San Juan, 16 sep (INS).- El representante José Aponte Hernández impulsa una legislación para que el gobierno federal asuma jurisdicción inmediata en los casos de asesinato de un agente del orden público estatal o municipal en el cumplimiento del deber, un oficial correccional en funciones o un miembro de la Guardia Nacional activado en funciones estatales.
A estos efectos, Aponte Hernández recordó que la Resolución Concurrente de la Cámara 4, aprobada por ese cuerpo legislativo el pasado mes de febrero, se encuentra actualmente en el Senado para su evaluación.
Por lo general, las autoridades federales dan este paso, como ocurrió con el asesinato del agente Roberto Medina Mariani, quien murió la noche del pasado lunes en medio de un asalto en Ponce.
De acuerdo con la exposición de motivos de la medida, “aunque ciertos casos de actos cometidos contra agentes del orden público pueden ser tramitados bajo la jurisdicción federal, es necesario que el gobierno federal asuma responsabilidad en todo asesinato de estos servidores públicos cuando están en el cumplimiento del deber”.
Aponte Hernández reclama que “otros servidores públicos que se encuentran en la misma situación son los oficiales correccionales en funciones y los miembros de la Guardia Nacional activados para participar en funciones de seguridad pública estatal”.
“La tramitación de estos casos a nivel federal permitirá mayor agilidad y recursos en la investigación y procesamiento de los mismos. Por ello, esta Asamblea Legislativa estima pertinente solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América la legislación antes mencionad”, expone el documento. INS
ndc
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