliga a que cada farmacia contrate quien les recoja los medicamentos expirados”, contó. INS
P. Rico-Municipio de Cayey gastó más de 100 mil dólares en la participación de 135 personas en Fiesta Boricua de Bandera a Bandera de Chicago, “lo que no era indispensable ni necesario”, según Contraloría
San Juan, 16 may (INS).- El municipio de Cayey desembolsó más de cien mil dólares en la participación de 135 personas en Fiesta Boricua de Bandera a Bandera de Chicago, en 2015, “gasto que no era indispensable ni necesario”, según la Contraloría de Puerto Rico, que realizó una auditoría sobre las operaciones fiscales relacionadas con el manejo y control del presupuesto operacional, la construcción de obras y mejoras permanentes, así como las recaudaciones del ayuntamiento.
El informe reveló además que el municipio no celebró subasta pública para llevar a cabo trabajos adicionales por 3.6 millones para la ampliación y mejoras del hospital de área de 2013 a 2015.
Los trabajos, a su vez, se realizaron mediante 24 órdenes de cambio y un contrato supletorio.
Además, la cuantía del contrato supletorio excedió el límite del 15% establecido por ley para las alteraciones en las obras de construcción y las obras relacionadas al contrato supletorio comenzaron dos años antes de obtener el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos.
La auditoría señala asimismo que la adjudicación de la subasta para la construcción del hospital y la formalización del contrato de construcción por seis millones, se realizaron sin contar con los fondos necesarios para pagar los trabajos.
El municipio tampoco registró la obligación de fondos previo al otorgamiento de varios contratos y en cinco órdenes de cambio, hasta 411 días luego de terminada la obra.
Igualmente, contrario a la Ley 81 de 1991 de Municipios Autónomos, el ayuntamiento gastó más de cien mil dólares en la participación de 135 personas en la Fiesta Boricua de Bandera a Bandera de 2015, en Chicago. “Este gasto no era indispensable ni necesario para el desempeño de las funciones que por ley se le ha encomendado al municipio ni se ajusta a las normas de austeridad que debe imperar en el uso eficiente y efectivo de los fondos públicos en tiempos de crisis económica”, afirma el documento de la Contraloría.
A su vez, el Municipio pagó 22,498 dólares en multas, intereses y penalidades, por deficiencias en las remesas del seguro social federal al Servicio de Rentas Internas Federal, por remesar tarde el IVU al Departamento de Hacienda y por tardanzas en el rembolso de renta pagada en exceso a la Administración Federal de Servicios Generales.
También, los auditores identificaron 193 empleados clasificados como transitorios hasta por 22 años.
Por ley y reglamento los nombramientos transitorios no deben exceder el año “para que no se desvirtúe el principio de mérito en el servicio público, entre otras razones”, señala el informe.
Además, de 2012 a 2017, el municipio registró contratos y enmiendas en la Oficina del Contralor hasta dos años más tarde de lo dispuesto por el Reglamento 33 sobre Registro de Contratos.
El informe comenta que al 28 de febrero de 2017, el municipio tenía 19 demandas civiles por 11.9 millones pendientes de resolución por los tribunales, una querella de una exempleada en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y un caso en la Comisión Apelativa del Servicio Público.
La auditoría cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2017. INS
P. Rico-DTOP informa que 120 intersecciones de la Isla aún no están con los semáforos funcionando
San Juan, 16 may (INS).- El secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, informó ayer que 120 intersecciones de la Isla aún no están con los semáforos funcionando.
Contreras Aponte detalló que “de 896 intersecciones semaforizadas que fueron contratadas en la primera fase de reparaciones, ya se han completado 804, más unas 38 adicionales que repararon nuestras brigadas internas, colocando la cifra de intersecciones reparadas en 842”.
Sin embargo, expuso que “nos encontramos trabajando mano a mano con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para energizar las 120 intersecciones que aun no cuentan con el servicio”.
El funcionario añadió que “hemos confrontado problemas por las constantes fluctuaciones de voltajes y apagones en el sistema eléctrico, lo que en ocasiones provoca que los semáforos que ya hemos puesto a funcionar, se auto protejan y se apaguen o queden intermitentes”.
Igualmente, dio a conocer que “los procesos de subastas ya están encaminados para las reparaciones de las 366 intersecciones semaforizadas restantes, para completar el 100% de las 1,208 que existen a través de todo Puerto Rico”.INS
P. Rico-Junta de Calidad Ambiental defiende su desempeño ante problemas de contaminación por cenizas de carbón
San Juan, 16 may (INS).- La presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez Rivera, reiteró ayer que esa agencia ha sido todo lo proactiva que puede ser el organismo de fiscalización en torno al asunto de las cenizas de carbón.
Vázquez Rivera informó que la semana pasada la agencia emitió una nueva orden para que la empresa AES Puerto Rico LP aportara más información sobre el proceso de recopilación y muestreo de las aguas subterráneas contaminadas.
“Es importante atender las preocupaciones de la comunidad en relación al ambiente y la operación de empresas como AES”, explicó.
Indicó que los primeros asuntos han sido atendidos en los tribunales.
“La JCA es una agencia de ley y orden, y nos tenemos que atener a las disposiciones de los tribunales. Sobre la contaminación de las aguas subterráneas, emití una orden el pasado 15 de marzo con nueve peticiones amplias de información y/o documentación a AES Puerto Rico que nos permitirá evaluar el grado de responsabilidad de la empresa”, aseveró.
Y agregó que “aún seguimos evaluando y no nos temblará el pulso a la hora de fijar responsabilidades”.
Destacó la importancia de la evaluación científica de la JCA porque todavía se debe determinar qué empresa o empresas causaron la contaminación de las aguas subterráneas, puesto que ese sector en Guayama ha recibido el impacto de desarrollos industriales, petroquímicos y farmacéuticos. De hecho, existe un superfondo en el sector desde el año 1999.
La funcionaria reveló que en esta nueva orden, la JCA solicitó de la AES el plan de muestreo para evaluación y aprobación de la JCA sobre los residuos de carbón acumulados en la pila ubicada adyacente a la instalación, en el que se analicen los mismos constituyentes que fueron analizados para las muestras de agua subterránea recolectada durante el 2017.
Se solicitó además un plan de muestreo de las aguas y su itinerario de los eventos de monitoreo que se realizarán durante 2018 y autorización escrita para que funcionarios de la JCA puedan estar presentes en al menos dos de esos muestreos.
No cumplir la orden puede tener una penalidad de hasta 25 mil dólares diarios, informó. INS
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