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Ángel Rondón sonríe luego de escuchar la sentencia que lo libera de la prisión. / Inter News Service
Santo Domingo, 9 sep (INS).- El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón Rijo, presos desde el 8 de julio pasado por el escándalo de sobornos en el pago de 92 millones de dólares promovidos en el país por la empresa brasileña Odebrecht, fueron favorecidos ayer con una orden de libertad y al pago de una fianza millonaria.
Eran los únicos imputados que guardaban prisión de un grupo de 14 sometidos a la Justicia por la Procuraduría General de la República bajo cargos de aceptar coimas de la multinacional carioca a cambio de ser beneficiada con contratos de infraestructura pública.
Los demás acusados en libertad son Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Máximo D’Óleo, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Radhamés Segura, César Sánchez, Bernardo Antonio Castellano de Moya y Roberto Rodríguez.
Además de los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, y el diputado opositor Alfredo Pacheco, contra quienes se impartieron órdenes de arresto que no prosperaron debido a que gozan de inmunidad parlamentaria.
Todos fueron liberados en las mismas condiciones por los jueces de la Cámara Penal del alto tribunal colegiado tras conocer un recurso de apelación invocado por 10 de los 14 imputados.
En el caso de Víctor Díaz Rúa y Rondón Rijo, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dispuso la excarcelación al revisar una medida de coerción mediante la cual había ordenado en una audiencia anterior un año de prisión contra los imputados.
El magistrado Ortega Polanco impuso a Rondón una garantía económica de RD$70 millones (1,5 millón de dólares estadounidenses) y RD$50 millones (un millón 63 mil dólares) a Díaz Rúa. A ambos les habían impuesto prisión preventiva por nueve meses en la cárcel de Najayo, ubicada en la provincia San Cristóbal (sur).
La fianza les fue impuesta a ambos a través de una compañía aseguradora y también les fue colocado impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio Público.
Rondón, conocido como “El Hombre del Maletín”, es la persona que supuestamente habría repartido el soborno a funcionarios gubernamentales, a políticos y legisladores, según la acusación del Ministerio Público.
El dispositivo de la sentencia fue leído ayer pasada las 6:00 de la tarde, y previamente el abogado de Díaz Rúa había solicitado al juez Ortega Polanco que impusiera una medida menos gravosa en contra de su defendido, al tiempo de que se comprometió a ser garante de que el exministro de Obras Públicas asistirá al proceso cuando sea requerido.
De la misma forma, el abogado de Rondón, Antonio Delgado, dijo que su cliente cuenta con dos reconocidos garantes: José Ramón González Pérez y Manuel de Jesús Paniagua, quienes se comprometieron, a través de declaración jurada y con todas las consecuencias de Derecho, al cuidado del empresario.
En relación a la sentencia, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de “funesta” la decisión adoptada por el juez Ortega Polanco, quien fue designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la Instrucción Especial de este caso.
“Aunque respeto la disposición, es como una crónica de una muerte anunciada, debido a la insistencia para que la audiencia a tales fines fuera celebrada en forma solapada, primero el pasado miércoles, a pesar de que el Poder Judicial había suspendido las labores ese día y cuando la ciudadanía estaba atenta a que el país sería afectado por un huracán”, expresó.
El 6 de junio pasado, la Procuraduría General de la República ratificó ante el juez Francisco Ortega Polanco la solicitud de 18 meses de prisión como medida de coerción preventiva en contra de los implicados.
Se recuerda que el 20 de enero pasado, la compañía carioca se comprometió en un acuerdo a indemnizar al Estado dominicano con un monto de 184 millones de dólares, correspondiente al duplo de los 92 millones de dólares que la empresa admitió haber entregado en el país en soborno para conseguir contratos para la construcción de obras públicas entre los años 2001 y 2014. INS
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