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San Juan, 11 jul (INS).- Vilma González, portavoz de la Coordinadora Paz para las Mujeres, coalición contra la violencia doméstica y la agresión sexual en Puerto Rico, calificó hoy de “crisis nacional” el alza de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, las agresiones y los asesinatos por violencia doméstica reportados en el país, que ya suman 12 en lo que va del año.
Ante la situación, la organización, junto a múltiples organizaciones aliadas, declararon una “crisis nacional por las mujeres”.
Según González, “la precaria situación que están enfrentando las mujeres en Puerto Rico, especialmente por la crisis económica, las reformas laborales y el mal manejo gubernamental ante las secuelas de Huracán María, es alarmante”.
Añadió que “las políticas fiscales adoptadas por la Junta de Control Fiscal y el estado han tenido un impacto particular sobre ellas como trabajadoras, como consumidoras y como responsables primarias de velar por la salud y estabilidad de menores y personas de mayor edad. Peor aún, las cifras de violencia doméstica y las agresiones sexuales han escalado dramáticamente”.
Para la vocera, “esto, junto al alto número de casos denunciados por hostigamiento sexual en el ámbito laboral, especialmente en escenarios gubernamentales de altas esferas, hacen de la violencia de género en el país un asunto que requiere atención y acción prioritaria”.
“La situación se ha tornado en una crisis nacional para las mujeres ante el hecho de que el gobierno no está asumiendo sus responsabilidades como corresponde, lo que representa la violación de sus derechos humanos en múltiples áreas. Un ejemplo lo constituye la reducción de fondos a las organizaciones sin fines de lucro cuya principal bandera es la defensa de los derechos de las mujeres y que han asumido el apoyo a ellas y sus hijas e hijos, mediante la prestación de servicios”, comentó.
De igual forma, expuso que “los procedimientos burocráticos extremos ante agencias gubernamentales constituyen un reto cada vez más difícil de superar para la aprobación e implantación de sus propuestas. Esto limita el desarrollo de los diferentes programas y la continuidad en la prestación de los servicios para las víctimas y sobrevivientes. Además, el cierre de Tribunales y de proyectos especializados en violencia dificulta que tengan un acceso real a la justicia”.
La Coordinadora y las organizaciones aliadas explicaron que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de falta de equidad de género y que no existe un plan gubernamental integral y coordinado para atender el problema.
“La reciente controversia surgida en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el Departamento de Justicia y el caso de hostigamiento en la Compañía de Turismo así lo demuestran. Las políticas públicas, los protocolos, las propias disposiciones legales son obviadas y el mensaje negativo que están recibiendo las sobrevivientes de la violencia de género en sus diversas manifestaciones les provoca confusión y desaliento, cuando deberían sentirse motivadas y respaldadas para denunciar el discrimen y la falta de equidad”, manifestó González.
Denunció que existe un “peligro inminente para la seguridad de las mujeres, de sus hijas e hijos” y que es “urgente” articular y poner en acción una política pública de equidad de género.
La psicóloga social, Mercedes Rodríguez López, quien por más de cuatro décadas ha dado apoyo a las sobrevivientes de violencia, hizo un llamado para que con urgencia se atienda la necesidad de más servicios y recursos para las víctimas secundarias, las hijas e hijos y otros familiares.
“Hacemos una exhortación para que ante la sospecha o conocimiento de que personas conocidas sufren el problema, busquen ayuda de inmediato. Si nos educamos sobre la violencia y sus manifestaciones podemos servir de apoyo. No debemos juzgar sino ayudar a esa persona a tomar decisiones asertivas para que salve su vida”, declaró la profesional.
Ante la tensión y fragilidad que vive el país por la devastación que causó el huracán María, la directora Ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario, también hizo un llamado al gobierno para que actúe con diligencia, y desarrolle protocolos dirigidos al manejo de desastres, que atiendan las necesidades de las mujeres y garanticen su salud y seguridad.
La Coordinadora Paz para las Mujeres, las 34 organizaciones que la integran y los grupos aliados indicaron que continuarán una campaña asertiva de educación y orientación por todos los medios a su alcance.
“Instamos a la comunidad a unirse y crear medidas protectoras. Se exhorta a los familiares y a las víctimas o sobrevivientes de cualquiera de las manifestaciones de violencia de género, ya sea de hostigamiento sexual, violencia doméstica o de agresión sexual, a que llamen a las líneas de emergencia y busquen orientación o apoyo”, sostuvo la vocera.
Agregó que “basta ya de atropellos contra las mujeres y contra quienes les apoyamos a salir del abuso vivido y tener una vida digna. El gobierno tiene que tomar acción real, detener la impunidad y dejar de penalizar a quienes se atreven a denunciar en busca de hacer justicia. La inacción y la reducción de fondos que afectan la prestación de servicios es un acto de violencia institucional hacia nosotras”.INS
lp