San Juan, 1 dic (INS).- La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés-Otero, inició hoy una investigación sobre las oportunidades y beneficios que existen dentro de la “Ley de 1968 de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development)”, que subsanen cualquier recorte a los programas de vivienda social.
La medida se da con el fin de contrarrestar el impacto de cualquier merma en la asignación de fondos federales para la Administración de Vivienda Pública.
A esos fines, el representante planteó que “se tienen que impulsar las microempresas compuestas por familias y comunidades y darles las herramientas para que lo puedan lograr y así contribuir, a su vez, al desarrollo económico de Puerto Rico. Sería parte de un frente común que podría resultar en mejor de lo esperado”.
El también autor de la resolución de la Cámara 356 que impulsa la investigación, destacó la importancia de evaluar todos aquellos programas o iniciativas que puedan ayudar y adiestrar para este desarrollo, y evitar o subsanar lo que pueda decidir en el Congreso.
“En Puerto Rico existen aproximadamente 320 residenciales públicos, donde habitan miles de puertorriqueños que han cumplido con los criterios de elegibilidad para poder obtener el beneficio de una vivienda subsidiada. Uno de estos programas, que se encuentra dentro de la mencionada Ley, incluye el entrenamiento en áreas de trabajo en la construcción, administración y servicios. Si estos son orientados y crean una Corporación serían los residentes encargados del desarrollo, siempre y cuando cumplan con los requisitos federales para ello. Esto incentivaría la economía local”, expresó el legislador.
Incluso, el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, Jesús Vélez Vargas, anticipó que de convertirse en realidad los recortes, Puerto Rico sufriría un golpe devastador tomando en cuenta que los fondos federales del programa “Community Development Block Grant Program” (CDBG) son la principal fuente de ingreso para atender la necesidad de vivienda e infraestructura adecuada para personas y familias de escasos recursos.
A esos efectos, recomendó que “todos los sectores, incluyendo la Legislatura, hagamos un frente común para intervenir en el proceso de análisis presupuestario del Congreso que para el año fiscal 2018-2019, no asigna fondos para el programa CDBG y HOME. Tenemos que procurar que los municipios que tengan cabilderos a nivel federal se activen; que el gobierno, incluyendo a las agencias que trabajamos directamente con las comunidades más necesitadas a través de estos fondos, y la legislatura participemos en cada campaña relacionada”.
Asimismo, Surima Quiñones del Departamento de la Familia (DF), explicó que el DF tiene proyectos comunitarios donde personas que residen en vivienda pública podrían acogerse a programas de trabajo dentro de este proceso que son de naturaleza transicional, para que puedan alcanzar la autosuficiencia y cambiar la cultura de dependencia dentro de su roll social.
Mientras, el asesor de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, José Feliciano, recomendó que se inserten las microempresas mediante una alianza dentro del campo de la construcción.INS
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