P. Rico-Setenta organizaciones nacionales e internacionales lanzan campaña en la Isla “Aborto Libre, Seguro y Accesible”, con el fin de impedir la aprobación del proyecto del Senado 950

Unas 70 organizaciones nacionales e internacionales endosaron la campaña nacional “Aborto Libre, Seguro y Accesible”. Inter News Service

San Juan, 25 sep (INS).- Un grupo de 70 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil endosaron hoy el lanzamiento de la campaña nacional “Aborto Libre, Seguro y Accesible”, con el fin de impedir la aprobación del proyecto del Senado 950, que según las agrupaciones impondría limitaciones al acceso al aborto que afectarían más directamente a las mujeres pobres, jóvenes y que vivan fuera del área metropolitana.

En la antesala del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la Mesa de Trabajo pro Derecho al Aborto, compuesta por organizaciones con décadas trabajando por los derechos sexuales y reproductivos, con especialistas en derecho, medicina, sicología, servicios de apoyo y acompañamiento pre y post parto, anunciaron el lanzamiento de la campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible en Puerto Rico. Esta campaña surge en respuesta a la desinformación e imposiciones que han estado impulsando sectores religiosos fundamentalistas y la Legislatura para limitar los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y su salud tras la radicación del PS 950 y de la revisión del Código Civil”, informó Karla Ferrer Arévalo, educadora y portavoz.

Como parte de la campaña, se han creado materiales educativos, calendario de actividades y la convocatoria a más de 70 organizaciones nacionales e internacionales que se han unido en una carta abierta en contra de la aprobación de la medida, de la autoría de la senadora Nayda Venegas y bajo la evaluación de la Comisión de Asuntos Federales, Políticos y Económicos presidida por Thomas Rivera Schatz, “por representar un atentado directo al acceso al aborto en Puerto Rico”, dijo Ferrer Arévalo.

Esther Vicente, profesora de derecho e integrante de InterMujeres, comentó que “luego de un análisis del proyecto de ley, de la jurisprudencia en los Estados Unidos y Puerto Rico, de diversos instrumentos internacionales y de documentos estadísticos sobre la práctica del aborto en Puerto Rico, nos manifestamos en contra del proyecto en todas sus disposiciones. En Puerto Rico la práctica del aborto cumple con todos los estándares médicos y legales establecidos en el país y en los Estados Unidos. No existe ningún interés apremiante del estado para limitar el derecho a la intimidad de las mujeres con respecto a su decisión de interrumpir un embarazo no deseado. Así fue corroborada por los mismos memoriales explicativos presentados por las distintas agencias estatales y por las entidades profesionales y médicas que comparecimos durante las vistas públicas del proyecto”.

De igual manera, María Dolores Fernós, exprocuradora de las mujeres, indicó que “esta medida no adelanta para nada la protección de las mujeres. Detrás del título del proyecto –Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida- se esconde la intención de sectores fundamentalistas a irrumpir en el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, su salud, sus vidas. En este proyecto vemos las mismas medidas que grupos antiaborto han tratado de aprobar en Estados Unidos para limitar el acceso de las mujeres a terminar embarazos no deseados. No vemos en el proyecto 950 ninguna propuesta que proteja la salud de las mujeres, es todo lo contrario”.

En tanto, Yarí Vale, profesora de obstetricia y ginecología del Recinto de Ciencias Médicas y proveedora de servicios de terminaciones de embarazo, puntualizó que “la medida carece de fundamento científico, legal y, sobre todo, clínico. La senadora Venegas Brown y grupos que apoyan la medida, entre otras fallas, difunden datos falsos que son fácilmente validados si se consultaran fuentes fidedignas y confiables. Alegan que el proyecto requeriría a los médicos un consentimiento informado antes de practicar un aborto, cuando eso ya se requiere en el Reglamento 132 del Departamento de Salud. Lo que sí trae nuevo es requerirnos que ofrezcamos información falsa, sin base médica o no corroborada por la ciencia, sobre efectos secundarios no probados del aborto, para intimidar a esas mujeres en su decisión”.

Para Blanca Cuevas, directora ejecutiva de Profamilias, centro de servicios de salud sexual y reproductiva, la senadora Venegas Brown “ha expresado en múltiples ocasiones que no existen estadísticas ni datos sobre el aborto, a pesar de que el Departamento de Salud recopila los datos clínicos y demográficos que reporta cada una de las seis clínicas existentes en Puerto Rico. Por ejemplo, dichos datos del Departamento de Salud entre el 2010 y 2017 revelan que el 94% de las mujeres y personas gestantes que se practican abortos tienen 18 años o más, y no son en su mayoría menores de edad como afirman. El 97% de los abortos se realiza a las 12 semanas o menos, el 64% de las mujeres y personas gestantes que optan por terminar sus embarazos cuenta con niveles de escolaridad mayores de 4to año, y el 63% ha tenido 1 o más nacimientos vivos previos”.

Entre las organizaciones internacionales presentes en la conferencia estuvo el Instituto Guttmacher -con sede en Nueva York- y años de experiencia en investigación sobre el aborto en el mundo.

Los derechos alcanzados para la práctica del aborto en Puerto Rico salvan vidas cuando se practica en condiciones adecuadas y sin restricciones de acceso al aborto. Las mujeres y personas gestantes no cederán derechos a decidir sobre sus cuerpos y su salud se trata. Limitar o prohibir el derecho al aborto es retroceder, favorecer condiciones de clandestinidad y prácticas de riesgo, algo que no podemos permitir”, expresó Liza Fuentes, investigadora del Instituto.

Otra de las entidades presentes fue el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, que a través de su vicepresidenta Lydael Vega manifestó su oposición a la medida: “Este proyecto es uno carente de bases científica y demuestra la posición de miembros de la legislatura a beneficiar agendas de grupos conservadores que no promueven el acceso a los derechos por los que ya hemos luchado. Como profesionales del trabajo Social, nos oponemos al Proyecto del Senado 950, por entender que aumentará los riesgos a la salud y seguridad de las mujeres. Además, en un país donde en los últimos meses hemos experimentado el aumento en feminicidios, políticas como estas lo que promueven es el aumento en la disparidad existente entre géneros, vulnerabilizando aún más a la mujer”.

La campaña ha adoptado el uso de pañuelos verdes, símbolo reconocido internacionalmente para reclamar el derecho al aborto. Asimismo, cuenta con difusión en las redes sociales (Aborto Libre Puerto Rico en Facebook y @AbortoPR en Twitter) .

En la conferencia de prensa se convocó, para el 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana al “Sal Pa’fuera por Nuestro Derecho a Decidir”, que consiste en visibilizar desde donde se encuentren su apoyo al derecho al aborto libre, seguro y accesible vistiendo con un pañuelo verde, sacando alguna pancarta y subirla foto en las redes sociales usando los hashtags #NoAlPS950 y #AbortoLibreSeguroAccesible.INS

lp

Attachments