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San Juan, 17 sep (INS).- Con el propósito de identificar alternativas reales para ayudar a resolver la crisis inmobiliaria en Puerto Rico, el representante José Pérez Cordero presentó tres medidas que buscan proveer opciones legales y administrativas a los propietarios que enfrentan una ejecución de hipoteca y que están en riesgo de perder sus viviendas.
“Son miles los que han perdido su casa o que viven con esa amenaza y nunca pensaron se encontrarían en esa situación. Desde que comenzó la crisis, el número de desahucios se ha disparado, y si antes prácticamente pasaba inadvertido, ahora se ha convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los puertorriqueños”, explicó el legislador.
Pérez Cordero presentó el Proyecto de la Cámara 1230, que busca hacer mandatorio a las instituciones bancarias otorgar alternativas para el pago de la deuda o retener la propiedad a todo deudor hipotecario, previo a la presentación de cualquier procedimiento de ejecución de hipoteca.
Dijo que existen alternativas ofrecidas por los bancos, pero aclaró que excepto la mediación compulsoria, no son mandatorias y quedan a la disposición única de la entidad bancaria el presentarlas u ofrecerlas.
“Con esta medida buscamos que el cumplimiento de esta directriz sea requisito jurisdiccional para poder incoar la causa de acción, además de presentar prueba fehaciente que se cumplió con el mismo”, manifestó Pérez Cordero.
Otra de las medidas es el Proyecto de la Cámara 1177, que pretende enmendar la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria para incluir un término de 30 días, contados a partir de la expedición del mandamiento emitido por el tribunal, para que el banco pueda realizar la subasta del inmueble, y así el propietario sea liberado de toda responsabilidad económica con relación a la propiedad.
“Actualmente, el propietario continúa siendo responsable de la propiedad y todas las acciones jurídicas contra el mismo, como lo es la responsabilidad de pagar las respectivas cuotas de mantenimiento. Esto pone el propietario en una situación de limbo jurídico, pues no es tenedor de la propiedad ni de su uso y disfrute, pero es tenedor para los efectos de responsabilidad económica”, apuntó el representante.
Pérez Cordero también presentó la Resolución de la Cámara 513, que ordena realizar una exhaustiva investigación sobre el alto volumen de ejecuciones hipotecarias de propiedades residenciales existentes y las opciones de retención de dichos inmuebles.
Según la medida, para marzo de 2017, eran más de cinco mil las propiedades que habían sido ejecutadas y reposeídas por los bancos, la cifra más alta en 10 años. Para diciembre de 2016, las instituciones bancarias contaban con un inventario de 5,110 propiedades residenciales reposeídas.
Surge de la información vertida por las propias instituciones que estas cifras representan un aumento de 21.6% con respecto al año 2015, cuando se reportaron 4,459 ejecuciones de unidades, así como un aumento de más del doble con relación al año 2008, cuando se reportaron 2,357 casos.
“Es necesario investigar sobre estas cifras de ejecuciones hipotecarias, los procedimientos realizados por las instituciones bancarias y cualquier otro ángulo relacionado que ayude a proveerle alternativas a los propietarios para la retención de sus viviendas”, indicó el legislador.
Las tres medidas están en el trámite legislativo de la Cámara para su evaluación. INS
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