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San Juan, 20 abr (INS).- El vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Javier Córdova, advirtió hoy a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el daño que las medidas del organismo causará a la Universidad de Puerto Rico (UPR) no solo lesionará la institución, sino que tendrá efectos “detrimentales” sobre el desarrollo económico de la isla.
“Una reducción de más del 50% del presupuesto de la UPR como se proyecta en este plan tendrá un impacto negativo en la calidad educativa, sumado a un aumento desproporcionado en los costos de estudios que limitarán el acceso a la educación representa un duro golpe a la institución y al país”, dijo Córdova en la reunión de hoy de la JSF.
Enfatizó en que pretender comparar los costos de la matrícula en la UPR con los costos de las universidades en los EEUU “es un desacierto que representa un completo desconocimiento de la estructura socioeconómica del país”.
Consignó que “de los mismos datos utilizados por la JSF para justificar los aumentos en matrícula se evidencia la diferencia en el por ciento del ingreso familiar que se dedica a pagar estudios en Puerto Rico, (64.6%) vis a vis la inversión en el estado de North Dakota (31.1%), donde el costo de la educación es el más bajo en los Estados Unidos. No hay dudas que los datos poshuracán María han acentuado los niveles de pobreza en el país. Un porcentaje significativamente alto de los estudiantes de la UPR provienen de familias pobres, sobre el 70% recibe beca Pell y muchos de estos estudiantes son los primeros que en sus familias pueden acceder a estudios universitarios”.
Córdova destacó que en el recinto de Utuado hay un 40% de estudiantes de primera generación.
El portavoz de la APPU sostuvo que “consolidar programas y moverlos a otros recintos sin un análisis basado en evidencia, tendrá un efecto negativo en el acceso a la educación universitaria y sobre la economía de la región y del país. Habrá más desempleo, y la pérdida de una infraestructura económica que se nutre del pago de patentes, servicio de comida, hospedaje, pequeños comercios al detal, entre otros. Este recorte entra en completa contradicción con lo establecido bajo la Ley Promesa”.
Córdova aseguró que, en vez de promover el desarrollo económico, “estos recortes empobrecerán a la región a la que sirven los recintos”.
Sobre el hecho de que habrá sobre 240.000 estudiantes en edad universitaria para 2022, el vocero opinó que “es importante observar que los estudiantes matriculados en la UPR representan solo una cuarta parte del total de los jóvenes universitarios. Daría la impresió que el Gobierno y la JSF desean proteger la matrícula de las universidades privadas imponiendo límites al número de estudiantes que pueden admitirse en la UPR”.
El portavoz de la APPU reiteró la necesidad de que la UPR “permanezca como universidad pública y que el gobierno de Puerto Rico mantenga su política pública de proveerle el financiamiento necesario para que continúe con su labor educativa y creativa al menor costo posible”.
La APPU ha sometido diversas propuestas para atender la crisis del país y en defensa del presupuesto de la UPR.
Córdova enfatizó en la necesidad de revisar las exenciones contributivas que no producen valor a la economía.
Consignó que cada año Hacienda pierde sobre 500 millones en recaudos por exenciones contributivas sin rendimiento en la economía.
“Esto se ha convertido en un mantengo contributivo, que de eliminarse bien podrían permitir revocar los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Si el gobierno planifica no tocar unas 30 leyes de incentivos por promover asuntos sociales, la APPU sostiene que el gobierno y la JSF todavía están a tiempo para reconocer a la UPR como un servicio público esencial y asegurar su financiamiento público, salvaguardando así su permanencia y su impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la Isla”.
Córdova también manifestó que “es injusto y errado llevar a cabo reducciones a los beneficios a los pensionados. Nuestros pensionados completaron sus servicios a la Institución contando con ingresos que les permitiría sostenerse una vez concluida su vida laboral. Rechazamos además enérgicamente que se pretenda congelar el plan de beneficios definidos y sustituirlo por uno de contribución definida. Esto implicaría la destrucción del plan actual que representa posiblemente el beneficio principal de sobre 19,000 participantes del Sistema. Los beneficios de Retiro son uno de las herramientas más importantes para el reclutamiento del mejor recurso humano para la Institución”. INS
lp