Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 14 de septiembre de 2017
P. Rico-Zona devastada de San Juan es víctima de nuevo huracán político
San Juan, 14 sep (INS).- El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Raúl Torres Cruz solicitó mediante carta enviada ayer al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que añada a San Juan a la lista de los municipios declarados zona de desastre por el impacto del huracán Irma.
“Ricardo Ramos, director ejecutivo de la AEE, reconoció públicamente a través de los medios de noticias que la infraestructura del sistema eléctrico en la capital fue severamente afectada por los vientos del huracán Irma. De hecho, informó que 14 líneas de 38 mil kilovatios, que sirven a la infraestructura eléctrica en San Juan, fueron tumbadas por los vientos del huracán. Esto dejó toda la región de San Juan sin servicio”, aseguró Torres Cruz.
Agregó que “más grave aún, luego de transcurridos siete días desde el paso del huracán Irma por la costa norte de Puerto Rico, todavía más de un 47% de los abonados (109,700 clientes) de la AEE en la capital continúan sin servicio de energía eléctrica”.
La situación, además, afectó el sistema de bombas hidráulicas de la AAA que impulsan el agua potable hasta nuestras residencias, escuelas y comercios en San Juan, dijo el legislador.
“Esta situación agrava el panorama para los sanjuaneros”, manifestó.
Consignó que a las 14 líneas de 38 mil kilovatios caídas, se suman la gran cantidad de transformadores averiados en diversos lugares, postes y líneas secundarias tumbadas por árboles caídos y otras porque las bases que sostienen las líneas colapsaron.
Según el político, el director ejecutivo de la AEE ha dicho públicamente por los medios de noticias que éstas situaciones causarán que en algunos lugares de San Juan puedan estar sin energía eléctrica por dos semanas adicionales.
“La falta de energía eléctrica en la capital es más grave que en otros municipios y puede crear un problema de salud y seguridad por la gran cantidad de personas mayores, enfermos y hasta encamados que residen en edificios multipisos. También crea graves problemas a la economía del País, pues San Juan es el centro de trabajo principal para miles de ciudadanos de toda la Isla y muchos no pueden trabajar por la falta de energía eléctrica”, comentó.
Mientras, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, exhortó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a que colabore junto al gobierno central para lograr restablecer los servicios básicos de los residentes de la capital lo antes posible.
“De los 12 municipios declarados en emergencia, ocho son alcaldes del Partido Popular Democrático que han decidido colaborar con el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Basta con contrastar las expresiones y el trabajo de los alcaldes de Carolina y Utuado. Invitamos a la alcaldesa a hacer una alianza y unirse a las agencias del gobierno central. De esta manera, quedan descartadas las agendas políticas y no se desinforma a la ciudadanía”, sentenció Rosario Cortés.
El director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Abner Gómez, recordó a la alcaldesa de San Juan que “la declaración de desastre no es una determinación del gobierno de Puerto Rico, sino del presidente de los Estados Unidos con los informes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
El director de la Aemead indicó que no fue hasta las 7:22 de la noche del lunes que el municipio de San Juan sometió por correo electrónico un informe con los elementos necesarios para solicitar una declaración de emergencia a la FEMA.
“Ahora, corresponde que Aemead y FEMA revisen ese informe. Ese proceso es el que se ha realizado para los 12 municipios declarados como zona de desastre y lo haremos con San Juan y los demás, según aplique”, sostuvo Gómez. INS
P. Rico-Comité especial de la JSF contrata a un investigador independiente para llevar a cabo un análisis de prácticas pasadas de emisión de deuda
San Juan, 14 sep (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció ayer que el comité de investigación especial del organismo ha contratado a la firma Kobre &
Kim como investigador independiente para llevar a cabo un análisis de la deuda de Puerto Rico y su relación con la crisis fiscal actual.
El comité especial está llevando a cabo esta investigación partiendo de la autoridad que el Congreso y el presidente de Estados Unidos le confieren a la JSF bajo la Ley Promesa.
El comité especial emitió una solicitud de propuestas en agosto, ya que considera esta investigación una parte integral de la misión de la Junta de restablecer “el balance fiscal y la oportunidad económica, además de propiciar el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital”.
La investigación incluirá un análisis de la crisis fiscal y los factores que contribuyeron a esta situación, junto con un examen de la deuda de Puerto Rico y su emisión, incluyendo prácticas de divulgación y venta.
El comité especial hará pública las conclusiones de su investigación. INS
P. Rico-Se integra el gobernador a los trabajos en Washington del Frente por Puerto Rico
San Juan, 14 sep (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares viajó ayer en la tarde a Washington para unirse a las reuniones de trabajo del Frente por Puerto Rico y para informar al Congreso y la Casa Blanca sobre los esfuerzos de recuperación de la Isla tras el paso del huracán Irma.
Desde el martes, representantes del subcomité de trabajo de reforma contributiva llevan a cabo reuniones en la capital federal para lograr que Puerto Rico sea incluido en la reforma contributiva que discute el Congreso.
El Frente por Puerto Rico agrupa diversos sectores políticos, religiosos, sindicales, empresariales, cívicos y del tercer sector para abogar en la capital federal por la inclusión de la Isla en la consideración y los debates del Congreso y la Casa Blanca sobre salud, desarrollo económico y la reforma contributiva federal.
Asimismo, el primer ejecutivo informará los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico y las otras islas del Caribe, así como los trabajos de repatriación y desalojo de ciudadanos americanos y otros ciudadanos en varias islas caribeñas afectadas por el paso del fenómeno atmosférico.
El gobierno coordinó espacio para hasta 4,000 refugiados que pudieran llegar a la Isla en los próximos días.
El secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, fungirá de gobernador interino hasta el regreso del primer ejecutivo a la Isla. INS
P. Rico-AMPR y la AFT presentan moción en el Tribunal de Quiebras para intervenir en caso de recorte de jornada laboral sometido por la JSF contra el gobierno
San Juan, 14 sep (INS).- La local sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la American Federation of Teachers (AFT), unión internacional a la que está afiliada, se unieron a la lucha legal del gobierno contra la Junta de Supervisión Fiscal (JCF), que busca imponer una reducción de la jornada laboral.
El mes pasado la Junta demandó al gobernador ante el Tribunal de Quiebra federal por no implantar la reducción de jornada laboral a los maestros y al resto de los empleados públicos, ni la reducción de pensiones a los retirados del Sistema de Retiro para Maestros del gobierno central y la judicatura.
De acuerdo con la AMPR, “la imposición de austeridad a los maestros y a otros empleados públicos, los obliga a quedarse en la casa sin paga, negando a los niños y a las comunidades los servicios esenciales. Los recortes de pensiones crearían una situación de emergencia, en particular a los maestros, al reducirles el único ingreso que reciben porque no tienen seguro social”.
Es por eso, el martes la AMPR y la AFT presentaron una moción solicitando intervenir en la demanda.
“Tanto el magisterio, como el resto de los empleados públicos apoyamos la decisión del Gobernador de no imponer la reducción de jornada laboral, ni la reducción en las pensiones de los trabajadores del sector público. Si lo que la JCF propone se concretara sería nefasto porque traerá un empobrecimiento definitivo en muchos hogares puertorriqueños. Nadie en la Junta quiere hablar sobre el impacto devastador que esto tendrá en las escuelas y en las comunidades”, afirmó Aida Díaz, presidenta de la AMPR.
Díaz expresó que existen otras recomendaciones que se pueden considerar antes de tomar decisiones que puedan afectar directamente al trabajador público.
Entre estas, resaltó las sugeridas por la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
“Ellos plantean que el 93% de los economistas favorecen que se eliminen los subsidios e incentivos a empresas que no crean empleos, y el 78% favorece que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios de lujo, entre otras recomendaciones que entiendo son factibles en estos momentos”, puntualizó Diaz.
La AMPR tiene interés primordial en esta demanda porque su membresía se compone de maestros activos y retirados que no cuentan con un seguro social.
“Una reducción en sus pensiones y en el salario de los activos sería catastrófico”, opinó.
En tanto, Randi Weingarten, presidenta de la AFT, dijo que “el gobernador tiene razón al rechazar las demandas cínicas e irresponsables de la JSF, pues la crisis de la deuda de Puerto Rico no se puede resolver con el sufrimiento de las familias trabajadoras. La devastación del huracán Irma solo hace que la situación sea más urgente. Es por eso que estamos interviniendo en este pleito, para impedir que una junta no electa, con sede en Nueva York, se imponga sobre el Gobernador electo democráticamente. Podemos trabajar juntos para reconstruir la economía de Puerto Rico, pero solo si se respeta la voluntad de la gente, no de Wall Street”.
P. Rico-Middle States Commission on Higher Education concluye visita a la UPR y podría sacar de probatoria a ocho recintos
San Juan, 14 sep (INS).- La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresó ayer sentirse confiada en que la Middle States Commission on Higher Education (Msche) acogerá el informe del comité evaluador de esta agencia, que culminó hoy tras una serie de visitas y que rindió un informe oral preliminar conducente a levantar el estatus actual de probatoria de ocho recintos del sistema.
Los pronunciamientos de la agencia acreditadora, que colocaron en probatoria a Bayamón, Arecibo, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Utuado y Río Piedras, se dieron a raíz de los eventos de huelga decretados por los estudiantes y que interrumpieron la oferta académica del sistema universitario por casi dos meses.
Darrel Hillman, presidente interino de la UPR, indicó que el comité evaluador entendió que los ocho recintos que se encuentran en probatorio están en cumplimiento con los requisitos de afiliación tres y ocho, y el estándar tres.
El requisito de afiliación tres se refiere a que la institución esté operacional, con estudiantes cursando estudios conducentes a grados académicos.
El de afiliación ocho indica que la institución cuente con recursos financieros documentados, una base de financiación y planes de desarrollo financiero adecuados para sostener sus fines y programas académicos y asegurar su estabilidad financiera.
Mientras, el estándar tres se trata de que la institución tenga accesible los recursos humanos, financieros, técnicos y de instalaciones necesarias para lograr su misión y sus metas.
Las expresiones preliminares de los representantes de la agencia fue producto de la evaluación de los informes de monitoreo sometidos por la administración universitaria a la Msche el pasado 1 de septiembre, a raíz de los cuales la agencia realizó una visita de constatación esta semana.
Durante la evaluación, los representantes de la entidad acreditadora realizaron entrevistas a representantes de la administración, la comunidad académica y estudiantil y sostuvieron una reunión entre el comité evaluador, la administración universitaria y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“Por primera vez, un gobernador se reunió con los miembros de la agencia acreditadora y aseguró a estos su compromiso para que la UPR pueda enfrentar sus retos fiscales. Esto, junto al trabajo de la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Ilka Ríos, los rectores de las unidades académicas y de la junta de gobierno, ha sido medular para alcanzar esta meta”, agregó Hillman.
En aproximadamente dos semanas, el presidente del comité evaluador enviará un informe escrito al presidente interino de la UPR, con el fin de que pueda ser revisado por la administración universitaria.
Una vez revisado, el comité evaluador enviará el informe a la Msche.
La Msche se reunirá durante noviembre y determinará si retiran la probatoria a las ocho unidades de la UPR. La determinación se hará de forma individual para cada unidad académica. INS
P. Rico-DACO extiende congelación de precios de artículos de primera necesidad y de márgenes de ganancia en la venta de la gasolina
Culebra, 14 sep (INS).- El secretario de Asuntos del Consumidor, Michael Pierluisi Rojo, extendió ayer la orden de congelación de precios en los artículos de primera necesidad y de márgenes de ganancia en la venta de la gasolina.
La orden de extensión lee que “el pasado de septiembre de 2017 el secretario congeló -por el término de diez días– los precios de venta de los artículos de primera necesidad, como consecuencia del posible paso por Puerto Rico del huracán Irma. Al presente, Puerto Rico continúa en recuperación de los estragos ocasionados por el referido fenómeno atmosférico”.
Pierluisi hizo el anuncio desde la isla municipio de Culebra, donde, en compañía de funcionarios del DACO, recorrió comercios del área, asegurándose de que exista inventario suficiente de artículos de primera necesidad.
La orden de congelación de precios cubre agua, hielo, leche, leche para bebés, alimentos enlatados, plantas eléctricas de gasolina, diésel o de gas propano, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua, estufas portátiles, tanques y recipientes de almacenamiento de agua, tanques y recipientes de almacenamiento de combustible, baterías y linternas de todo tipo.
También abarca cualquier otro artículo o servicio que un consumidor pueda razonablemente necesitar para recuperarse de una situación de emergencia.
La orden que congela los márgenes de ganancia de gasolina incluye, además, diésel y gas licuado.
Ambas órdenes serán extendidas hasta el próximo 20 de septiembre y establecen penalidades por violaciones de hasta 10,000 dólares por violación. INS
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