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San Juan, 5 jul (INS).- El gobierno, tal como lo anunció en la mañana de hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, presentó esta tarde una demanda en contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El recurso, sometido en el Tribunal de EEUU del Distrito de Puerto Rico, busca que sea el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa el que se ejecute para el próximo año fiscal.
El interdicto y sentencia declaratoria presentado por el gobierno pretende establecer que lo que dicta la JSF son recomendaciones y, por tanto, no tiene facultad para imponer política pública.
Frente a la demanda, la JSF indicó en la mañana de hoy que defenderá “enérgicamente” el presupuesto aprobado y certificado para el gobierno de Puerto Rico del año fiscal 2019.
La Junta adelantó que se “defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del presupuesto y el plan fiscal”.
El presupuesto aprobado por la JSF es de 8,709 millones de dólares, con recortes de 345 millones, que según el organismo se deben a que la legislatura no derogó la Ley 80, la que, de haber sido eliminada, hubiera permitido, tras un acuerdo con el gobierno, mantener el bono de Navidad, fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y dineros para los municipios.
Al no derogarse la Ley 80, la JSF certificó su presupuesto, mientras que el de la legislatura fue firmado por el gobernador, quien buscaba la derogación de la normativa.
Rosselló Nevares ha asegurado sobre el asunto que su firma del presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, es un “acto simbólico” y dejó entrever que será el de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el que se ejecutará.
“Si hay algo que tiene (la ley) Promesa es el poder en particular que tiene la JSF sobre el presupuesto. Hay mucho en juego, hay mucho que está en riesgo, particularmente para las personas más vulnerables. Es imperativo que se tome una acción acertada”, dijo ayer.INS
lp