Nueva York, 15 feb (INS).- Un grupo de acreedores, que conjuntamente posee una parte sustancial de la deuda pendiente de pago de Puerto Rico, emitió una declaración en respuesta a la versión más reciente del plan fiscal revisado presentado por el gobierno puertorriqueño.
En la declaración, se señala que “aunque los acreedores de Puerto Rico tienen perspectivas distintas sobre una serie de cuestiones relacionadas con la reestructuración en curso, compartimos la visión unificada de que una agenda política pragmática, transparente y centrada en el crecimiento es fundamental para la recuperación de la isla”.
“Esta visión se ha fortalecido aún más desde que la devastación causada por los huracanes Irma y María agravara la ya difícil situación económica de la isla. Lamentablemente, creemos que el plan fiscal propuesto recientemente por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico representa un importante paso atrás en el camino hacia la recuperación”, afirman.
Agregan que el plan “no proporciona una base viable sobre la cual reestructurar la deuda de la isla, al mismo tiempo que carece por completo de una base para revitalizar la economía local y restablecer el acceso a los mercados de capital”.
A su vez, alertan que el problema más preocupante con el plan fiscal “es que se desarrolló de manera opaca, basándose fundamentalmente en resultados de análisis subyacentes que nunca se han hecho públicos. Esto contradice el compromiso del gobierno con la transparencia y socava el reciente consejo del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, quien declaró que ‘es imperativo que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador integren plenamente a los acreedores en el desarrollo de estos planes fiscales, garantizando así la precisión y la transparencia en los supuestos subyacentes'».
Para los acreedores, “ahora es el momento de sentar las bases para establecer cómo el capital privado aumentará la ayuda federal y los ingresos locales en el camino hacia la recuperación. Creemos que el análisis objetivo y exhaustivo del plan ha revelado una serie de fallas fundamentales que deben abordarse antes de seguir adelante”.
Según el grupo existe “la necesidad de una agenda de crecimiento detallada y sustancial. El gobierno debe crear e impulsar una agenda de crecimiento que apoye una economía pujante, frene la emigración e incentive a las personas que han abandonado recientemente la isla a que regresen como parte de su revitalización. Con este fin, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debería comenzar a trabajar con proveedores de capital privado y expertos de la industria para desarrollar un programa de desarrollo económico amplio e integral”.
Asimismo, piden “disciplina fiscal”, ya que “las reducciones en los gastos públicos bajo el plan son mínimas, con cifras de nómina del gobierno que crecen en un 1.2% anual, incluso cuando se proyecta que la población disminuirá en un 20% durante el período del Plan Fiscal. Esta desconexión contrasta fuertemente con las reducciones en los gastos públicos logrados en prácticamente todas las demás reestructuraciones municipales”.
Igualmente, los acreedores solicitan que se haga público los análisis subyacentes compartidos con la Junta de Supervisión Fiscal para evaluar el plan fiscal. En este momento, el plan es inaceptablemente opaco desde diversos puntos de vista”, debido a que “no hace una distinción entre servicios esenciales y los gastos que el gobierno simplemente quisiera pagar y no contabiliza por completo el efectivo mantenido en varias cuentas que pueden estar disponibles para satisfacer las necesidades descritas en el plan”.
Tampoco el plan fiscal comparte los estados financieros auditados de 2015, depende de un pronóstico de migración desactualizado y
utiliza suposiciones relacionadas con el costo de la atención médica y participación del plan que contradicen la propia previsión de emigración del gobierno.
“Lamentablemente, nuestras preocupaciones han sido validadas por el gobierno federal, que se ha negado a proporcionar fondos de préstamos comunitarios para catástrofes (Community Disaster Loan) respaldados por los contribuyentes a menos que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, señalaron.
El grupo de acreedores está compuesto por Ambac, Assured, COFINA Seniors Coalition, National Public Finance Guarantee Corporation, Mutual Fund Group, Syncora, los Puerto Rico Funds y personas que viven en Puerto Rico y el territorio continental. Colectivamente, el grupo posee o asegura una porción sustancial de la deuda pendiente de pago de Puerto Rico.INS
lp
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