P. Rico-Legisladores del PIP presentan plan de acción ante propuestas de la JSF que “atropellan” a pensionados, universitarios, trabajadores y ciudadanos

San Juan, 26 abr (INS).- Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciaron hoy la presentación de cuatro resoluciones conjuntas para hacer frente a la Junta de Superivisión Fiscal (JSF) y evitar más “atropellos” contra trabajadores, pensionados, universitarios y ciudadanos.
Los portavoces del PIP en Senado y Cámara, Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, emplazaron así a sus homólogos en la Asamblea Legislativa y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a revestir con fuerza de ley sus expresiones de rechazo a las propuestas de la JSF.
El organismo busca reducir las pensiones de los retirados, aumentar los costos de matrícula en la UPR, eliminar el bono de Navidad, elevar la tarifa de los peajes y reducir la aportación gubernamental a los planes médicos de los empleados públicos.
“El tiempo de los aguajes y las simulaciones se acabó. Si el Gobernador y los miembros de la Asamblea Legislativa realmente quieren impedir las barbaridades propuestas por la Junta de Control es necesario convertir en ley las expresiones públicas de rechazo que han hecho, para que los jefes de agencias y funcionarios gubernamentales tengan claro cuál es la política pública que están obligados a cumplir”, manifestó el senador Juan Dalmau.
Las resoluciones conjuntas del Senado (233) y la Cámara (319) ordena a la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que no imponga el alza en los costos de matrícula ni cierre o consolide recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz generada por la JSF.
Las medidas buscan que no se afecten los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y programación académicas o social de la institución o cualquier otro asunto inherente a la universidad.
“Si entendemos que es un atentado contra la universidad el abusivo aumento de crédito propuesto y queremos evitarlos, que así se estipule por ley. Si no se quiere permitir otro golpe al bolsillo de los puertorriqueños, impidiendo el aumento en el costo de los peajes, que así se estipule por ley. Para eso son estas medidas”, sentenció Dalmau Ramírez.
Las piezas también tienen el fin de ordenar a Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras que no impongan, autoricen o permitan el aumentos en el cobro de peajes.
“Quienes asumirán el incremento en el costo per cápita de la transportación en Puerto Rico nuevamente serán los sectores intencionalmente excluidos de las estructuras de poder socioeconómico. Las clases asalariadas, empleados del sector público y privado y las personas desempleadas verán su movilidad y sus pocos ingresos aplastados por otro aumento en su costo de vida”, subrayó el portavoz senatorial del PIP.
Mientras, el representante Márquez Lebrón detalló que la resoluciones 316 en la Cámara y 236 en el Senado ordenan a Hacienda a paralizar cualquier reducción en los pagos de las pensiones de las personas acogidas al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y del Sistema de Retiro para Maestros.
“Desde el día uno hemos planteado y propuesto legislación a la Asamblea Legislativa para hacer frente a las pretensiones de la JCF de empobrecer a nuestro pueblo y estas medidas van en esa dirección. Si la Asamblea Legislativa y el Gobierno no actúan seguirán siendo los mismos cómplices que han permitido los cierres de escuelas, la reforma laboral y otros mandatos de la JCF. Con la 316 y la 236 protegeremos a las personas retiradas y pensionadas del servicio público que dieron al país sus mejores años de productividad laboral y detenemos el verdadero interés de la Junta que es garantizar el pago de la deuda”, manifestó Márquez Lebrón.
Sobre las resoluciones 317 y 235 el portavoz del PIP en la Cámara explicó que persiguen la paralización de cualquier programa para igualar las aportaciones del gobierno al plan médico o cualquier otro tipo de reducción en las aportaciones al plan médico de los empleados del gobierno y las corporaciones públicas.
Márquez Lebrón explicó, además, que en febrero sometió la resolución conjunta 64, para que la legislatura exprese a la JCF “el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones” y para decretar que la Asamblea Legislativa “no aprobará legislación que menoscabe aún más los derechos de los trabajadores y pensionados del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones de una entidad no electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial”.
“Llegó la hora de actuar. No es posible que la Legislatura continúe avalando -por acción u omisión- la agenda de la JCF que es contraria al interés de los puertorriqueños. Con estas medidas que hemos radicado y otras que siguen desatendidas tienen la oportunidad de ponerse a la altura de los tiempos y confrontar genuinamente a la Junta”, afirmó Márquez Lebrón.INS
lp