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Una marcha contra la corrupción./Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 15 dic (INS).- El año 2017 es calificado por diversos sectores del país como uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción y la impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con el renacimiento de la esperanza en que sea posible edificar una sociedad mejor.
Además de los casos de corrupción en el Gobierno dominicano, conmocionaron a la población los altos índices de delincuencia, asaltos, los asesinados de decenas de civiles, militares y policías, (entre éstos coroneles, capitanes y mayores, para despojarlos de sus armas de reglamento), situaciones que emergen como la principal preocupación de los dominicanos en términos de seguridad.
El principal escándalo fue el de los sobornos de 92 millones de dólares pagados entre 2001 y 2014 por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios gubernamentales, políticos de diferentes tendencias y legisladores para la aprobación de obras públicas, acontecimiento que ha originado una movilización social sin precedentes contra la corrupción en el país y, además, marcó la agenda al golpear a los dos principales partidos políticos.
En un informe rendido por el movimiento cívico Participación Ciudadana se resalta que a un año del tsunami provocado por los sobornos y sobrevaluaciones de la empresa brasileña Odebrecht, “el sometimiento formal a la Justicia de los que fueron imputados por la Procuraduría General de la República aún está pendiente porque todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, y está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas Punta Catalina, pese a que no ha cumplido las cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país”, pero tampoco se lo ha exigido.
Por el caso fueron acusados el pasado mes de mayo 14 personas entre funcionarios, un empresario y políticos de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Del grupo, ocho fueron enviados a prisión preventiva en junio, pero posteriormente consiguieron que un juez variara las medidas de coerción y ya todos se encuentran en libertad condicional, mientras las autoridades se concentran en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en febrero próximo.
Las detenciones tuvieron lugar poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil datos sobre los sobornos pagados por esta compañía en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.
Este escándalo también ha afectado la popularidad del presidente Danilo Medina, y según una encuesta divulgada en noviembre por la firma Gallup, el 68% de los entrevistados calificó como negativo el desempeño en la lucha contra la corrupción en esta gestión.
Enfatiza que el hartazgo de los ciudadanos ante la corrupción y la impunidad se hizo patente en seis multitudinarias protestas en diferentes puntos del país, convocadas por el movimiento «Marcha Verde» y que agrupa a diferentes organizaciones sociales, que surgió en enero tras conocerse el caso de la multinacional carioca.
De igual manera, se registraron otros hechos que ocuparon la atención de la ciudadanía, tales como el revuelo provocado por la venta en 72 millones de pesos (1,5 millones de dólares) del barrio Los Tres Brazos con sus 14 mil familias poblándolo; los negocios irregulares en la venta de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, que dejó el saldo de tres personas muertas en la ciudad San Pedro de Macorís, entre estas dos locutores.
También, el caso del ingeniero Diandino Peña, ex director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), involucrado en el manejo de contratos por más de RD$4,600 millones (95,1 millones de dólares) repartidos entre allegados y familiares, pero aún no ha sido investigado.
Asimismo, irregularidades en la construcción del Malecón de Nagua (noreste), una obra licitada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en el 2010, por RD$499 millones de pesos (US$ 10,3 millones) y llevada mediante adendas a RD$1,600 millones (US$ 33 millones) a favor de un ingeniero apellidado Ozoria, uno de los protegidos del senador oficialista Félix Bautista quien fuera enjuiciado por varios hechos de corrupción y absuelto por los jueces de la Suprema Corte de Justicia; la mafia criminal de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que cobró la vida del abogado Yunior Ramírez; y el escándalo en la compra de los escáneres de la Junta Central Electoral utilizados en las elecciones generales del 2016, aún en la fase de investigación.
Sobre estos sucesos, Participación Ciudadana detalla que este año 2017 “terminó con el ruidoso fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado mediante el cual el entonces ministro de industria y comercio, José del Castillo Saviñón, facilitara desde el año 2013 ganancias superiores a los RD$10,000 millones de pesos (US$ 206, 889,417) en cinco años, a favor de varios importadores de gas licuado de petróleo”.
Expresa que en el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan y que el año parece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de los intereses de la clase gobernante.
Considera que la justicia nacional “siguió siendo incapaz de renovarse a sí misma. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10”.
Otro aspecto relevante del año es que en el terreno internacional, República Dominicana, que ha sido este año escenario del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana en busca de una solución a la grave crisis en ese país, continuará acogiendo las conversaciones el próximo año al tiempo que ocupará la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) durante el primer semestre del 2018. INS
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