Inter News Service Agencia de Noticias
Santo Domingo, 7 ago (INS).- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, rechazó aplazar el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio seguido en contra de los siete implicados en el caso de sobornos Odebrecht.
El magistrado tomó la decisión al desestimar un pedido de reenvío planteado en esos términos por la defensa del exministro Víctor Díaz Rúa.
Los abogados del encartado, Miguel Valerio y Ramón Núñez, habían pedido aplazar la audiencia a los fines de que se le diera un plazo de seis días para interponer un recurso de oposición contra una resolución del tribunal que fijaba para hoy la discusión de incidentes planteados por los varios de los implicados en el escandaloso caso de corrupción.
Empero, la defensa de Díaz Rúa interpuso un recurso de oposición a la decisión del tribunal que rechaza aplazar la audiencia. En los últimos meses, la defensa de los acusados han desarrollado estrategias para impedir que sus clientes sean procesados en un juicio de fondo o que se desestimen las acusaciones.
El magistrado Ortega Polanco reanudó esta tarde, tras un receso de varias horas, el juicio de fondo seguido al empresario Ángel Rondón, Andrés Bautista, Jesús Vásquez Martínez, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.
Se recuerda que el Ministerio Público les atribuye al grupo incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos. Están acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares de Odebrechet para adquirir contratos estatales privilegiados.
En torno al caso, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, ha reiterado que tienen pruebas contra los siete procesados por sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Destacó que en ese proceso fueron entrevistadas más de 400 personas y compañías. Además ha expresado que se encuentra a la espera de que la Cámara de Cuentas le rinda un informe sobre las supuestas sobrevaluaciones de las obras construidas por la multinacional carioca.
Fue la propia empresa brasileña que informó haber distribuido 92 millones de dólares en la República Dominicana entre los años 2001 y 2014, para conseguir la adjudicación de contratos. INS
mv/lp