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San Juan, 11 sep (INS).- La Contraloría detectó irregularidades en las operaciones fiscales del municipio de Dorado, entre ellas la autorización de 126 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por 4.3 millones sin las certificaciones de sobrantes
El informe revela, sobre el asunto, que el director de Finanzas no preparó las certificaciones sobre los balances y sobrantes disponibles.
Una deficiencia similar se había comentado en el informe de auditoría M-15-05 del 4 de septiembre de 2014.
Además, contrario a la Ley 81 de 1991 de Municipios Autónomos, el alcalde aprobó transferencias de crédito sin asegurarse de remitirlos a la aprobación de la Legislatura Municipal.
La auditoría de seis hallazgos señala que el municipio se vio obligado a pagar 10,839 dólares en recargos por sobregiros de hasta 1.4 millones en las cuentas bancarias y cheques pagados sin fondos. Una situación similar se había identificado en el informe M-15-05 de 2014.
El municipio también tuvo que pagar una multa a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) por no remitir el manifiesto de la disposición de los desperdicios sólidos no peligrosos.
Igualmente, contrario a la ley y reglamentación vigente, el municipio de Dorado registró y remitió a la Oficina del Contralor de Puerto Rico sólo 266 de los 3,375 contratos otorgados y 439 enmiendas de las 1,969 otorgadas, con atrasos de hasta año y medio.
El monto total de los contratos formalizados de 2013 a 2016 ascendió a 191 millones.
“Nuestros auditores detectaron deficiencias en las facturas y en los comprobantes de desembolso como la falta de información sobre los servicios y trabajos realizados conforme a lo contratado. Además, la recaudadora oficial no firmó 66 informes de cierre por 1.1 millón y se cancelaron 90 recibos de recaudaciones sin registrar la firma ni indicar las razones para la cancelación”, señala el documento.
El informe comenta que Dorado tuvo que pagar 47,150 dólares en honorarios a los abogados de una organización religiosa por orden del Tribunal, al incumplir una sentencia sobre el acceso de esta organización a las urbanizaciones del municipio.
Además, al 31 de diciembre de 2016, el municipio tenía pendiente de resolución en el tribunal 15 demandas civiles por 8.2 millones, tres demandas por interdicto preliminar y cinco casos de empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).
La auditoría cubre el período del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2017.INS
lp