P. Rico-Comisión para Auditoría Ciudadana de la Deuda expresa preocupación sobre acceso a la información en investigación de la JSF

San Juan, 25 jul (INS).- La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público expresó preocupación ante el procedimiento de acceso a información sobre la investigación de la deuda realizada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que es tema hoy en la vista judicial dentro del procedimiento de quiebra del gobierno de Puerto Rico.

“Mientras al pueblo de Puerto Rico se le dice que tiene que pagar esta deuda, el pueblo es quien menos acceso tiene a los datos y la información relacionada con ésta. Ahora, con el anuncio de la presentación del informe sobre la investigación realizada por la Junta de Control Fiscal y la firma Kobre & Kim, se nos dice que será muy limitado el acceso a la información y a los documentos recopilados. Ni siquiera hay garantía de que el pueblo tenga acceso al informe si la Junta no lo aprueba. Es lamentable que la Junta no sólo se niegue a hacer una auditoría, sino que insista en hacer imposible el acceso a la información sobre ésta”, acusó Roberto Pagán Rodríguez, líder sindical y presidente de la Comisión.

Pagán Rodríguez puntualizó que la Comisión ha cursado varios requerimientos de información al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), pero el gobierno se ha negado a proveer toda la información solicitada.

Según el portavoz, la investigación realizada por la firma Kobre y Kim, surge ante el pedido del Comité de Acreedores No Garantizados de realizar una investigación sobre la responsabilidad de los bancos en la deuda de Puerto Rico.

El vocero indicó que tanto el gobierno como la JSF, junto a las instituciones bancarias relacionadas, se han opuesto a que grupos de acreedores puedan hacer su propia investigación.

A su vez, consignó que la firma Kobre & Kim fue contratada por la Junta para realizar una investigación sobre la deuda.

“Como parte de la misma, la firma entrevistó a cientos de personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico, y recopiló miles de documentos, particularmente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de la banca. La información del BGF incluye memorandos, comunicaciones electrónicas y documentos que anteriormente han sido identificados como importantes, puesto que arrojan dudas sobre la legalidad de distintas emisiones a lo largo de su existencia”, dijo Pagán Rodríguez.

Sin embargo, aclaró que “Kobre & Kim ahora anuncia que ha firmado acuerdos de no divulgación con las instituciones investigadas y que los documentos e información recopilada tampoco estarán disponibles para revisión por el pueblo de Puerto Rico si no es bajo la autorización de la Junta”.

Mientras, Luis José Torres Asencio, también integrante de la Comisión y profesor de derecho constitucional, comentó que “ningún reclamo de confidencialidad puede prevalecer sobre el interés del pueblo en acceder a la información sobre la acumulación de toda esta deuda por más de cuatro décadas. Mientras la deuda es utilizada como pretexto para despedir empleados y eliminar derechos adquiridos, para reducir o eliminar servicios gubernamentales, y para privatizar agencias y vender terrenos de alto valor ecológico o agrícola, se le niega al pueblo su derecho a examinar toda la información sobre la misma”.

Añadió que “el derecho del pueblo a tener acceso a esta información es indispensable para que puedan examinarse sus causas, pueda determinarse si es legítima y constitucional, y pueda solicitarse la rendición de cuentas a sus responsables, sean estos federales, nacionales, o del sector financiero”.

Igualmente, se mostró preocupado “que se pretenda que el derecho de la ciudadanía a acceder a toda esta información pública se ventile como parte del proceso judicial bajo Promesa, lo que parece sugerir que sólo las partes en ese procedimiento tienen algún derecho a examinar la misma. En tiempos en que los bonistas, el gobierno y la Junta negocian a puertas cerradas con miras a llegar a acuerdos de restructuración de la deuda, el pueblo tiene que tener acceso privilegiado a toda su información, máxime cuando dentro del proceso judicial que se está llevando, el tribunal no se ha mostrado dispuesto a examinar planteamientos sobre la legalidad de la deuda”. Para el vocero, “sería particularmente perverso que el tribunal accediera a restringir de forma alguna el acceso a esta información sólo porque los bonistas, la Junta y el gobierno, precisamente los responsables de la deuda, están en miras de llegar a acuerdos sobre la deuda”.

La Comisión es una corporación sin fines de lucro recién creada, que tiene como misión realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico.

La entidad de naturaleza estrictamente ciudadana, dará continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 de 2015, que fue eliminada en el 2017.INS
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