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San Juan, 24 abr (INS).- Un grupo de ciudadanos, organizaciones cívicas y sindicales presentaron una demanda en el tribunal federal en la que impugnan la constitucionalidad de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (JSAF) y la Ley Promesa que la impuso a Puerto Rico.
Los demandantes piden al tribunal federal de distrito en Puerto Rico que declare “ilegal, nula e inconstitucional” la imposición de la JSAF a Puerto Rico porque viola la Declaración de Independencia y la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; así como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Ciudadanos, jubilados, bonistas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales y de maestros forman el grupo de demandantes, convencidos de que la actuación del Congreso es injusta, anacrónica y contraproducente a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, manifestaron en una rueda de prensa.
La demanda, presentada este lunes, está encabezada por el abogado René Pinto Lugo y los representan los abogados Roberto Maldonado Nieves y Reynaldo Pérez.
“El grupo coincide en que los poderes conferidos a la Junta despojan al Pueblo Puerto Rico de unos derechos humanos y civiles y de la oportunidad de gobernarse dentro del marco de una sociedad democrática. La ley Promesa inhabilita el gobierno propio de Puerto Rico y constituye una imposición sobre su estructura social, política y económica”, expresó Maldonado.
Por ser Promesa una ley del Congreso, puede ser cuestionada ante los tribunales federales y allí disputar su legalidad y constitucionalidad, argumentaron.
Entre las alegaciones de la demanda plantean que al imponer la JSAF a Puerto Rico bajo los poderes de Promesa, el Congreso y la Junta privaron al pueblo puertorriqueño y los demandantes de su derecho a la auto determinación y otros derechos bajo los mencionados decretos.
Promesa se basa en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución, pero Estados Unidos renunció a ejercer autoridad colonial sobre Puerto Rico y a adoptar reglamentos sobre la Isla basados en dicha cláusula constitucional al unirse a la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y los otros tratados. Por lo tanto, la demanda argumenta que “la creación de JSAF y su imposición sobre Puerto Rico por el Congreso es nula e inválida y conforme a ello debe ser declarada inconstitucional, tal como cualquiera y todos los actos de la JSAF, y los procedimientos bajo Promesa deben detenerse”.
Sostienen que la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho universal de los pueblos a su auto determinación y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
Para aquellos países miembros con responsabilidad de administrar territorios que no han logrado auto gobierno, reconoce el principio y obligación de proveer el bienestar de sus habitantes y ayudar en el desarrollo de su auto gobierno conforme las aspiraciones de sus pueblos.
La demanda también solicita que se remueva a los miembros de la JSAF José Ramón González y Carlos García debido a sus conflictos de interés; que deje sin efecto todos los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico hasta tanto se haga una auditoría forense independiente.
También solicita que se prohíba al gobierno de Puerto Rico disponer de la totalidad o parte de la Autoridad de Energía Eléctrica; e incluya al Gobierno de Estados Unidos como parte de esta demanda para que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales por la deuda pública de Puerto Rico.
Los demandantes exponen que son representativos de los residentes de Puerto Rico y entidades afectadas directamente por la ley Promesa, especialmente tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, “y la manera en que el Gobierno de Puerto Rico mal manejó la crisis socioeconómica y de salud que surgió después”.
La demanda está dirigida contra el gobierno de Estados Unidos, la Junta y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su capacidad oficial.
En cuanto a los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico, solicita que la auditoría forense independiente determine cuáles personas o entidades fueron responsables de la venta ilegal de bonos para que respondan por dicha responsabilidad.
Asímismo, pide se reconozca el derecho de los demandantes y el pueblo a participar en las decisiones de conservar, administrar y disponer de la Autoridad de Energía Eléctrica, que considera un servicio esencial y un recurso natural más importante, aparte del recurso agua.
La petición para incluir al gobierno de Estados Unidos en este caso busca que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales de la deuda pública de Puerto Rico y por la ilegalidad e inconstitucionalidad de la imposición de la Junta sobre los demandantes, Puerto Rico y sus residentes.
El caso tiene el epígrafe: “RENÉ PINTO LUGO, et al, vs. The government of the United States of America, (USA); Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the FOMB); and Ricardo Rosselló Nevares in his official capacity”.
Los demandantes son: René Pinto Lugo, Movimiento de Concentración Ciudadana Inc. (VAMOS), Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (UEOGAEP), Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (UITICE), Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Puertos (UEOCRA), Unión de Empleados del Banco de la Vivienda (UEBV), Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI), Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE). INS
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