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San Juan, 4 sep (INS).- El Exdefensor de las Personas con Impedimentos, Frank Pérez Concepción, urgió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a que destituya a los miembros del consejo directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), agencia gubernamental llamada a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el país.
Según Pérez Concepción, se debe tomar la medida antes de que resulte en la pérdida de 1,955,908 dólares en fondos federales.
El exfuncionario, quien conoce de primera mano las necesidades de la población por haber fungido como director regional en el área noroeste de la antes llamada OPP y por luego pasar a ser el Defensor de las Personas con Impedimentos, teme que se pierdan los fondos federales que sustentan gran parte de la agencia, afectando los servicios que se le brindan a la población a quien representa.
El exdefensor de las Personas con Impedimentos denunció múltiples irregularidades administrativas en la agencia en una primera carta dirigida al gobernador en 2016.
Luego, alertó en audiencias públicas en la Cámara de Representantes que todos los nombramientos del consejo directivo están pasados de término, desde mayo 2016.
“El no tomar acción inmediata provocaría que la Defensoría de las Personas con Impedimentos pierda unos 1,955,908 dólares en fondos federales. ¿Cómo es posible que los concejales cuyos nombramientos eran hasta el 2016, todavía estén tomando decisiones que afectan a la población y cobran dietas de fondos federales? Se trata de un consejo que está constituido ilegalmente, eso es deshonesto y peligroso”, cuestionó.
Pérez Concepción hizo hincapié en que la Defensoría estará siendo auditada por el gobierno federal el próximo 17 de septiembre.
Según dijo, la auditoría provocará que, de no tomar acción, Puerto Rico pierda los fondos federales con los que la agencia ha contado en los pasados años.INS
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