P. Rico-Pueblo Unido reitera su exigencia de renuncia inmediata del comisionado de la Policía y del secretario de Seguridad Pública

San Juan, 6 may (INS).- Juan Camacho, uno de los portavoces de Pueblo Unido Contra la Venta y Privatización de los Servicios Públicos, reiteró mediante carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló Nevares la solicitud de dimisión del comisionado de la Policía, Henry Escalera, y del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, por “violaciones de los derechos de los manifestantes que marchaban por la avenida Ponce de León el 1 de mayo”.

Camacho argumenta que “las agresiones físicas y el uso y abuso de gases son razones suficientes para que cualquier gobernante que respete los derechos constitucionales exija la renuncia de los dos responsables mayores de estos actos”.

Agregó que “los datos previos y durante las marchas son clara evidencia de que la Policía orquestó un plan no sólo para desmovilizar la concentración, sino para provocar y deslucirla ante los ojos de la población que no estuvo presente”.

“Tanto el señor Escalera como el señor Pesquera no se han limitado al expresarse sobre sus planes. Han aceptado públicamente que bloquearon el libre paso de los manifestantes que marchaban por la avenida Ponce de León”, señala el portavoz.

Recordó que el plan comenzó días antes, con el anuncio de que 1,100 agentes serían asignados a la actividad, dando la impresión de que sería violenta y descontrolada.

“Así, también, visitaron los comercios del área de las marchas que contaban con cámaras de seguridad para orientarlos cómo enfocar sus cámaras contra los manifestantes, tratando de crear miedo entre los comerciantes y ciudadanos cercanos a las rutas”, reseñó Camacho.

A su juicio, “los derechos constitucionales no pueden estar limitados a permisos o a decisiones policíacas ni de ninguna otra entidad gubernamental o cívica.  Si bien es cierto que no son absolutos, tienen que existir razones serias y de peso para limitarse o impedirse”.

Por lo mismo, “detener una marcha porque existía la presunción de que iban a cometer delitos o porque tiraron una piedra o una canica, no son razones de peso para impedir el ejercicio de un derecho tan fundamental como el de manifestarse libremente por las calles para exigir la reparación de agravios al gobierno”.

En su misiva al gobernante, Camacho reitera que “hubo uso excesivo de la fuerza. Muchos agentes estaban preparados para una guerra campal. Usaron gases obviando el protocolo para ello. Usaron balas de gomas. No había un oficial a cargo para negociar, aún ante el reclamo de los abogados observadores”.

Por último, detalló que “lo más grave de la situación es que tanto el comisionado Escalera, como el secretario Pesquera afirmaron al país, a través de los medios de comunicación masiva, que sostuvieron reuniones con los convocantes y organizadores de la concentración de la Milla de Oro. Eso es falso. Nunca, pero nunca nos reunimos con la Policía para discutir y llegar a acuerdos sobre rutas, horarios, y mucho menos perímetros”. INS

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