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Por Obed Betancourt
San Juan, 27 nov (INS).- Los industriales en la Isla apoyan los esfuerzos y estrategias del gobierno para detener el impacto de la reforma contributiva federal “porque no hay de otra”, dijo su dirigente Rodrigo Mases.
El gobernador busca trato igual, junto al grupo multisectorial privado. / Inter News Service
El gobernador y el grupo establecieron una serie de estrategias dirigidas a colocar a Puerto Rico como jurisdicción doméstica dentro de la reforma contributiva federal. Esta estrategia, sin embargo, tiene ribetes políticos que aun no han sido analizados de manera pública y sosegada.
En la conferencia de prensa de esta tarde solo se permitieron preguntas sobre el tema de la reforma contributiva y las estrategias, e incluso sobre las alegadas desavenencias estratégicas entre el gobernador y la comisionada residente Jenniffer González, las cuales despachó Rosselló Nevares, las cuales tildó de “discusiones pequeñas”, y que “algunas personas van a tratar de tergiversar todo”, que, aunque no lo indicó explícitamente, solo se promueven para crear cismas políticos al interior del gobierno que dirige el Partido Nuevo Progresista.
No obstante, el lado político de la controvertida reforma contributiva federal no deja de aparecer como un fantasma en la noche.
El secretario de asuntos públicos Ramón Rosario reveló dijo en un tuit la estrategia, que el gobernador sostuvo hoy que se comenzará a ejecutar en los próximos días.
“La propuesta del Gobernador @ricardorossello es que se trate a Puerto Rico como lo que es, una jurisdicción de los Estados Unidos y no como una extrajera”.
Más adelante, proveyó el contexto político inescapable de esta controversia. “Lograr la igualdad plena para P.R. con la Estadidad es la única solución permanente y esa lucha sigue siendo la prioridad de la Administración y @ricardorossello https://t.co/nrIVjnVjVe”, añadió en otro tuit.
Rosario se refiere a que es precisamente en virtud de los escasos poderes que tiene la Isla por ser territorio, que esas aguas se convierten en lodo al llegar a la Isla.
Rosselló Nevares advirtió que de no ser tratada la Isla como una jurisdicción federal para los efectos contributivos, el delta del problema puede llegar a ser de 350,000 empleos impactados (que pudiera ser cercanamente el 35% de la fuerza laboral), se amenaza con la posible eliminación de hasta 243,000 directos e indirectos, que son el 27 0 28% de la fuerza de trabajo de la Isla, se erosiona la base contributiva de la Isla con graves consecuencias en las recaudaciones, la economía y la sostenibilidad del gobierno.
El impacto sería de “miles de millones de dólares”, sostuvo junto la dirigencia económica del país.
Rodrigo Mases reconoció a INS que no toda la industria farmacéutica es de origen estadounidense. Entre todas las diversas que hay de unas 40, hasta cuatro son de origen no estadounidense. Reconoció igualmente que no se puede saber con certeza cómo serán afectadas a este momento, en que el lenguaje de los proyectos congresionales no son aun definitivos y el Tesoro de EEUU no ha emitido sus interpretaciones sobre la intención legislativa.
La industria manufacturera del país descansa en las farmacéuticas, que una vez se sirvieron de los beneficios de la sección 936 del código contributivo federal, con exenciones federales a cambio de inversiones y empleo en la Isla. Desaparecida esta a mediados de la década de 2000, han logrado el trato de industria foránea, con nuevas exenciones.
Ahora el presidente Trump le impondrá fuertes contribuciones si las industrias estadounidenses no regresan a Estados Unidos a hacer negocios. Puerto Rico, aunque es jurisdicción de EEUU, no lo es en términos contributivos, pues es “foránea”. Y ocurriría el oxímoron de que una industria en jurisdicción de EEUU pagaría contribuciones como si fuese una industria de EEUU en el extranjero.
Precisamente, el gobernador indicó hoy que el mensaje que se dará a los congresistas debe ser “racional y justo”.
Rosselló Nevares pide “trato igual” para estas como industrias domésticas (que son incentivadas en la reforma), lo que requiere que se enmienden los proyectos contributivos tanto del Senado como de la Cámara para darle ese trato a la Isla y no se cuaje “el efecto devastador” que prefigura toda la dirigencia económica de la Isla, y que advierte el gobernador.
La ironía, mucho tiempo evitada por el PNP cuando administra el territorio, es que Puerto Rico logre tratos iguales a pesar de su condición colonial. Este es exactamente el argumento favorito del Partido Popular Democrático, que insisten en que la Isla puede lograr beneficios bajo la actual condición territorial, y no vale la pena integrarse completamente al sistema político.
Rosselló Nevares que se estableció con los dirigentes privados una sola estrategia, un plan cohesivo.
El objetivo es lograr los instrumentos económicos para su desarrollo, imposibilitados bajo la reforma contributiva federal, bajo el mismo trato que se le confiere a los estados.
Se pide la exclusión del 12.5% que se le impone por propiedad intelectual (patentes) a las empresas foráneas, que también se excluya a la Isla de la erosión de base de 10%, el cual no se impone a los estados, y que la isla sea considerada en su totalidad como un Free Trade Zone, el cual trae beneficios de 40% para pagos de nómina y 40% para investigaciones.
De no ser excluido Puerto Rico de pertenecer a las secciones foráneas, el impacto sería exactamente lo contrario de lo que leyes como Promesa y acciones de recuperación en infraestructura y económica, ambas federales, quieren mitigar.
No permitir el trato como jurisdicción doméstica, “va en contra de estas iniciativas de desarrollo económico”, aseguró el primer mandatario.
Advirtió otra vez las consecuencias en la migración, el desempleo, la base contributiva de la Isla y el desarrollo económico.
Lamentablemente, repitió, “el juego cambió”. No se pueden utilizar las mismas reglas luego de la devastación causada por los huracanes Irma y María. INS
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