Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 15 de mayo de 2018
P. Rico-Junta de Control rechaza acuerdo entre bonistas de Cofina y de Obligaciones Generales por considerarlo “inasequible” y al margen del plan fiscal
San Juan, 15 may (INS).- La Junta de Control Fiscal rechazó los términos económicos de la propuesta de los acreedores de Obligaciones Generales y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que se hizo pública ayer, pues a su juicio es “inasequible” (imposible de alcanzar) y “no está alineada con el nuevo plan fiscal certificado el 19 de abril”.
La Junta declaró que “permanece muy interesada en lograr una reestructuración consensual de base amplia para la deuda compleja y costosa de Puerto Rico y está motivada ante el hecho de que nuestros principales acreedores, incluso aquellos con reclamaciones que compiten entre sí, están trabajando juntos hacia un mismo fin”.
“No obstante, los términos económicos de esta propuesta de acreedores se desarrollaron sin el insumo de la Junta de Control o del gobierno y son completamente inasequibles”.
Según la Junta, los términos propuestos “crearían déficits estructurales grandes y recurrentes a largo plazo, comparado con los superávits primarios a largo plazo proyectados en el nuevo plan fiscal, los cuales son altamente dependientes de la implementación completa de dicho plan fiscal, cuyo aspecto más crítico para el crecimiento económico a largo plazo es la aprobación sin demora de la reforma laboral propuesta.
“La Junta acepta la oportunidad de entablar negociaciones con todos los acreedores de Puerto Rico con la meta de lograr una reestructuración de la deuda consensual y abarcadora que tenga términos económicos asequibles, sostenibles y consistentes con el nuevo plan fiscal certificado a corto y largo plazo”, concluyó la Junta.
El rechazo se suma al expresado en la mañana por la Autoridad Fiscal y de Asesoramiento Financiero (Aafaf) de Puerto Rico, que señaló que los requisitos del servicio de la deuda propuesto por los titulares de los bonos “no son sostenibles a la luz de la situación fiscal y económica proyectada por Puerto Rico, reflejada y explicada en el plan fiscal presentado a la Junta de Control”. INS
P. Rico-Bonistas del Patio resalta importancia de los avances en la mediación de la deuda y urge al gobierno, así como a la JSF, a respaldar el acuerdo alcanzado y evitar litigios
San Juan, 15 may (INS).- Bonistas del Patio, la organización que aboga a favor de los 60,000 puertorriqueños que invirtieron ahorros en bonos del gobierno de Puerto Rico, calificó de “gran paso de avance” los recién anunciados acuerdos entre acreedores alcanzados en el proceso de la mediación de la deuda que está actualmente llevándose a cabo bajo el título III de la Ley Promesa en la Corte del Distrito Federal, bajo la jueza Laura Taylor Swain.
A raíz de los acuerdos, Bonistas del Patio urgió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y al gobierno de Puerto Rico a otorgarle “seria consideración a este importante arreglo”.
En la mañana de ayer se anunciaron unos acuerdos alcanzados entre diversos grupos de acreedores a través de la mediación relativos a la deuda emitida bajos bonos de Cofina, de bonos de obligaciones generales (GO, siglas en inglés) y ciertos reclamos no asegurados.
A pesar de estos acuerdos necesitar aún la evaluación del gobierno central y la JSF, “representa un gigante adelanto y logro para el proceso de mediación que le ahorraría una porción significativa de la deuda al gobierno de Puerto Rico y evitaría una largo y costoso proceso en el tribunal federal con potenciales consecuencias adversas para la isla”, señaló el director ejecutivo de la organización, Jorge Irizarry
El portavoz de Bonistas del Patio, que lleva participando activamente desde el comienzo de la mediación, “busca asegurar que el proceso tome en cuenta a los mas de 60,000 bonistas puertorriqueños que vieron el producto de sus ahorros de vida desvanecerse”.
Rafael Rojo, presidente de la junta de directores de Bonistas del Patio, añadió que “la mayoría de estos han dejado de recibir ni tan siquiera el pago de intereses desde hace aproximadamente dos años” expresó
Irizarry contó que Bonistas del Patio “fue admitido por el panel de jueces de la mediación a participar de ese proceso y somos la unica entidad sin fines de lucro abogando en ese foro exclusivamente por los bonistas puertorriqueños. Debido a la confidencialidad de estos procesos, la divulgación autorizada de este acuerdo es la primera oportunidad que tenemos de poderles comunicar a los bonistas locales que se está realizando un trabajo importante y productivo en la mediación de la deuda”.
Mientras, Rojo aprovechó para hacer un llamado: “Exhortamos al gobierno de Puerto Rico y los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal a tomar esta oportunidad y actuar con urgencia, comprendiendo que mientras mas tiempo pase sin lograr acuerdos voluntarios, mas bonistas locales sentirán la presión y necesidad de vender sus posiciones y en adición a las tristes consecuencias que cada venta supone para familias puertorriqueñas, ese ahorro y capital local desaparece de la economía de Puerto Rico como han desaparecido ya sobre 60 mil millones de captial local en la pasada decada entre los valores de las bienes raices y bajas en las acciones de los bancos puertorriqueños”. Según el vocero, “nuestros viejitos retirados que se auto pensionaron invirtiendo sus ahorros en bonos de Puerto Rico, mercen el mismo nivel de defensa que comunmente se le da a los pensionados del sector público, confíamos en que el gobernador y la Junta Fiscal verán las virtudes de un acuerdo de restructuración voluntaria y actuarán sobre ellos para ponerle fin a años de incertidumbre “.INS
P. Rico-Advierten que proyecto de ley del “vigilante senatorial” podría ser dilucidado por la Comisión de Ética
San Juan, 15 may (INS).- La medida legislativa que crearía la “Policía Ambiental del Gobierno de Puerto Rico” presentada la semana pasada causó en algunos senadores cierta inquietud que, algunos temen, podría dilucidarse finalmente ante la Comisión de Etica del propio Senado, según fuentes de la agencia Inter News Service (INS).
El Proyecto del Senado 953 transformaría el actual Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en un cuerpo del orden público con muchas de las funciones que tiene la policía estatal al ampliar sus funciones, inclusive en otras agencias, como el Departamento de Salud.
Un senador, que prefirió mantenerse en el anonimato porque si se citara el caso en la Comisión de Etica tendría que pasar juicio sobre alguna querella, indicó que él y un compañero senador se preocuparon porque el proponente del proyecto, senador del distrito de Ponce del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nelson Cruz Santiago, es de profesión “vigilante” y goza de una licencia de su trabajo durante sus funciones senatoriales en el Senado.
De hecho, el lema de Cruz como político es “tu Vigilante en el Senado”, según se aprecia en su página oficial en el Senado y en las redes sociales.
El senador Cruz Santiago habría presentado un proyecto de ley que lo beneficiaría a él mismo al momento de regresar a su profesión de carrera.
El senador que habló bajo condición de anonimato sostuvo que el Código de Etica del Senado previene los conflictos de intereses.
Este citó la sección 4. Normas de conducta, cuya sección h) señala que “los senadores no llevarán a cabo acciones o actividades que los coloquen en un conflicto de interés o que ofrezcan la apariencia de este”.
Mientras, la sección k) indica que “ningún senador participará, a sabiendas, en procedimientos legislativos relacionados con asuntos en los que tenga interés personal o que puedan producirle un beneficio económico, bien directamente o a través de personas relacionadas. Esta prohibición no incluye asuntos en que el beneficio que pueda recibir el Senador esté comprendido dentro del beneficio general a la comunidad o algún sector de esta”.
También la sección t), en la que se afirma que “los senadores deberán informar al Senado su decisión de abstenerse de participar en la consideración, discusión y aprobación de cualquier medida o asunto en el que ellos o cualquier miembro de su unidad familiar tengan interés económico o patrimonial alguno. Sin embargo, luego de explicar las circunstancias del alegado conflicto y el Cuerpo decide que la inhibición es improcedente, el Senador procederá a emitir su voto”.
Esta sección se trae, se sostuvo, porque si el senador Cruz Santiago decidiera al final abstenerse de votar en su propio proyecto, deberá indicar las razones. Por otro lado, esta sección recoge nuevamente la prohibición que se le hace a los senadores de “considerar, discutir y aprobar medidas o asuntos en el que ellos o cualquier miembro de su unidad familiar tengan interés económico o patrimonial alguno”, como es el caso del proyecto del “policía ambiental”, que lo beneficiaría a él y a su familia.
Por otro lado, agregó el informante, conocedor de asuntos de seguridad, el propio proyecto produce anomalías jurídicas difíciles de resolver. Se indicó que aunque Cruz Santiago quiere equiparar al Cuerpo de Vigilantes al nivel de los agentes del orden público estatales, como la Policía de Puerto Rico, al convertirlos en “policías ambientales”, y que se les considere parte del sistema de agentes del orden público, continuarían sin embargo estando bajo el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), convirtiendo a estos agentes del orden público en los únicos unionados de todo el sistema de seguridad del país.
La ley en el país prohíbe a los policías sindicarse. Los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que ahora está bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), tampoco están unionados. Integrar una “policía ambiental” equiparada a los agentes del orden público crearía la anomalía de tener algunos cuerpos de seguridad unionados y otros no.
Igualmente, esta “policía ambiental” sería el único cuerpo de seguridad estatal que no esté bajo la sombrilla y mando del DSP. La excepción a esto es la Policía Municipal, la cual, no obstante, puede ser movilizada por orden ejecutiva e integrada al mando del DSP. Esa posibilidad no está contemplada en el proyecto de ley sometido.
En su proyecto, el senador Cruz Santiago amplía las funciones de esta nueva policía ambiental. En el artículo 5-A, sección (12) de la medida, agrega: “Velar por el estricto cumplimiento de la Ley Núm. 22 de 7 de Enero de 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico conforme a las facultades que le son conferidas al Cuerpo”.
En el (13) añade: “Velar por el estricto cumplimiento de la Ley Núm. 404 del 11 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, conforme a las facultades que le son conferidas a los integrantes del Cuerpo como agentes de orden público”, y en el (14): “Velar por el estricto cumplimiento de cualquier ley, tanto estatal o federal, órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, ordenanzas municipales o cualquier otro estatuto en donde se designe a los Agentes como Agentes del Orden Público”.
También se encargarían los policías del DRNA implantar la ley de “salud ambiental” del Departamento de Salud, de la Oficina de Gerencia y Permisos (Ogpe), la Junta de Calidad Ambiental y cualquier otra agencia que administre leyes ambientales; así como tener acceso al Sistema DAVID, del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Actualmente, el Cuerpo de Vigilantes, muy parecidos a los guardabosques federales, son un cuerpo de vigilancia y conservación del ambiente. Con el proyecto se pretende “dotarlos de facultades adicionales y facilitarles la labor de vigilancia, conservación, prevención, investigación y custodia de los recursos naturales y el medio ambiente”.
Cruz Santiago y su mano derecha en la oficina senatorial Jeffrey Santos, quien es también un Vigilante del DRNA, aparecieron en una transmisión a través de Facebook informando que ellos y algunos otros confeccionaron el proyecto. Algunos comentarios en esa página los criticaron por haber dado crédito a la unión en la elaboración de la medida, “que no hizo nada y no ha hecho nada por los Vigilantes”, según se indica. INS
P. Rico-APPU rechaza proceso de junta gobierno de la UPR para seleccionar presidente y alerta a la comunidad la intención de adjudicar salario mayor al cargo
San Juan, 15 may (INS).- La junta nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) rechazó ayer el proceso establecido por la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico para reiniciar la selección de quien ocupará el cargo de la presidencia de la principal institución educativa del país.
Además, alertó a la comunidad universitaria de la intención de la junta de gobierno de adjudicar un mayor salario al funcionario que ejerza el cargo.
Lida Orta Anés, coordinadora de Organización de la APPU, advirtió que el proceso se lleva a cabo justo cuando la UPR enfrenta “su peor crisis en sus más de 100 años de historia”.
Señaló que el sistema de la UPR “es uno complejo y diverso por lo que su administración requiere un conocimiento extenso de su funcionamiento”.
Orta Anés, dijo que quien ocupe el cargo de la presidencia de la UPR “debe conocer a fondo y honrar la misión, filosofía y política pública de la Institución y su función en el desarrollo económico y social de la sociedad puertorriqueña”.
“Debe profesar valores democráticos que vayan en sintonía con la democracia participativa a la que aspira la comunidad universitaria y el pueblo en general. Debe además comprender, defender, y con ello contribuir a fortalecer la Universidad que por décadas hemos construido los universitarios. Estas ideas no son originales de la APPU, son valores y cualidades universales identificadas una y otra vez como los requisitos mínimos de una persona que aspire a dirigir una institución universitaria”, declaró.
La portavoz dudó de que los candidatos “tengan estas cualidades. No lo sabemos, dado que las razones para reiniciar el proceso de consulta para seleccionar a un nuevo presidente de la UPR aparentan tener el objetivo de que sea externo a la comunidad universitaria del país”.
Expresó la profesora que el proceso de selección y entrevistas de los candidatos “se dio a espaldas de una participación real de la comunidad universitaria. Más aún, se secuestraron los procesos de entrevistas y vistas públicas de los senados académicos limitando su participación (los que la asumieron) a la evaluación de los curriculum vitae de estos candidatos. Vemos con gran preocupación la aparente complicidad y descaro de la junta de gobierno de la UPR de escoger y eliminar procesos reglamentarios de participación de la comunidad universitaria”.
A raíz de esta situación, declaró que la APPU “rechaza el proceso establecido por la junta de gobierno con la aparente intención de amañarlo y nombrar un presidente que desconozca o ignore la cultura administrativa, académica y la idiosincracia de nuestro sistema universitario. Traer una persona extraña a la universidad es parte del proyecto de desmantelar el sistema de la UPR, muy contrario a las razones expuestas de conseguir el mejor talento para dirigir la institución.
Además, alertó a la comunidad universitaria sobre un posible aumento al salario de quien sea seleccionado al puesto de presidente. “Ya estamos escuchando el discurso sobre que el salario de 120,000 dólares anuales no es competitivo. Rechazamos que a pesar de la crisis institucional y la incertidumbre que vivimos, se intente adjudicar un salario similar al que ostentan funcionarios de esta administración como la secretaria de Educación Julia Keleher, quien también es miembro de la junta de gobierno de la UPR, o Walter Higgins III, director ejecutivo de la AEE. De asignarse un aumento salarial a estos niveles, se estará afectando aún más la estabilidad y permanencia de la misión de la UPR”. INS
P. Rico-Quiere asegurarse el Senado de que preparación ante próxima temporada de huracanes sea cierta
San Juan, 15 may (INS).- El Senado aprobó ayer dos medidas que buscan asegurar la preparación del gobierno de la Isla ante la próxima temporada de huracanes.
El Proyecto del Senado 710, enmienda la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico para requerirle a las proveedoras un plan de contingencia y continuidad de servicios ante una emergencia o desastre y por medio de la Resolución del Senado 708, se investigará los planes de respuesta del Gobierno antes, durante y la recuperación ante el paso de los huracanes Irma y María.
El Proyecto del Senado 710, de la autoría de Miguel Laureano, requeriría este plan previo a la certificación por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.
Estos planes serían parte del Plan Estatal par el Manejo de Emergencias para todas las fases de manejo de emergencias y desastres coordinando las acciones de las agencias estatales y los municipios, detalla la pieza legislativa.
El informe sobre la medida destaca que la Junta es precisamente la que tendría el peritaje para evaluar los planes y que la colaboración entre el sector público y privado es la única manera de asegurar que la Isla esterada mejor preparada.
La medida surge el pasado noviembre luego de los huracanes Irma y María, los cuales provocaron el colapso de todos los sistemas de comunicación en la Isla. Esto, hizo recurrir a telefonía satelital para poder tener comunicación dentro y fuera del País.
“Además de esto, luego de la celebración del foro de telecomunicaciones del Senado muchas compañías dijeron que iban a las agencias gubernamentales para saber de sus planes y no se les proveía esa información. Por eso sometimos otra pieza la Resolución Conjunta del Senado 219 para que se incluyan a las compañías dentro del acceso de esa información”, dijo el autor de la medida, el senador Miguel Laureano.
La investigación sobre los planes de respuesta del Gobierno sería realizada siendo conscientes del poco tiempo que queda para comenzar la próxima temporada de huracanes, reza la Resolución del Senado 708 de la autoría del senador Henry Neumann.
“Mi responsabilidad es llevar a cabo vistas públicas lo más pronto posible, ir agencia por agencia para corroborar que estamos preparados”, dijo el senador Neumann.
También, dijo que espera conocer en detalle sobre las sirenas de alerta que se encuentran instalada en los pueblos costeros, porque aún hay sobre 200 mil toldos en todo Puerto Rico, el status de las reclamaciones a FEMA y la problemática surgida a ciudadanos que no teniendo título de propiedad no han podido arreglar sus hogares.
La investigación sería realizada por la Comisión de Seguridad Pública y tendría hasta 180 días para someter un informe de hallazgos. Asimismo, se buscará auscultar sobre los grupos de búsqueda y rescate, la participación de voluntarios, la composición de la Zonas Operacionales del Negociado de Manejo de Emergencias, el papel de los municipios, la respuesta del Gobierno Federal y el suplido de alimentos y materiales a la Isla.
La medida detalla que esta surge a menos de 2 meses para que comience la nueva temporada de huracanes donde expertos de la Universidad Estatal de Colorado han advertido que se augura una temporada más intensa que la del año 2017, debido al incremento de estos fenómenos en cantidad y fuerza.
“La documentada pérdida de vidas, de bienes y de propiedad junto al trastoque de la actividad económica, académica, laboral y social no puede volver a repetirse en la magnitud pasada”, detalla. INS
P. Rico-González Colón premia el talento artístico de estudiantes
Bayamón, 15 may (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón encabezó la premiación de la Competencia de Arte del Congreso de los Estados Unidos, en la que resultó ganadora la obra “María”, de la estudiante de décimo grado Amanda Nazario.
La obra se exhibirá en el Capitolio de los Estados Unidos por un año, junto a las ganadores de los distritos representativos de EEUU, incluyendo los demás territorios.
A la joven se le paga un viaje con un acompañante a la capital estadounidense para que participe en la ceremonia de reconocimiento junto a los jóvenes ganadores de EEUU.
González Colón destacó que este año la competencia rompió récords de participación con 52 obras, el pasado año se recibieron 17 trabajos.
Los estudiantes que participaron fueron de escuelas superior públicas y privadas de pueblos al rededor de la isla como Corozal, Lajas, Yauco, Ceiba, Guaynabo, Mayagüez entre otros municipios.
La actividad se efectúo en el Parque de las Ciencias de Bayamón, con la participación del alcalde, Ramón Luis Rivera Cruz.
Desde 1982, el Congreso de los Estados Unidos celebra la competencia de arte bautizada como “An Artistic Discovery”, en la que se invitan a estudiantes de escuela superior de los 50 estados y territorios. INS
P. Rico-Gobernador designa a Campos como directora ejecutiva de la Compañía de Turismo
San Juan, 15 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la designación de Carla Campos como directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).
La designación de Campos, quien al momento funge como directora interina de la CTPR, pasa ahora a la consideración del Senado.
“Agradezco el trabajo incansable que ha realizado Carla Campos en estos pasados meses, dirigiendo la Compañía de Turismo en tiempos de grandes retos. Su ardua labor y su experiencia han sido importantes en la rápida recuperación que ha tenido la industria del turismo en la Isla tras el embate del huracán María”, expresó el mandatario.
Previo a asumir la dirección de forma interina, Campos trabajó como subdirectora y directora de mercadeo de la CTPR.
Asimismo, durante los pasados meses encabezó el reciente diseño y la implementación del plan de recuperación y comercialización de destinos de Puerto Rico antes y después del paso de los huracanes Irma y María.
Campos posee una maestría en Administración de Turismo con concentración en Administración de Destino de la Universidad George Washington en Washington.
Previo a trabajar con la CTPR, Campos residía en la República Dominicana, donde implementó proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
En su cargo, fomentó la creación y el fortalecimiento de Alianzas Público Privadas para la gestión de destinos en la isla vecina.
Además, su competencia en esta área la llevó a destinos como Baja California Sur, México, como asesora en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible, y a facilitar el diálogo entre el sector público y privado para la gestión del destino. INS
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