P. Rico-AMPR urge acción de la Comisión de Derechos Civiles ante “liquidación” de escuelas y asegura que total de planteles que serán impactados negativamente por cierres son 659

San Juan, 10 abr (INS).- La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, solicitó al director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, la intervención “urgente” del organismo ante el cierre de escuelas en el país.
“El cierre y la consolidación de escuelas públicas informado en los pasados días por la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, ha creado una conmoción en el país, especialmente en los padres, madres y encargados de los estudiantes matriculados en las escuelas identificadas por la agencia”, dijo Díaz.
A su vez, opinó que “la alteración y liquidación de escuelas públicas, como si se tratara de fábricas con mercancías a mover o desechar, y no como lo que son, centros educativos cuyos ocupantes son niños menores de edad y padres bajo el nivel de pobreza, a nuestro juicio, amerita la intervención urgente de la Comisión de Derechos Civiles”.
La sindicalista expresó además que padres de alrededor de la isla se han reunido y convocado a diversas actividades “y la AMPR como representante exclusivo del magisterio ha sido invitada a participar”.
“La información constante que se recopila de estas actividades es similar: los padres no fueron consultados ni participaron de ninguna reunión sobre el posible cierre de las escuelas de sus hijos y hay estudiantes que a mitad de semestre el Departamento de Educación les ha removido sus maestros sin considerar los proyectos en desarrollo ni el vínculo emocional creado entre sus hijos y los maestros”, afirmó la vocera.
Añadió que “esta es la tercera ocasión en que a estudiantes les cierran sus escuelas, obligándolos una vez más al difícil proceso de ajuste. También hay comunidades aisladas, sin transportación, a las que se les exige moverse a escuelas de difícil acceso y se ha producido el cierre de escuelas equipadas tecnológicamente a consolidarse con otras sin equipo y escuelas especializadas identificadas como receptoras que ponen en riesgo su organización”.
La portavoz afirmó que “hay dolor, sufrimiento, angustia, incertidumbre, frustración y en especial, la frase constante que se escucha es ‘como padre, mis derechos y los de mis hijos, parecen que para Educación y el gobierno, no cuentan’”, resaltó Díaz.
Díaz declaró que tanto ella como el personal de la unión que representa se encuentran recopilando información de las situaciones que les llegan a su atención.
“Entendemos que hay que hacer un detente a estos cierres y consolidaciones para revisar y validar la información que recopiló Educación para tomar su decisión. Además, hay que analizar el impacto sobre los niños, los padres y sus comunidades. No menos importante, evaluar si Educación y el gobierno están cometiendo violaciones a los derechos civiles”, dijo.
Igualmente, advirtió que “ta totalidad de las escuelas que serán impactadas de una forma u otra por la decisión de la secretaria de Educación son 659, lo que significa que son más de la mitad de las escuelas del país y se perjudicará a más de la mitad de la población estudiantil”.
Agregó que “colocamos en perspectiva ese número, porque las 283 escuelas solo son las que cerrarán y por consiguiente causarán un impacto en las receptoras”.INS
lp