Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 20 sep (INS).- El Comité para la Reforma de la Ley de Expropiaciones Forzosas (CRE) y líderes comunitarios celebraron hoy el veto de bolsillo al proyecto del Senado 926 por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El proyecto fue aprobado durante julio por la Cámara y Senado, y de ser firmado como ley hubiese ampliado drásticamente los poderes de la Administración de Terrenos para expropiar con el fin de crear proyectos de desarrollo privado, señaló Edwin Ortíz, miembro del CRE y residente de Las Curías.
“En una decisión muy acertada, el gobernador de Puerto Rico procede a vetar el proyecto 926 en defensa de las comunidades más vulnerables de Puerto Rico” indicó.
Actualmente, los municipios no pueden expropiar dentro de Comunidades Especiales a menos que realicen un proceso de consulta a la comunidad afectada.
Este ha sido el único mecanismo que ha protegido ciertas comunidades, como Vietnam en Guaynabo, contra de las expropiaciones.
Sin embargo, bajo el proyecto, un municipio hubiese podido entrar en un convenio con la Administración para que éste último realice la expropiación sin necesidad de cumplir con el requisito de participación ciudadana.
El proyecto, según argumenta el CRE y sus opositores, hubiese convertido la Administración en un “broker” para desarrolladores privados, con aún más facultad de expropiar y desplazar para proyectos con poco o ningún fin público.
La medida fue sometida por Miguel Romero, por petición de parte del liderato de la Administración de Terrenos.
Grupos comunitarios se movilizaron y se reunieron por largas horas con legisladores y abogados de la Administración para detener el proyecto.
Sin embargo, bajó por descarga y sin vistas públicas.
Líderes comunitarios buscaron sin éxito insertar enmiendas para proteger comunidades.
Un grupo de 25 líderes comunitarios representando comunidades de San Juan (Hill Brothers, Santurce, el G-8 del Caño Martín Peña, Cupey, Cantera, La Perla), Carolina, Aguas Buenas y Arecibo firmaron una carta dirigida al gobernador el pasado 16 de agosto de 2018 pidiendo que no firmara la medida.
“Este veto ejemplifica que el pueblo se cansó del abuso y que defiende sus derechos, no importa el partido que esté en el poder”, indicó Lucy Cruz, presidenta del G-8 del Caño Martín Peña.
Agregó que “todavía no nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que seguir luchando por todas las comunidades de Puerto Rico.”
El CRE exige una reforma de la Ley de Expropiaciones con el fin de hacerla más participativa, justa y transparente.
MaryAnne Hopgood, presidenta de Santurce No Se Vende, opinó que “esto permite que se abra una discusión honesta y participativa para enmendar la ley de expropiación forzosa para garantizar el derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental para el desarrollo humano. Esperamos escuchen el reclamo de las comunidades en tener participación activa en su desarrollo”.INS
lp