R. Dominicana-Periodistas exigen que se investigue a los consorciados de Odebrecht en el país

Santo Domingo, 10 may (INS).- Los periodistas Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara presentaron un documento en la Procuraduría General de la República en el que exigen que se investigue a los consorciados de la empresa Odebrecht en República Dominicana sobre los sobornos admitidos por la empresa durante el período 2001 a 2014.

En el documento entregado ayee, los comunicadores solicitan que se “realicen las diligencias necesarias que conduzcan a determinar si las personas físicas y las sociedades comerciales que como empresas consorciadas de Odebrecht en el país manejaron la suma de 2,100 millones de dólares aproximadamente, tenían conocimiento, participaron o de cualquier forma se implicaron en la consumación de los referidos hechos, presuntamente ilícitos”.

La acción se produce luego de que la Procuraduría General de la República confirmara que abrió una investigación en torno a los dos periodistas sobre sus relaciones con el empresario Ángel Rondón, representante comercial de la constructora brasileña en República Dominicana.

El Ministerio Público, por autorización del juez especial Francisco Ortega, de la Suprema Corte de Justicia, está rastreando las cuentas bancarias de ambos y la de sus familiares, en busca de indicios de posibles sobornos. Igual procedimiento afecta a otras personas no identificadas incluidas en las investigaciones.

A Rondón se le señala como el responsable de distribuir 92 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a políticos, legisladores y funcionarios gubernamentales a cambio de privilegios en el otorgamiento en contratos de obras públicas.

Añaden que “en vista de que el plazo para concluir la etapa preparatoria está a punto de culminar, le requerimos que dichas diligencias sean efectuadas sin más demoras ni dilaciones, que puedan servir de pretexto para asegurar la opacidad de las investigaciones que está obligado a realizar”.

Martínez Pozo y Danny Alcántara aseguran que el proceso abierto por la Procuraduría en su contra busca coartar sus derechos a criticar de manera pública los errores que, afirman, ha cometido el Ministerio Público en la instrumentación e investigación del caso Odebrecht. INS

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