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Washington, 8 may (INS).- Demócratas de alto rango en la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara federal de Representantes solicitaron que se investigue a varios comisionados republicanos en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) por haber participado en febrero de este año en la Conferencia de Acción Política, vinculada con el Partido Republicano, informó hoy el diario digital capitalino The Hill.
A los comisionados de la FCC se les prohíbe la participación partidista durante el ejercicio de sus funciones.
La petición de investigación la realizaron los representantes Frank Pallone (Nueva Jersey) y Mike Doyle (Pensilvania) mediante una carta a la Oficina Especial de Asesoría Legal, encargada de las violaciones éticas.
La solicitud de los representantes llega luego que esa oficina especial concluyó que uno de los comisionados, Mike O´Rielly, violó la Ley Hatch al participar en un panel de la Conferencia en donde instó a la reelección del presidente Trump, una promoción de candidaturas expresamente prohibida en su carácter oficial.
O´Rielly ya fue advertido por la Oficina de ética por dicha acción. Los demócratas indicaron que además este y los otros dos comisionados se rehusaron a cooperar en una investigación congresional al respecto.
El comisionado O´Rielly es mejor conocido en Puerto Rico porque en una carta caliente al gobernador Ricardo Rosselló Nevares le amenazó con no otorgar hasta $780 millones que serían distribuidos en la Isla para restaurar el sistema de comunicaciones.
Rosselló Nevares es un prominente demócrata en la política nacional y se ha enfrentado a las agencias federales Fema y Cuerpo de Ingenieros del Ejército por su tardanza en dar la ayuda necesaria a la Isla tras el paso del huracán María.
La causa para la reciente carta de finales de abril, según el comisionado federal de la FCC, es que el sistema de emergencias 9-1-1 de Puerto Rico desvió indebidamente alrededor de $243,000, en dos ocasiones, al fondo general, cuando la ley federal exige que todo el presupuesto de los sistemas de emergencia se inviertan en sus operaciones y desarrollo técnico y humano.
La acción del 9-1-1 ocurrió durante los dos últimos años fiscales de la administración García Padilla, cuando la Ley 66 exigió que las agencias ahorrasen hasta un 10% de su presupuesto y lo retornaran al Fondo General.
Esta acción indebida la detuvo la administración Rosselló Nevares en el 2017.
El sistema de emergencias 9-1-1, contrario a lo que indicó hoy un comunicado del Senado, no recibe fondos federales de la FCC.
El presupuesto del 9-1-1 local se genera mediante el cobro de un cargo a las líneas telefónicas de 50 centavos a las personales y de $1.00 a las comerciales.
No obstante, los sistemas de emergencia se rigen por regulaciones federales, que ocupan el campo, entre ellas se exige que no haya sobrantes presupuestarios, sino que se tienen que reinvertir. INS
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