Inter News Service Agencia de Noticias
Dirigentes sindicales del sector público acusaron al gobierno central de interferir con una campaña en la afiliación de los trabajadores, a raíz de la decisión emitida en el caso Janus por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. /Inter News Service
San Juan, 16 jul (INS).- Cinco organizaciones obreras exigieron hoy al gobierno central que detenga su “campaña antisindical” en las agencias públicas, que impone medidas que “violan el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar sus condiciones de trabajo y salarios”.
Frente a esta situación, los gremios recurrieron el pasado viernes al Tribunal de Primera Instancia en San Juan con un interdicto provisional y permanente para que se ordene al gobierno de Puerto Rico, en particular la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, detener su “intromisión indebida” con la campaña de desafiliación que realiza.
Los abogados de los sindicatos –Yarlene Jiménez Rosado, Genoveva Valentín Soto, Mariana G. Iriarte, Manuel Rodríguez Banchs, Edwin Rivera Cintrón y Arturo Escribano Ríos– entienden que el gobierno incurre con su proceder en “la violación sustancial de derechos constitucionales”, por lo que solicitan que se detenga la distribución de materiales contrario a la sindicación, so pena de desacato civil o criminal.
Rodríguez Banchs informó a la agencia Inter News Service (INS) que hay una audiencia pautada para este próximo jueves, a las 3:30 de la tarde, en la sala de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
Dirigentes de Servidores Públicos Unidos (SPU), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Federación Central de Trabajadores (FCT) y la Unión del Personal Profesional, Administrativo, Secretarial y de Oficina del Departamento de Educación (PASO, SPT/SPU), alertaron sobre la “avalancha de órdenes de supervisores dirigidas a debilitar su organización y liquidar el derecho a la negociación colectiva”.
Las uniones acusaron, en rueda de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que las medidas que pretende imponer el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, “en la práctica usurpan los poderes legislativos al enmendar y cancelar leyes y procedimientos que protegen a los empleados públicos”.
Los dirigentes sindicales consignaron que tomando como excusa la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus v Afscme, que prohíbe el cobro de cargos por servicios a empleados públicos desafiliados de la unión, los secretarios del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez, y de Justicia, Wanda Vázquez Garced, “emitieron un memorando que cancela la pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de reafiliación”.
A raíz del memorando, impugnado en el tribunal por los gremios, han circulado decenas de órdenes por parte de supervisores en las agencias del gobierno central que superan las incongruencias e ilegalidades ordenadas por La Fortaleza, señalaron los dirigentes sindicales, entre los que se hallaban Roberto Pagán, Nilsa Gómez, Karen de León, Gerson Guzmán, Alberto Reyes y Juan Cortés Valle.
El liderazgo obrero aclaró que la desafiliación masiva impuesta por el gobierno le arrebataría a los trabajadores afectados los derechos y beneficios negociados en los convenios colectivos, como son la aportación patronal al plan médico, los recursos de quejas y agravios y otros derechos consignados en los convenios.
La unión es la única línea de defensa de los trabajadores que le pone un freno al Estado para que no pueda imponer a su antojo sus planes de despidos masivos, movilidad, traslados, eliminación de derechos y beneficios, privatización y mantener el padrinazgo”, expresó Nilsa Gómez, secretaria de Actas de SPU de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, en representación de su presidenta Annette González.
Expuso que, por esta razón, el gobierno está utilizando el caso Janus, para crear un nuevo estado de derecho laboral ilegal y unilateral para debilitar la fuerza de los trabajadores organizados”.
Para el presidente de la UGT, Gerson Guzmán López, el interdicto presentado se hace pertinente “ante la ofensiva asumida por el Ejecutivo, intentando imponer su tergiversada visión de la sentencia del caso Janus, con la cual pretenden arrebatarle a los trabajadores su fundamental herramienta de lucha”.
Pagán, presidente del SPT, declaró que la administración de Rosselló Nevares, “una vez más, pretende legislar desde La Fortaleza enmendando leyes y reglamentos de manera arbitraria”.
“Tienen la misma intención que con la derogación de la Ley 80 (de despido injustificado) que es quitar derechos y empobrecer más a las familias trabajadoras”, remató Pagán.
El secretario tesorero de la FCT, local 481 UFCW, Juan Cortés Valle, declaró que el memorando de Justicia y del Trabajo “constituye una acción antidemocrática, un burdo intento por acallar la voz social que representan las uniones para silenciar cualquier disidencia”.
“Están malinterpretando y exagerando la decisión judicial para su propio beneficio”, insistió Cortés Valle. INS
lp/ndc
