R. Dominicana-Otro escándalo de corrupción por más de 60 millones de dólares estremece al gobierno del presidente Medina

Las anomalías se cometieron entre 2012 y 2017 en la OMSA./Inter News Service

Santo Domingo, 17 abr (INS).-Un nuevo escándalo de corrupción salpica la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, tras detectarse varias irregularidades administrativas por más de 3,029 millones de pesos (US$ 61, 204,283) en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Las anomalías se cometieron durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Esos fondos fueron destinados a 51 diferentes proveedores del Estado de bienes y servicios, sin tener un contrato que avalara la formalidad de dicha transacción, como lo establece el artículo 28 de la Ley 34-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Estos gastos fueron autorizados por el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, y el ex gerente financiero Faustino Rosario Díaz, quienes guardan prisión preventiva por estar relacionados al asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, el 11 de octubre del año pasado, luego que éste denunciara graves irregularidades en esa dependencia gubernamental..
Las anomalías detectadas figuran en un documento depositado este lunes ante la Procuraduría General de la República para los fines legales de rigor y se establezcan responsabilidades penales contra los responsables de esas acciones.
Este nuevo escándalo emerge justo cuando el presidente Danilo Medina aseguró este sábado durante su participación en la VIII Cumbre de las Américas de Lima, Perú, donde se identificó con el “espíritu y la letra del compromiso de Lima sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
Dijo que su gobierno se encuentra impulsando una serie de medidas de modernización y transparencia de la administración pública”.
Conforme a la auditoría, esas irregularidades involucran a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
El informe final de la investigación especial realizada a solicitud de la Procuraduría General de la República, al exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, expone que existen “indicios ciertos, serios, graves, precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal” de los involucrados en esas irregularidades.
Entre los hallazgos figura la emisión de 3,535 órdenes de compras a 33 empresas, sin observar las disposiciones del artículo 28 de la ley 340 sobre contrataciones públicas, por RD$2, 157, 174,862 (equivalentes a US$ 43,5 millones), lo que representa el 64 por ciento del total de los pagos realizados por la empresa estatal del transporte durante el periodo auditado.
Se estableció, además, que durante la gestión de Manuel Rivas se adjudicó la contratación de servicios y bienes a diferentes empresas vinculadas a funcionarios de la empresa estatal por un monto de RD$31, 979,524 (un total de 646,181 dólares).
La cámara de Cuentas comprobó a través de los respectivos certificados de registro Mercantil que en dos de las compañías aparecen como socias la esposa y una hermana del gerente financiero de OMSA, Faustino Rosario, y la Empresa Ramel Corp, representada por José Esteban Valenzuela.
Asimismo, se determinó que un total de RD$145, 564,199 (2,9 millones de dólares) fueron pagados por la institución a nueve empresas “mediante los procedimientos de urgencias”.
De esa suma, RD$57,799,093 pesos (US$1,167,894) fueron adjudicados a las compañías Tech solution E.K.R, SRL y Grupo Martisdom, SRL, que son propiedad del señor Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar al abogado y catedrático Yuniol Ramírez y socio del director de la institución auditada.
Se recuerda que todavía están pendientes de investigar otras denuncias de corrupción en el gobierno dominicano, siendo el más sonado el caso de sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrechet por 92 millones de dólares a 14 encartados, entre éstos ex funcionarios gubernamentales, legisladores y políticos, a cambio de contratos privilegiados de obras estatales. INS
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