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San Juan, 19 jul (INS).- La demanda que sometió el centro de salud primaria Med Centro contra el gobierno de EEUU por discriminacón en la asignación de fondos de salud tendrá un nuevo capítulo el 2 de agosto.
Ese día, el juez Gustavo Gelpí trasladará el Tribunal Federal a Ponce, para la celebración de la primera vista del caso.
Durante la vista, Med Centro, representado por los licenciados Ignacio Fernández Lahongrais y José Oswaldo Coll, presentará los argumentos para sustentar su oposición a la moción de desestimación que presentó el gobierno Federal en este caso.
La demanda, sometida por Med Centro y varios beneficiarios de Medicaid, alega que Puerto Rico es “de facto” un territorio incorporado al que el gobierno de EEUU trata de forma discriminatoria al otorgarle menos fondos de los programas de salud Medicaid, Medicare y CHIP, aunque le impone las mismas responsabilidades y deberes cual si fuera un estado.
“Puerto Rico está obligado a cumplir con todos los requisitos de Medicaid, igual que cualquier estado de la nación. Sin embargo, para efectos de asignación de fondos, Puerto Rico es tratado con disparidad y discriminatoriamente en la asignación de fondos de ese programa, recibiendo así una ínfima parte en comparación a lo que reciben los ciudadanos en los estados”, dijo Allan Cintrón Salichs, director ejecutivo de Med Centro.
El reclamo de Med Centro está fundamentado en la Cláusula de Igual Protección de las Leyes de la Constitución de Estados Unidos.
“Nuestro argumento se basa en que el trato discriminatorio que recibe Puerto Rico en la asignación de fondos federales Medicaid, Medicare y del Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) para el cuidado de la salud de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, viola los derechos de estos ciudadanos bajo la Cláusula de Igual Protección de la Quinta Enmienda en la Constitución de los Estados Unidos”, sostuvo el director ejecutivo de Med Centro.
Agregó que “este reclamo que hacemos es por todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Hay un interés de la Comisionada Residente en Washington Jenniffer González de que se resuelva en favor de todos los puertorriqueños y nos alegra su determinación de unirse como amiga de la corte. Además, el Gobierno de Puerto Rico figura como codemandante. Dada la evolución en la jurisprudencia estamos seguros en que vamos a prevalecer y que nuestro reclamo cambiará la fórmula que se utiliza a la hora de asignar fondos en el área de la salud, lo que a su vez permitirá que los ciudadanos puedan acceder a mejores servicios que redunden en una mejor calidad de vida”.INS
lp