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San Juan, 27 nov (INS).- La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida cuya finalidad es aclarar y fortalecer la prohibición de cobro a clientes por errores administrativos o en el cálculo de los cargos de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que excedan de 120 días desde la expedición de las facturas por el consumo de energía eléctrica.
La pieza del representante Jorge Navarro Suárez, Proyecto de la Cámara 914, enmienda la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” ya que según la exposición de motivos, “la redacción de la ley ha generado confusión y es insuficiente para evitar el cobro indebido por ese concepto”.
A esos efectos, una vez concluido el término, la AEE no podría reclamar cargos retroactivos por sus errores en el cálculo de los cargos, incluyendo pero no limitado a errores de índole administrativo, operacional o de la lectura errónea de los contadores de consumo de electricidad.
“La AEE deberá emitir facturas que sean cónsonas con los verdaderos cargos que le correspondan a cada cliente. La medida determina la cantidad de dinero que un cliente tendría que pagar para objetar una factura y solicitar la correspondiente investigación. La práctica de la AEE de removerle el contador e investigar después se tiene que acabar. Pero esto no aplica cuando el cliente oculta el contador o no deja pasar a los empleados de la AEE para verificar”, sostuvo el Presidente de la Comisión de Gobierno.
Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 766, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán para enmendar la “Ley de Tierras de Puerto Rico”, y reducir de diez a cinco años el tiempo requerido para que el usufructuario u ocupante pueda solicitar y se le otorgue el título de propiedad en terrenos en que ha desarrollado su vivienda.
También recibió el apoyo cameral, el Proyecto de la Cámara 73, del representante José Aponte Hernández, para denominar con el nombre de Mónica Puig Marchán, el tramo que discurre desde la Avenida Ponce de León en Hato Rey, pasando frente al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en el Municipio de San Juan.
De otra parte, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 96, del representante Ángel Peña Ramírez, para enmendar la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad”, y prohibir a los patronos del sector privado utilizar las ausencias por enfermedad que sean justificadas, como criterio de eficiencia de los empleados en el proceso de evaluación anual de éstos.
“La Ley (al presente) no garantiza los derechos en estos casos. Por eso, en el día de hoy le estamos haciendo justicia a estos empleados”, indicó Peña Ramírez al mismo tiempo que sostuvo que la práctica constituye una violación al derecho de los empleados.
Además, indicó que resulta contradictorio que la misma ley concede al trabajador el derecho a disfrutar de una licencia por enfermedad, pero, por otro lado, permita al patrono penalizarlo por ejercer el mismo. Especialmente en casos para aumentos de sueldos o ascensos en la empresa para la cual trabaja, justificar acciones disciplinarias, tales como suspensiones o despidos.
También se aprobó que el mes de abril de cada año sea denominado el “Mes de la Industria Puertorriqueña” por mandato de Ley y no como una acostumbrada tradición o decreto. Así lo dispone el Proyecto de la Cámara 1259, de la autoría del presidente del Cuerpo, el representante Carlos “Johnny” Mendez Núñez, para respaldar el desarrollo y prevalencia de las industrias cuya base de operación es Puerto Rico.
La medida igualmente establece por mandato de Ley que el último sábado del mes de abril de cada año se celebrará como el “Día Hecho en Puerto Rico”, para promover así, la manufactura y los servicios hechos y ofrecidos por estas empresas.
Asimismo fue endosado el Proyecto de la Cámara 1054, del representante Ángel Bulerín Ramos, que propone crear la “Ley Uniforme de Destrucción de Documentos con Información Sensitiva en Puerto Rico”, para imponerle la obligación a toda entidad, pública o privada, de disponer de manera segura los documentos que contengan información sensitiva de un ciudadano; establecer penalidades por incumplimiento.
Al mismo tiempo el Cuerpo avaló el Proyecto de la Cámara 536, del representante Urayoán Hernández Alvarado, para enmendar la “Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico”, para otorgar facultades adicionales al Comité de Coordinación Interagencial para el Desarrollo de Biotecnología Agrícola.
Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 527, para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a los fines de establecer que las reconsideraciones de una determinación final sobre un procedimiento administrativo de naturaleza cuasi judicial o cuasi legislativo tendrá que ser evaluado por el Secretario, o por cualquier empleado o funcionario que sea abogado, admitido a la práctica legal de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Le siguió el Proyecto del Senado 297 para establecer la “Ley de Divulgación de Estadísticas de Licenciamiento de Puerto Rico”, con el propósito de ordenar a las Juntas Examinadoras divulgar a través del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico los datos estadísticos de los resultados de exámenes de licenciamiento; y la Resolución Conjunta del Senado 5, que ordena a la Junta de Planificación de Puerto Rico, en conjunto con la Compañía de Fomento Industrial, la Administración de Terrenos, la Autoridad de Tierras y el Departamento de la Vivienda, a cumplir con las disposiciones de la “Ley del Registro Interactivo de Propiedades Públicas con Oportunidad de Desarrollo Económico o Conservación y Protección”.
La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo jueves, 30 de noviembre de 2017 a las 11:00 a.m. INS
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